Las personas afectadas por la presunta apropiación indebida-estafa, suplantación de identidad y falsificación de documento mercantil por parte de un agente del Banco de Santander (hasta 2021), J.A.M., padecieron toda clase de tácticas del encausado para extraer cantidades muy importantes todavía por estimar, pero en cualquier caso de decenas de miles de euros, y están a la espera de que se sustancie el caso en el Juzgado número 5 de Huesca tras las denuncias ante la Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Huesca. Un asunto en el que también ha sido parte activa la Delegación de Hacienda en Huesca, y sin embargo muy pasiva, a tenor de la defensa de los perjudicados, la entidad bancaria. En la instrucción, se han revelado deficiencias y negligencias que han favorecido la acción del investigado que falsificaba firmas y aprovechaba procedimientos ineficientes para sustraer un importante caudal monetario de sus clientes, muchos de ellos confiados por vecindad y relación hasta el punto de que aceptaron su intercesión gestora con distintas administraciones.
El Ayuntamiento de Gurrea de Gállego que preside el popular Carlos Til ha puesto sus servicios a disposición de posibles nuevos ciudadanos sometidos a las prácticas del agente del Santander, en la sospecha de que puede haber todavía un número de casos indefinidos por aflorar. El alcalde reconoce que ha provocado convulsión en la localidad, e incluso temor por la posibilidad de que haya otros vecinos que hayan padecido similares prácticas.
Carlos Til ha sido explícito en la disponibilidad consistorial. "Estamos totalmente abiertos para que vengan posibles afectados, los vamos a defender con todas nuestras herramientas, tanto las administrativas como las jurídicas a través de nuestro letrado. Hay que tener en cuenta que, en estos casos, los clientes son personas mayores que están indefensas, que confían en agentes como el investigado declaraciones de la renta y otras tramitaciones, sin interpretar para nada que estaban siendo sometidos a presuntas actividades fraudulentas".
En Gurrea de Gállego, son muchos los vecinos que hacen cuentas del ritmo de vida disipada que llevaba el agente del Banco Santander hasta que cerró la oficina en 2021. Unos de los comentarios más habituales es el de "yo ya lo sabía", o "era de esperar", "no era posible tanta ostentación". Más allá de presunciones, hay una práctica unanimidad en torno a una figura que, por lo demás, contaba con la confianza de no pocos residentes en la localidad y a los que ha ofrecido sus gestiones más allá del papel como agente de la entidad financiera. Sorpresa relativa, pero sorpresa. Y, para algunos, muy desagradables.
En el transcurso de la investigación y la instrucción, han quedado evidenciadas algunas lagunas en los procedimientos de distintas instituciones y, particularmente, del Banco de Santander. En las primeras, extraía cantidades de efectivo periódicamente de las cuentas de sus clientes para destinarlas al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, que finalmente iban a parar a su propio pecunio. Además de apropiarse el dinero, dejaba en situación fiscal irregular a los clientes del Santander, que no detectaba estos movimientos fraudulentos en las auditorías internas de la agencia de Gurrea.
El Santander, a través de distintos responsables tanto en sede judicial como a requerimientos de los abogados de los cuatro denunciantes, tampoco se percató de la gran diferencia entre los préstamos de la PAC de 2019 y 2020 (12.000 frente a 21.500), cuando de año en año se mueven en similares cifras, de las cuales el banco apenas se queda con una mínima comisión por la tramitación. El agente pidió esa cantidad sin que los departamentos de activos y riesgos preguntaran por este salto. Cuando el cliente le interpeló al apreciar ese aumento, éste reclamó 9.500 euros de reintegro para amortización de la póliza (si hubieran sido 10.000, era preceptiva la comunicación a Hacienda) y logró la firma del cliente engañado. El dinero fue a su bolsillo. En los procesos del Banco, con su visto bueno que es el "listofirma", no intuyeron la irregularidad.
Otro de los casos más sangrantes es a un propietario de un establecimiento de la comarca que, tras abonar religiosamente las cuotas de la Seguridad Social durante años a través del "servicio" del agente, recibió una comunicación del Instituto demandándole 19.000 euros por recargo del adeudo inicial (15.000). Y a este se añade la presentación de liquidaciones de IRPF de clientes de la agencia de Gurrea con importe a devolver que acababan en la cuenta bancaria particular suya.
Tal y como informaba EL DIARIO DE HUESCA en exclusiva desde la noche del domingo, son agricultores, pequeños empresarios rurales y jubilados quienes han presentado denuncias ante la Guardia Civil, asesorados por un despacho de abogados de Huesca, que demanda que el Santander se haga cargo inmediatamente de los importes apropiados y los daños ocasionados a los denunciantes por su agente. Atribuye al banco la condición de responsable civil subsidiario de unos delitos que han dejado a las víctimas en situación económica precaria por presuntos delitos cometidos bajo la marca, estructuras y servicios de la entidad bancaria.