El concejal del Grupo PAR en el Ayuntamiento de Biescas Enrique Navas ha denunciado públicamente que durante el pleno municipal del pasado 7 de abril se le impidió intervenir en el turno de ruegos y preguntas para exponer su posición de su grupo (PAR) sobre la nueva regulación en el municipio de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).
Navas lo considera “grave y preocupante”, al no ser la primera vez y al entender que limita el derecho de representación democrática de la oposición y el necesario debate público sobre un asunto de gran relevancia para el municipio.
La nueva normativa sobre las viviendas de uso turístico (VUT), aprobada por el equipo de gobierno, "tiene como objetivo -explica el concejal- restringir la actividad, dificultando la concesión de nuevas licencias y poniendo en riesgo la continuidad de las ya existentes, al exigir condiciones que muchas no podrán cumplir".
El PAR discrepa profundamente con este planteamiento. Según los datos expuestos por el concejal, Biescas cuenta con entre 3.300 y 3.700 viviendas, de las cuales aproximadamente un 33% son segundas residencias, mientras que las viviendas de uso turístico representan únicamente en torno al 4% del total.
Navas advierte de la importancia del impacto de estas viviendas en la economía local, para lo cual expone un cuadro que señala que las VUT generarían 4,7 millones de euros y el gasto en servicios locales sería de 3,4 millones de euros, calculando 420 personas diarias, 42.840 al año, eteniendo en cuenta el número de viviendas, 140 y el ingreso por unidad y día de 330 euros.
El edil alerta de que la aplicación de la nueva normativa podría suponer la desaparición de hasta 110 viviendas de uso turístico, con una pérdida estimada superior a los 3 millones de euros anuales en la economía local, lo que tendría consecuencias directas sobre el empleo, la actividad económica y la viabilidad de muchos negocios locales.
Además, cuestiona la eficacia de la medida para resolver el problema del acceso a la vivienda, y señala que la mayoría de estas viviendas son segundas residencias y que su incorporación al mercado de alquiler habitual sería muy limitada, estimándose en el mejor de los casos entre 7 y 11 viviendas. Advierte además de posibles problemas de inseguridad jurídica si la normativa afecta a licencias ya concedidas, lo que podría derivar en litigios y costes económicos para el Ayuntamiento.
El Grupo municipal del PAR se defiende la necesidad de abordar este problema con un enfoque más equilibrado, que permita compatibilizar el acceso a la vivienda con el mantenimiento de la actividad económica del municipio. Y concluye Enrique Navas lamentando no haber podido trasladar estas consideraciones en el pleno, a la par que "reitera su disposición al diálogo para encontrar soluciones consensuadas que beneficien al conjunto de los vecinos de Biescas".