Los comerciantes del sector del mueble de Huesca preparan acciones de protesta contra una nueva normativa municipal que, según denuncian, les obliga a asumir costes adicionales por la gestión de residuos que en realidad pertenecen a sus clientes. “Nos están haciendo pagar por tirar lo que no es nuestro”, resume Isidro Martínez, portavoz del colectivo, que agrupa a seis tiendas de mobiliario de la ciudad unidas por esta reivindicación común.
Hasta ahora, estos comercios podían llevar al Punto Limpio los muebles retirados a los clientes que adquirían productos nuevos, como sofás, colchones, habitaciones completas o armarios. "Todo el mundo nos dice que le retiremos lo viejo", apunta. Era una práctica habitual y, según explican, beneficiosa para todos.
"Hacemos el favor de retirárselo porque, efectivamente, hay un servicio en el Ayuntamiento, l que hay que llamar los miércoles y lo pueden bajar al contenedor. Si es poca cosa, está bien, pero si es mucho es un problema y además hay una limitación de bultos". Los comerciantes recogían los muebles y los llevában al Punto Limpio directamente. "Nos cuesta nuestro tiempo, nuestro trabajo de llevarlo, pero, al final, le hacemos un favor al cliente y entendíamos que le hacíamos un favor al Ayuntamiento, porque nadie deja voluminosos en el contenedor", señalan.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa municipal, las empresas del sector ya no pueden acceder al Punto Limpio, y están obligadas a llevar esos residuos al vertedero, donde deben pagar una tasa de entrada y otra por tonelada descargada, además del tiempo y transporte que supone.
“Nos obligan a hacer un papeleo y a subir al vertedero a pagar, pero esos muebles no son nuestros residuos. El único residuo que generamos como empresa es el embalaje de los productos que vendemos, y para eso ya pagamos el servicio de basuras”, señala el portavoz. "En el Punto Limpio podría dar el nombre y DNI de mi cliente y corroborar que tiro sus residuos, que no son los míos, pero ni eso podemos hacer", lamentan.
Los comerciantes aseguran que esta medida no solo es injusta, sino que perjudica directamente al consumidor, ya que les obligaría a cobrar un recargo adicional. “Vamos a tener que explicar al ciudadano que les tenemos que cobrar una tasa de reciclaje porque el Ayuntamiento nos obliga a pagarla. Y yo no voy a pagar algo que no produzco yo”, afirma Martínez.
“No descartamos movilizarnos, porque la alternativa es cobrar ese coste al cliente, pero ya estamos repercutiendo algo más y desfavoreciendo al comercio", consideran.
Ponen de manifiesto la dificultad para muchas personas en gestionar por sí mismas los voluminosos. “La solución que nos dan los técnicos municipales es que el cliente baje el sofá viejo al contenedor el miércoles por la noche. Pero, ¿qué le digo a una pareja de personas mayores? ¿Que bajen una habitación entera? No es ni medio normal”, denuncia el portavoz.
El sector del mueble asegura haber intentado buscar una solución con responsables municipales. “Mandamos una carta al Ayuntamiento para pedir una reunión y no se han dignado a contestar. Si alguien con un poco de sentido común nos escuchara, entendería la situación”, lamenta Martínez, que recuerda que la normativa “desfavorece al ciudadano y al comercio local” y pide “darle una vuelta” para ajustarla a la realidad del sector.
Los comerciantes comparan su situación con la de otros oficios que sí generan residuos propios, como talleres o carpinterías, que disponen de sistemas de gestión específicos. “Nosotros no manufacturamos nada, no generamos desperdicios. Simplemente ayudamos al cliente a deshacerse del mueble viejo cuando le entregamos el nuevo”, argumenta.
La queja del sector también apela al sentido práctico. “¿Para qué sirve el Punto Limpio a los ciudadanos? ¿para llevar un secador bajo el brazo o un microondas en el coche? Porque un armario o un somier no cabe en el coche”, ironiza. “Es tan contradictorio que si yo, como ciudadano, quiero tirar algo de mi casa y lo llevo en mi furgoneta, no me dejan entrar porque dicen que soy empresa”, añade.
Mientras el Ayuntamiento mantiene en vigor la normativa y no ha dado respuesta a su petición de reunión, los seis comercios de Huesca afectados estudian acciones de protesta y una campaña informativa dirigida a los clientes. “Queremos explicarles que esto no es una decisión nuestra. Es una norma que nos impone el Ayuntamiento y que perjudica tanto al comercio como al ciudadano”, concluyen.