El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, defenderá este jueves una iniciativa para que el Parlamento respalde el cese del Jefe de la Inspección Educativa de Huesca, Iñaki Polo, y de la directora provincial de Educación, Mónica Martínez. La propuesta llega después de que la Junta de Personal Docente de Huesca solicitara su destitución el 11 de noviembre.
Civiac anunció la iniciativa ante la sede de la Dirección Provincial de Educación de Huesca, acompañado por los concejales del Ayuntamiento de Huesca José Luis Rubió y Susana Magán. Según explica en una nota de prensa, la petición está “avalada unánimemente por la Junta de Personal Docente, que agrupa a maestros y profesores”.
La Junta asegura que el inspector jefe mantiene un control burocrático excesivo, que prioriza la tramitación administrativa frente a la labor pedagógica. También denuncia interpretaciones personales de la normativa, intervenciones “arbitrarias” en los criterios de evaluación y un clima de “inseguridad y presión” que, según trasladan los docentes, afecta a su trabajo diario.
El diputado recordó que el sindicato CSIF ha hecho públicas quejas procedentes del IES Ramón y Cajal de Huesca, donde se habrían exigido cambios en programaciones ya aprobadas, modificaciones de criterios en plena evaluación y requerimientos documentales considerados innecesarios. Estos hechos, señala el sindicato, han provocado estrés y desgaste en el profesorado.
Civiac calificó de “incomprensible” la actuación de la Inspección Educativa en este centro y apuntó que podría responder a motivos personales. También citó denuncias sobre posibles conflictos de interés relacionados con decisiones del inspector que habrían beneficiado a personas de su entorno, lo que, subrayó, cuestiona su imparcialidad.
El diputado afirmó que VOX traslada a las Cortes la voz de los docentes y reclamó poner fin a la “arbitrariedad, la presión y la burocracia que daña la educación pública”. Defendió que la Inspección debe actuar como un servicio de apoyo y no como un órgano de imposición. “Los docentes han hablado y las Cortes de Aragón deben escucharles”, concluyó.