La historia de Pablo Ramírez puede parecerse o no a la de otros cientos de refugiados que huyen de sus países para encontrar la seguridad que no les proporciona el suyo o por otros motivos. Cada caso es único, pero todos comparten el mismo reto: enfrentarse a un proceso largo y muchas veces incierto en busca de una nueva oportunidad.
Pablo Ramírez, originario de Ecuador, llegó a España en 2023 junto a su familia como parte del Programa de Protección de solicitantes de asilo de la Cruz Roja. Tras un recorrido de ocho meses por diversas ciudades, recaló en Huesca.
Pablo tenía su casa, un restaurante y una vida establecida, pero cuando la seguridad de su familia estuvo en peligro, decidió buscar una salida. "Salí de Ecuador porque fui objeto de extorsión y de intento de secuestro a mi hija", relata.
Al llegar a España, su primer destino fue Pamplona, donde permaneció poco tiempo hasta que se le agotan los recursos. Pensó que allí podría conseguir trabajo y salir adelante, pero la realidad fue diferente.
En la capital navarra, la Cruz Roja le brindó alojamiento en un hostal durante ocho meses. Posteriormente, fue trasladado a Guardamar del Segura (Alicante), donde permaneció otros dos, en la denominada etapa cero de acogida. En esta fase, recibía alojamiento, comida y una pequeña ayuda económica para manutención, mientras se iniciaba su trámite de asilo. Finalmente, en Huesca, pasó a la etapa 1 del proceso.
SU VIDA EN HUESCA
El camino burocrático de asilo es largo y complejo. Según explica el ecuatoriano, en la primera fase hay que presentar una solicitud preliminar, pero sin poder formalizar la petición hasta recibir una cita para tramitarla oficialmente. Este proceso dura casi ocho meses. Una vez llegada la fecha, hay que presentar un escrito en el que se exponen las razones por las que solicita la protección internacional.
Con ese proceso en marcha, hay que esperar seis meses más para la activación del permiso de trabajo, que él obtuvo en octubre, ya estando en la capital altoaragonesa. Durante este tiempo, buscó empleo, pero lo único que le ofrecían era "en negro".
Pablo Ramírez comenta que Huesca es "un pueblo tranquilo y pequeño", sobre todo en comparación a su ciudad de origen, Quito, donde residen tres millones de habitantes. En cualquier caso, le gusta la capital altoaragonesa y su ilusión es "integrarse en la sociedad, trabajar y salir adelante".
Su hija, de cinco años, ha experimentado constantes cambios debido a los traslados de la familia. "Este año posiblemente me tocaría cambiarla de colegio una vez más. Ha estado escolarizada desde los dos años y, cada año, ha estado en un lugar diferente porque hemos tenido que mudarnos de ciudad y de país".
Actualmente, su mayor problema es conseguir un piso en alquiler. Explica que, aunque las inmobiliarias solicitan los últimos tres meses de nómina, en la práctica esperan que los inquilinos tengan entre uno y tres años de estabilidad laboral. "Si estás recién empezando, no tienes ese tiempo de nómina. Además, te piden un contrato de trabajo fijo, nada temporal, y que tu sueldo supere cierto valor para demostrar que puedes pagar la renta".
A esta situación se suma la percepción de los propietarios. "En nuestro caso se nos ha complicado porque tenemos una niña de cinco años. Legalmente somos una familia vulnerable, pero para los propietarios representamos un riesgo porque temen que dejemos de pagar y nos quedemos en el piso, lo que aquí llaman 'okupas'. Para mí, ese término era nuevo, no sabía de qué se trataba. Y eso nos cierra puertas en todos lados".
Pablo Ramírez explica que actualmente está en un programa de la Fundación Apipacam, que establece un límite de ingresos netos familiares de 1.400 euros y, si este umbral se supera, se otorgan 15 días para abandonar el programa.
Relata que, en su caso, primero comenzó a trabajar y luego su esposa. Con su primera nómina, ya superaba el límite y, posteriormente, con ambos trabajando, el umbral se superó completamente. Sin embargo, señala que, con los primeros sueldos, ni siquiera le alcanzaba para pagar el alquiler y la fianza. Además, tanto él como su esposa tienen contratos temporales.
Hoy jueves, precisamente, es su último día en el programa que debe abandonar. Le han ofrecido la opción de alojarse en un hostal, pero este cuesta 55 euros por noche, lo que representa un gasto considerable. Añade que comenzó a buscar vivienda en diciembre y que ha dejado sus datos en varias inmobiliarias, pero la mayoría contesta que no hay disponibilidad. En algunos casos, cuando obtiene una respuesta, le indican que, por su condición de familia vulnerable, será difícil acceder a un alquiler.
Pablo menciona que en este momento tiene vistas tres viviendas y que ha entregado las tres nóminas disponibles. Se encuentra a la espera de la aprobación de los propietarios para poder acceder a una de ellas. Expresa su esperanza de que la situación se resuelva en los próximos días, aunque reconoce que no podrá salir del programa en el plazo que le han dado, ya que no tiene otra opción de alojamiento.
Apela a la sensibilidad de la ciudadanía. Afirma que entiende los temores de los propietarios ante el problema de la ocupación ilegal, pero no son esas sus intenciones. "Nosotros somos una familia trabajadora, responsable, honrada, que no venimos a estafar a nadie, que queremos trabajar y hacer nuestra vida".
Explica que no puede regresar a Ecuador, donde dejó abandonada su casa. "Dejé toda mi vida, he venido a empezar de cero, a ser parte de esta sociedad. Venimos a sumar, no a restar", concluye.