CGT denuncia una propuesta de diez meses de suspensión para un docente y delegado sindical de Huesca

El sindicato reclama la dimisión del inspector jefe y una investigación independiente, mientras el director provincial defiende la autonomía de la Inspección

08 de Septiembre de 2026
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CGT denuncia una propuesta de diez meses de suspensión para un docente y delegado sindical de Huesca. Foto Myriam Martínez
CGT denuncia una propuesta de diez meses de suspensión para un docente y delegado sindical de Huesca. Foto Myriam Martínez

La Inspección de Educación de Huesca ha propuesto una suspensión de empleo y sueldo de diez meses para un docente de la provincia que ejerce además como delegado de la junta de personal por CGT, una medida que la organización considera una vulneración de la libertad sindical y que ha llevado este martes sus protestas hasta el IES Lucas Mallada, donde se ha celebrado el acto oficial de apertura del curso escolar. La organización ha reclamado la dimisión del inspector jefe de Educación y una investigación independiente sobre el expediente.

Los portavoces de CGT, Irati Zenotz y Raúl Ramón, han señalado que la propuesta está relacionada con declaraciones públicas realizadas previamente por el profesor afectado. Ramón ha incidido además en la inmediatez con la que han conocido la medida: "Hoy nos hemos levantado con la propuesta de sanción". Según han explicado, los hechos objeto del procedimiento se produjeron en un centro educativo "donde hay un familiar del inspector", una circunstancia que, a su juicio, debería haberse aclarado para garantizar la neutralidad de las actuaciones.

La organización sindical sostiene además que en Huesca existe una "singularidad" por el volumen de amonestaciones a docentes, que considera considerablemente superior al registrado en otros territorios de Aragón. No se trata, según CGT, de una valoración realizada únicamente a raíz de este expediente. "Como ya recogimos este verano", han señalado sus representantes, el sindicato había recopilado previamente datos sobre esta situación y reclama ahora al Gobierno de Aragón que investigue el funcionamiento de la Inspección en la provincia.

La protesta se ha producido a las puertas del IES Lucas Mallada, hasta donde se ha desplazado Carlos Oliván para participar en la inauguración oficial del curso. A su llegada, varios delegados sindicales se han concentrado en el exterior y han protagonizado una pitada y silbidos contra el responsable provincial.

Oliván ha defendido la independencia de la Inspección de Educación y ha desvinculado la condición sindical del docente de la tramitación del expediente, al considerar que se trata de "un hecho accesorio". El director provincial ha subrayado que la función inspectora debe desarrollarse con autonomía y ha rechazado cualquier actuación que pueda ir contra ella, defendiendo que, en todo caso, esta independencia debe "reforzarse".

Según ha explicado, la Inspección no sanciona directamente, sino que detecta posibles anomalías, realiza las actuaciones correspondientes e inicia los procedimientos cuando procede. A partir de ahí, la Dirección Provincial se encarga de la instrucción y, en su caso, de formalizar la resolución que corresponda.

El responsable provincial ha evitado pronunciarse sobre los hechos concretos del expediente, amparándose en las garantías de protección de datos y en el deber de confidencialidad. Asimismo, ha precisado que todavía no había recibido formalmente la propuesta de la Inspección, por lo que no podía anticipar una resolución definitiva. Oliván ha añadido, además, que no conoce personalmente al docente afectado.

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Respecto al número de actuaciones contra profesores denunciado por CGT, Oliván ha defendido que responde, en buena medida, a la intensa actividad desarrollada por la Inspección durante el pasado curso. En ese periodo se realizaron 667 visitas a centros educativos de la provincia. "Si trabajas mucho, lógicamente, pues detectas situaciones", ha señalado.

La propuesta de suspensión se enmarca en una protesta sindical que ha incluido además reivindicaciones sobre los recursos de la escuela pública. CGT reclama más medios materiales y humanos, mejoras de mantenimiento en los centros y refuerzos para la atención a la diversidad, además del cumplimiento del acuerdo sobre las 23 horas lectivas del profesorado.

La organización también reclama una regulación más clara de las actividades extraescolares, una reducción de las ratios y cuestiona la concertación del Bachillerato anunciada por el Departamento de Educación. En este último caso, defiende que los recursos públicos se destinen prioritariamente a reforzar la enseñanza pública.

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