La asociación vecinal Estrecho Quinto ha celebrado este viernes en Tierz una reunión abierta en la que ha dado cuenta del trabajo desarrollado desde su creación frente al proyecto de planta de biogás previsto en Lorpozano. En una sala, en la que se ha reunido más de medio centenar de personas, Nuria Caballero, presidenta de la Asociación, Carlos Calvo, vicepresidente, y Eva Fañanás como vocal han expuesto lo motivos de esta nueva entidad y las acciones para paralizar este proyecto, una carrera que intuyen que será larga y que probablemente acabe en la justicia.
La planta promovida por la empresa Catalana de Biogás se ubicaría a 1,82 kilómetros de Tierz, a 2,75 de Loporzano y Quicena, a 2,43 del Castillo de Montearagón, a 3,5 de Ola y Siétamo y a menos de cinco de Huesca. La sesión ha permitido explicar con mayor profundidad los pasos dados en las últimas semanas, centrados en el análisis del proyecto, la recopilación de documentación y el asesoramiento técnico.
La sesión ha arrancado con la intervención de Nuria Caballero, que ha explicado el origen del movimiento vecinal. “Fue a mitad de diciembre cuando nos soltaron la noticia de la planta de biogás”, ha recordado, y ha señalado que se trata de decisiones “que se toman en despachos, a puerta cerrada, sin participación ciudadana y con un gran efecto en el territorio”. A partir de ahí, ha defendido la necesidad de organizarse porque “no se puede quedar en una preocupación individual” y ha subrayado que la asociación nace para “defender el territorio, el medioambiente, la salud pública y la calidad de vida de los vecinos”.
Caballero ha detallado el funcionamiento del colectivo, con una estructura que combina junta directiva y grupos de trabajo centrados en comunicación, movilización y documentación técnica. También ha repasado las primeras acciones, como la recogida de firmas en internet, que suma ya cuatro mil apoyos, la asistencia al pleno de Lorporzano o las primeras movilizaciones. “Es estar presentes y saber cómo nos van a afectar estas decisiones”, ha explicado, y ha insistido en que uno de los retos inmediatos es “sumar socios porque ese es el músculo que sostiene todo. Cada uno va a apoyar en la medida en la que puede”, ha señalado Caballero.
En esa línea, ha avanzado que el trabajo se centrará en reforzar la base social, seguir informándose y preparar posibles acciones legales. “Queremos hacer un informe ambiental independiente que nos sirva para una defensa jurídica”, ha indicado, consciente de que “estos procesos suelen ser largos y probablemente haya que ir a juicio”.
La parte más técnica de la reunión ha corrido a cargo de Carlos Calvo, que ha explicado el funcionamiento de estas instalaciones y ha cuestionado su viabilidad en el entorno. “De todo el volumen que entra en una planta de biogás solo se aprovecha un 5 %, el resto sigue siendo residuo”, ha señalado, para desmontar la idea de que estas plantas solucionan el problema. También ha advertido de la generación de gases y subproductos potencialmente nocivos y de la falta de garantías sobre su control.
Calvo ha incidido en la falta de información sobre el proyecto. “No se ha presentado públicamente y no sabemos en qué punto está la tramitación”, ha afirmado, criticando la falta de transparencia. Además, ha puesto en duda el modelo planteado por la empresa promotora. “Nos dicen que gestionarán residuos de proximidad, pero hay otras plantas proyectadas cerca, lo que hace inviable ese planteamiento”, ha explicado, y ha concluido que “los residuos vendrán de fuera y aquí se quedarán”.
También ha alertado sobre las distancias a núcleos habitados, con viviendas a escasos cientos de metros, y sobre riesgos asociados como el aumento del tráfico pesado, posibles emisiones o accidentes. “Si algún día hay un problema, no creemos que esta ubicación sea la más adecuada”, ha advertido. Se ha referido además el impacto que estas instalaciones pueden tener en el valor de las viviendas.
"Otro aspecto muy importante y no menos escandaloso es que tenemos un vecino que desde hace muchos años tiene una vivienda, primera vivienda -ha precisado Calvo-, a 300 metros de la planta", ha apuntado.
Por su parte, Eva Fañanás ha centrado su intervención en el contexto institucional y en la necesidad de reforzar la respuesta social. Ha criticado la postura del Ayuntamiento de Loporzano, que a su juicio mantiene su apoyo al proyecto, y ha defendido que los consistorios sí tienen capacidad de influir. “Nos dijeron que no tenían competencias, pero no es cierto, sí pueden posicionarse y poner trabas”, ha asegurado.
Fañanás ha resaltado la importancia del movimiento un vecinal que sea capaz de poder poner de manifiesto que este proyecto "no representa un interés público ni para los vecinos del municipio de Loporzano ni tampoco de los municipios colindantes".
Fañanás ha enmarcado el proyecto dentro de un modelo más amplio ligado a intereses empresariales. “No estamos ante una solución ambiental, estamos ante un negocio”, ha afirmado, diferenciando entre plantas de biogás vinculadas a necesidades locales y “plantas industriales que responden a la lógica de la rentabilidad”. En este sentido, ha cuestionado el discurso de la economía circular y ha señalado que la ubicación de estas instalaciones responde a la proximidad de los gasoductos, no a la gestión de residuos del territorio.
La portavoz ha insistido en la importancia de la unidad. “Tenemos que estar unidos porque la amenaza es real”, ha señalado, destacando la conexión con plataformas estatales y otros movimientos vecinales. “No lo queremos en nuestro pueblo ni en ningún otro”, ha añadido, defendiendo la necesidad de una planificación autonómica que regule este tipo de proyectos.
Se ha planteado que el proceso acaba de empezar pero requiere constancia y organización. “Esto no va solo de una planta, va de cómo queremos vivir en nuestro pueblo”, han resumido, y se ha llamado a la implicación vecinal para afrontar un proyecto que consideran determinante para el futuro del territorio.