La portavoz adjunta de CHA y portavoz de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha anunciado este miércoles que el grupo parlamentario registrará una proposición no de ley para exigir explicaciones al Gobierno de Aragón sobre la actuación de la Inspección Educativa en Huesca y la diferencia en el número de expedientes disciplinarios incoados al personal docente respecto al resto de la comunidad.
La iniciativa parte de los datos facilitados por el Departamento de Educación en respuesta a una solicitud de información presentada por CHA, recibida el pasado mes de julio. Según esas cifras, desde el curso 2023-2024 hasta la actualidad se han tramitado 48 expedientes disciplinarios en la provincia de Huesca, frente a 21 en Zaragoza y 11 en Teruel.
Para la formación aragonesista, esta diferencia requiere una explicación política. Isabel Lasobras sostiene que la disparidad resulta todavía más significativa si se tiene en cuenta que Zaragoza cuenta con un número muy superior de docentes, por lo que, en términos proporcionales, la situación en el Alto Aragón adquiere una mayor dimensión.
La diputada también ha señalado que esos datos no reflejan la totalidad de las actuaciones desarrolladas por la Inspección Educativa, ya que, según afirma, algunos procedimientos no llegaron a convertirse en expedientes disciplinarios. A su juicio, esta circunstancia hace pensar que la dimensión real del problema podría ser incluso mayor.
En este contexto, Lasobras ha cuestionado la gestión de la Inspección en la provincia y ha reclamado explicaciones sobre la continuidad del actual inspector jefe. "Es imprescindible que el Gobierno de Aragón explique a qué se debe una diferencia tan acusada de expedientes entre Huesca y el resto de Aragón y por qué la consejera continúa protegiendo al inspector jefe de Educación de Huesca después de más de dos años consecutivos de polémicas, conflictos y actuaciones que generan un enorme malestar en la comunidad educativa".
Asimismo, la portavoz de CHA ha defendido que la Inspección Educativa debe centrarse en el apoyo a los centros y no en generar un clima de confrontación. "La Inspección Educativa debe ser una herramienta de mejora y acompañamiento a los centros, no un elemento generador de conflictos permanentes. Lo que estamos viendo en Huesca deteriora la confianza de los equipos docentes y directivos y perjudica el normal funcionamiento de los centros educativos".
La proposición no de ley solicitará al Gobierno de Aragón que explique las diferencias en la actuación disciplinaria entre provincias, impulse una evaluación independiente de la actuación de la Inspección Educativa en Huesca, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y adopte las medidas necesarias para recuperar la confianza y la seguridad jurídica de los profesionales de la enseñanza pública aragonesa.