La Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (ADIVE) ha presentado un recurso de reforma en el marco del segundo caso que afecta al político Íñigo Errejón, con el objetivo de poder participar formalmente en el procedimiento. La entidad está representada por el abogado oscense Jorge Piedrafita, que dirige la estrategia jurídica de la asociación en este proceso.
El recurso se dirige contra una resolución del juzgado que acordó el archivo de las actuaciones al no haber ratificado la denunciante su testimonio, y que, al mismo tiempo, denegó la personación de las partes. Según la asociación, esta decisión no está suficientemente motivada, ya que se limita a afirmar el archivo sin explicar por qué esa circunstancia impide la participación de quienes tienen un interés legítimo en el caso.
Uno de los ejes del recurso es la falta de coherencia interna de la resolución judicial. El juzgado rechaza que los abogados se personen, pero simultáneamente reconoce su intervención al ordenar que se comunique el archivo al denunciado “a través de su Abogado y Procurador”. Para la defensa, este planteamiento resulta contradictorio, ya que admite la representación legal como canal de comunicación, pero niega su reconocimiento formal dentro del procedimiento.
El escrito también cuestiona que el archivo del caso se utilice como argumento automático para impedir la personación. Los letrados recuerdan que este tipo de decisiones pueden ser provisionales, lo que significa que el procedimiento puede reabrirse si aparecen nuevos elementos. En ese contexto, consideran que excluir a las partes les impide conocer el contenido de la denuncia, acceder a la documentación y reaccionar jurídicamente ante posibles cambios en la causa.
Además, ADIVE advierte de que esta situación puede generar una “indefensión material”, al limitar de forma efectiva el derecho de defensa. El recurso subraya que no basta con comunicar el resultado del procedimiento, sino que es necesario permitir a las partes el acceso completo al expediente para garantizar el principio de contradicción, es decir, la posibilidad de alegar, rebatir y defender su posición en igualdad de condiciones.
Otro de los aspectos relevantes es la referencia a la acción popular, una figura que permite a asociaciones intervenir en delitos públicos como la agresión sexual. La entidad sostiene que este derecho no puede quedar anulado por la falta de ratificación de la denunciante, ya que la ley prevé la intervención de terceros para asegurar que se practiquen las diligencias mínimas de investigación en este tipo de delitos.
En conjunto, el recurso solicita al juzgado que revoque la decisión inicial y permita la personación de todas las partes, al menos a efectos de acceso a las actuaciones y control del procedimiento. La asociación entiende que esta medida es imprescindible para garantizar tanto el derecho de defensa como la correcta supervisión del proceso en un caso de especial relevancia pública.