La reclamación presentada por el ciudadano que cayó de espaldas por una presunta mala práctica de un operario de ambulancias de Transalud Aragón -le ocasionó la rotura de una costilla además de contusiones múltiples-, ha dormido el sueño de los justos durante más de veinte días y ahora tendrá que reformularla ante el Servicio Provincial después de un rosario de llamadas y respuestas insatisfactorias.
Su conexión, por sugerencia del Hospital San Jorge, con Atención al Paciente en el Servicio Provincial de Sanidad requirió de más de quince llamadas hasta que la persona encargada le espetó que "no hay presentada ninguna reclamación", a pesar de que tiene el registro de entrada del 17 de marzo. La solución ofrecida, que llame al Centro de Salud del Perpetuo Socorro, donde formuló la queja. Y otra sugerencia: "Lo que usted tiene que hacer es una reclamación de responsabilidad patrimonial" en el que exponer lo ocurrido. Solicitud de un mail explicativo y, ante la petición, el teléfono quedaba colgado, expone el ciudadano.
Puesto en contacto con el centro de salud aludido, una profesional le dice que la reclamación está pendiente.
LA QUEJA
La Hoja de Quejas de los Servicios Sanitarios de Aragón escrita por F.L.L. el 17 de marzo indica que "el día 14/03 fui dado de alta tras una Reartrosdesis de L1 a S1 y realizada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Al trasladarme a mi domicilio de recuperación fui descargado en una silla de ruedas portátil de la ambulancia a la Plataforma de Acceso del Patio de Entrada, que el propio técnico calificó como 'de juguete'. Una vez en la silla, me metieron solo en la Plataforma y el técnico subió andando para llamarla desde arriba. Al recepcionarme, agarró por delante los reposabrazos y estiró hacia delante y el pequeño desnivel entre la plataforma y el rellano, las ruedas delanteras se levantaron demasiado y caí de golpe a plomo hacia atrás, propinándome un golpe".
Tras una noche de dolores extremos en el domicilio familiar, fue a Urgencias de San Jorge donde comprobaron que el accidente le ocasionó la rotura de una costilla y convulsiones varias por todo el cuerpo. Allí recibió la sugerencia de los responsables del servicio de presentar una reclamación por los daños ocasionados por el manejo erróneo de la silla de ruedas. Así lo hizo el mismo lunes en el Centro de Salud.
De la reclamación, lógicamente registrada, pidió explicaciones al no haber recibido comunicación alguna el propio afectado este lunes. Recuerda que "somos enfermos, en algunos casos importantes. Estamos física y moralmente tocados y, cuando lo llamas, parece que hablan de lavadoras en vez de con personas. Y, lo que es peor, transmiten que les da igual el problema que puedas tener y también la desmoralización".
Pasadas horas desde la petición de información, a las 14 horas del lunes recibía una comunicación firmada por el director provincial de Sanidad, Antonio Comps Encuentra, con la referencia ACE/maf y el asunto "Información inicio Responsabilidad Patrimonial", en la que señala que puede presentar esta reclamación solicitando "indemnización del caño causado" que deberá contener, según explciita la Lye 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públcias, su identidad, la conexión por correo electrónico, los hechos, razones y petición en que se concrete "con toda claridad" la solicitud, la firma del solicitante y el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. "También puede Vd. acompañar los elementos que considere convenientes para precisar o completar los datos recogidos en el párrafo anterior".
Otro paso más en la odisea de salud y de dejación que ha padecido este paciente desde su lista de espera ante una enfermedad severa hasta su intervención y, sobre todo, un posoperatorio doloroso con la caída de la silla de ruedas con las secuelas físicas y anímicas que le ocasionó al paciente y a su entorno familiar.
Ante el desamparo al que se considera sometido por el Salud, el ciudadano ha contratado los servicios jurídicos del letrado Ricardo Orús, lo cual supondrá un perjuicio más en costes por el funcionamiento de la administración sanitaria.