CHA traslada al Congreso “el incumplimiento” de la alerta Rojo-Plus en Salillas, con el "inicio de los trabajos" de la UTE adjudicataria de la ejecución del proyecto de modernización de regadíos de las Comunidades de Regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen.
El diputado de CHA ha registrado en el Congreso una pregunta sobre "¿qué valoración hace el Gobierno sobre el hecho de que la UTE “Canal del Flumen” trabajara durante varias horas el 18 de agosto de 2025 en el municipio de Salillas incumpliendo la Orden que declaraba ese día como alerta Rojo-Plus por peligro extremo de incendio?"
Además, pide explicación sobre "¿a qué se debió el enorme despliegue de la Guardia Civil en Salillas escoltando la maquinaria de una empresa privada para realizar una actividad no permitida al encontrarse en alerta Rojo-Plus? ¿Cuánto costó ese despliegue desmesurado? ¿Quién dio la orden de disponer esos recursos públicos para desarrollar el operativo?
CHA relata que el pasado 18 de agosto se produjo un gran despliegue de la Guardia Civil, con al menos 16 patrullas, en el municipio de Salillas, para escoltar el inicio de los trabajos de la UTE adjudicataria en las parcelas obtenidas mediante expropiación forzosa para la ejecución del “Proyecto de mejora en el aprovechamiento de agua y ahorra de energía para las Comunidades de Regantes del Sector X y XI del Canal del Flumen mediante modernización y captación de agua a mayor cota para evitar bombeos”.
César Ceresuela, presidente de CHA-Plana de Huesca, denuncia que “ese 18 de agosto no debería haberse trabajado por haberse declarado en Aragón la alerta Rojo-Plus por peligro de incendio, pero incomprensiblemente la Guardia Civil escoltó con un despliegue enorme de recursos humanos y materiales a quienes desacataban una orden oficial publicada en el BOA el 16 de agosto”.
Estos hechos fueron denunciados el pasado 10 de septiembre por la Comunidad de Regantes A-19-20 en la fiscalía provincial de Huesca, por presunta comisión de hechos delictivos contra el medio ambiente. Cinco días después entregó “pruebas gráficas que ponen en entredicho la credibilidad de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, desde donde se llegó a negar que tales trabajos se hubieran producido durante el 18, afirmando que se habían iniciado al día siguiente”, afirma CHA.