CGT Enseñanza Huesca ha expresado su preocupación por las declaraciones sobre la autonomía de la Inspección Educativa realizadas por el nuevo director provincial de Educación, Carlos Oliván, durante la inauguración del curso escolar en el IES Lucas Mallada, y ha anunciado dos movilizaciones en septiembre para trasladar sus reivindicaciones a la calle, los días 15 y 21 de septiembre. La primera está convocada conjuntamente por CSIF, CGT, CCOO, UGT, HUSTE y ANPE.
El sindicato cuestiona, por un lado, que las manifestaciones del responsable político se hayan producido mientras permanece pendiente de resolución un expediente disciplinario a un docente que es a su vez delegado sindical y, por otro, pide una explicación objetiva sobre las 48 actuaciones inspectoras registradas en Huesca en tres años frente a las 32 del conjunto del resto de Aragón, cifras que atribuye a datos aportados por la propia Administración educativa.
Según expone la organización sindical, en ese procedimiento se propone una suspensión de funciones de diez meses para el docente por unas declaraciones realizadas en el contexto de su actividad representativa. CGT afirma que el director provincial calificó de "accesoria" la condición sindical del afectado y discrepa de esa consideración. La organización sostiene que ser representante de los trabajadores no supone inmunidad frente a la ley ni impide exigir responsabilidades cuando correspondan, pero considera que sí es una circunstancia jurídicamente relevante cuando se examinan actuaciones desarrolladas en el ejercicio de funciones sindicales y representativas.
La organización asegura que respeta y defiende la autonomía técnica de la Inspección Educativa, aunque considera que esa autonomía no puede interpretarse como ausencia de control. En su comunicado, CGT sostiene que la actuación inspectora debe desarrollarse dentro de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y responsabilidad que, según señala, son exigibles a los órganos y empleados públicos.
Desde esta perspectiva, el sindicato considera que la defensa de la Inspección no debería implicar que las críticas o las solicitudes de explicaciones sobre sus actuaciones sean interpretadas como ataques a la institución. CGT defiende que las actuaciones inspectoras deben poder ser examinadas con transparencia, objetividad e independencia, precisamente como garantía del propio funcionamiento de este órgano.
CGT pone el foco en que las declaraciones procedan de la autoridad administrativa que, según indica, debe adoptar la decisión definitiva sobre el expediente disciplinario. A juicio del sindicato, la defensa pública de la Inspección mientras el procedimiento permanece abierto no contribuye a transmitir la apariencia de objetividad e imparcialidad que debería presidir su resolución.
La organización extiende esta consideración a los derechos vinculados al ejercicio de la representación sindical. CGT sostiene que continuará defendiendo a sus representantes y afiliados y que ejercerá su actividad sindical "con plena libertad", incluida la denuncia de aquellas actuaciones que considere irregulares.
El sindicato precisa que esta posición no supone cuestionar globalmente a la Inspección. CGT afirma haber respaldado sus reivindicaciones profesionales en Aragón cuando las ha considerado justas y distingue entre defender la autonomía y las funciones de la institución y asumir como propias todas las actuaciones realizadas por sus integrantes.
"La Inspección Educativa desempeña una función esencial y debe poder ejercerla con independencia y autonomía", sostiene la organización, que añade que esa independencia debe coexistir con la transparencia, la rendición de cuentas y el sometimiento pleno a la legalidad.
MÁS ACTUACIONES EN HUESCA QUE EN EL RESTO DE ARAGÓN
El segundo elemento que CGT incorpora a su posicionamiento es el número de apercibimientos y expedientes tramitados en Huesca durante los últimos años. Según los datos que el sindicato atribuye a la propia Administración educativa, se habrían registrado 48 actuaciones de este tipo en Huesca durante tres años, frente a 32 en el conjunto de las otras dos provincias aragonesas.
CGT considera que esta diferencia es suficientemente significativa como para reclamar una explicación objetiva y verificable. El sindicato solicita que se hagan públicos los datos comparativos, la naturaleza de las actuaciones realizadas y los criterios utilizados, con el fin de conocer las razones de la diferencia entre Huesca, Zaragoza y Teruel.
La organización tampoco considera suficiente, según expone, explicar esa disparidad por una mayor actividad inspectora en la provincia oscense. A su juicio, esa respuesta no despeja las dudas planteadas y puede además poner "de manera innecesaria" en cuestión el trabajo desarrollado por los profesionales de la Inspección en Zaragoza y Teruel.
CGT plantea que, si una mayor actividad inspectora explica las cifras, deberían difundirse los datos que permitan comprobar esa circunstancia y conocer qué actuaciones se contabilizan y bajo qué criterios. Su reclamación se centra, por tanto, en disponer de información comparable sobre la actividad desarrollada en las tres provincias.
En su comunicado, CGT vincula también esta controversia con el ejercicio de la representación de los trabajadores. El sindicato afirma que continuará denunciando aquellas actuaciones administrativas que considere irregulares y defendiendo a sus representantes y afiliados.
La organización sostiene que el ejercicio de la crítica sindical no debe generar un efecto intimidatorio o disuasorio sobre quienes desempeñan funciones de representación. Al mismo tiempo, remarca que la condición sindical no constituye, según su propia formulación, una protección frente a posibles responsabilidades legales.
El planteamiento de CGT se resume en la defensa simultánea de dos principios: autonomía para que la Inspección pueda desarrollar sus funciones y mecanismos de transparencia y control que permitan examinar sus actuaciones. "La autonomía protege a la Inspección. La transparencia y el control garantizan su legitimidad", concluye el comunicado.
DOS MOVILIZACIONES
El posicionamiento de CGT llega acompañado de dos convocatorias de movilización. La primera tendrá lugar el martes 15 de septiembre, a las 12:30, en la plaza de Cervantes de Huesca y está convocada conjuntamente por CSIF, CGT, CCOO, UGT, HUSTE y ANPE, después de la reunión mantenida con el nuevo director provincial. La convocatoria lleva como lema "Por la inacción de la administración educativa".
La segunda concentración ha sido convocada exclusivamente por CGT para el lunes 21 de septiembre, a las 19:30, en la plaza de Navarra de Huesca, bajo el lema "Basta de abusos por parte de la Inspección Educativa de Huesca".
Con ambas convocatorias, el sindicato sitúa el conflicto en un escenario más amplio que el expediente disciplinario concreto y reclama cambios en la relación entre la Administración educativa, la Inspección y la representación sindical. CGT sostiene que continuará defendiendo estos principios para el conjunto de los empleados públicos, incluidos docentes, inspectores y responsables de la Administración educativa.