La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha comunicado este viernes que el Ejecutivo autonómico publicará en los próximos días una orden de ayudas dotada con 300.000 euros destinada a los seis negocios afectados por el desalojo de los edificios de la plaza Santa Clara, en Huesca.
Ha precisado que la medida incluye compensaciones económicas para afrontar los efectos de la interrupción de la actividad y los gastos asociados al cierre forzoso, con la previsión de que la cuantía inicial pueda ampliarse si fuera necesario.
Vaquero ha explicado que la orden se enmarca en una convocatoria marco para emergencias, diseñada para agilizar la respuesta administrativa en situaciones que, según ha recordado, han estado marcadas en los últimos años por diversos episodios de inclemencias climatológicas y otros incidentes.
La vicepresidenta ha señalado que esta herramienta permite actuar con rapidez y que, en este caso, la Dirección General competente ha mantenido un contacto directo con los representantes de los negocios para delimitar los conceptos subvencionables que mejor se ajusten a las necesidades que han trasladado.
Durante su visita al Planetario de Aragón, la vicepresidenta ha detallado que la orden contempla la cobertura del lucro cesante generado por la paralización de la actividad, además de alquileres, hipotecas, traslados de mobiliario, costes de reubicación y otros gastos derivados de la reorganización temporal de cada establecimiento. Ha indicado que el propósito es que los daños identificados por los negocios “queden recogidos de forma precisa” en el articulado de la norma.
Vaquero ha destacado la actuación del Ayuntamiento de Huesca, al que ha atribuido el seguimiento cotidiano de la situación desde que se decretó el desalojo en noviembre. Ha expresado su agradecimiento al trabajo de la alcaldesa, los concejales y el personal municipal, y ha señalado que esta administración “ha estado en el día a día en contacto con los afectados”, ofreciendo acompañamiento durante estas semanas. Ha añadido que el Gobierno de Aragón ha buscado complementar ese esfuerzo mediante la puesta en marcha de la ayuda económica ahora anunciada.
El desalojo de los cuatro edificios afectó a cerca de 200 residentes, además de a las seis actividades económicas que permanecen sin posibilidad de operar desde finales de noviembre. Ha explicado que la publicación de la orden está prevista “para los próximos días” y que, una vez abierta la convocatoria, se iniciará la tramitación correspondiente, con el objetivo de que las ayudas contribuyan a sostener los costes generados mientras se analiza el estado de los inmuebles y se determinan los pasos a seguir.