CGT Enseñanza Aragón ha reclamado al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón que investigue las denuncias planteadas por distintos profesionales sobre el funcionamiento de la Inspección Educativa en la provincia de Huesca. El sindicato pide además que se garantice un funcionamiento transparente de este servicio, se proteja al profesorado frente a posibles represalias y se facilite que esta problemática pueda debatirse libremente en los órganos de representación sindical.
La organización sindical ha formulado estas demandas a través de un comunicado en el que denuncia la existencia de un clima de malestar en diversos centros educativos públicos de la provincia. Según sostiene, durante los últimos meses ha recibido quejas y testimonios de docentes y equipos directivos que relatan situaciones de presión, decisiones arbitrarias y actuaciones que, a su juicio, se alejan del respeto institucional que debería regir las relaciones dentro de la administración educativa.
La organización sindical sostiene además que se han producido actuaciones administrativas que considera desproporcionadas, entre ellas apercibimientos e incluso expedientes disciplinarios dirigidos a delegados sindicales durante el ejercicio de su actividad representativa. En este sentido, CGT afirma que estos hechos generan dudas sobre el respeto a la libertad sindical y a la libertad de expresión dentro del ámbito educativo.
El sindicato considera especialmente preocupante el uso de la autoridad jerárquica para imponer criterios personales y sostiene que existe entre parte del profesorado una percepción de temor a expresar críticas o discrepancias por las posibles consecuencias que ello pudiera acarrear.
Asimismo, CGT denuncia que en diferentes Mesas Sectoriales y órganos de representación sindical no se ha permitido, según su versión, abordar en profundidad la situación de la Inspección Educativa en la provincia de Huesca. La organización considera que cuestiones relacionadas con el clima laboral y el funcionamiento de la administración educativa no deberían quedar fuera del debate institucional.
En el comunicado, el sindicato defiende que la Inspección Educativa debe desempeñar funciones de apoyo, asesoramiento y garantía del correcto funcionamiento del sistema educativo y rechaza que pueda utilizarse como un instrumento de presión sobre los profesionales de la enseñanza.
La organización también expresa su preocupación por la falta de una investigación que esclarezca las denuncias formuladas en relación con la Jefatura de Inspección. Según señala, organizaciones sindicales, la Junta de Personal Docente e incluso las Cortes de Aragón habrían reclamado en distintas ocasiones que se analizaran estas actuaciones.
Del mismo modo, CGT critica la ausencia de mecanismos de supervisión que, a su juicio, permitan corregir determinadas prácticas que estarían deteriorando el clima laboral y afectando al funcionamiento ordinario de algunos centros educativos de la provincia.
Ante esta situación, el sindicato reclama al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón que investigue las denuncias planteadas por distintos profesionales del ámbito educativo, garantice un funcionamiento transparente de la Inspección Educativa, proteja al personal docente frente a posibles represalias y facilite que esta problemática pueda debatirse libremente en los órganos de representación sindical.
Además, solicita la implantación de un modelo de inspección basado en el diálogo, la mediación y el respeto profesional.
CGT concluye defendiendo que la educación pública necesita entornos de trabajo seguros, democráticos y libres de presiones, y considera que ningún cargo público debería utilizar su posición para limitar la crítica profesional o sindical dentro de la comunidad educativa.