Decenas de personas han participado este viernes en una concentración convocada por la Plataforma de Vivienda de Huesca para reclamar el derecho a la vivienda y animar a organizarse para conseguir que sea una realidad “entre todas y para todas”. Los asistentes a la movilización, celebrada en la plaza de Navarra, han coreado el lema que les ha reunido, "La vivienda nos cuesta la vida. Por un parque público de alquiler".
Antes de finalizar varios ciudadanos han tomado la palabra para denunciar distintas situaciones. Una de ellas, se ha referido a que se han producido cambios en el padrón que, según ha señalado, exige ahora el permiso del propietario para empadronarse en una vivienda de alquiler. Además, un joven ha expuesto que, desde el desalojo de los pisos de la plaza Santa Clara, viven en un hotel porque su familia no ha encontrado un piso de alquiler, y otra persona que ha puesto de manifiesto la falta de oferta, en este caso para una mujer con hijos que tiene que dejar la casa que ahora ocupa.
Los manifestantes han portado dos grandes pancartas, con los lemas “La vivienda es un derecho, no un negocio” y “Por la dignidad de los barrios”, que han estado acompañadas por multitud de carteles con mensajes como “Por la dignidad de la vivienda, contra la especulación”, “Techo de menos”, “Vivienda digna en nuestra ciudad”, “Se alquila para especular”, “Los turistas al hotel, las viviendas para vivir”, “Ni alquileres por las nubes ni sueldos por los suelos” y “Es más fácil llegar a la luna que a una vivienda digna”.
El manifiesto leído durante la concentración, la plataforma recordando que “la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica”.
Asimismo, ha remarcado que el derecho a la vivienda está reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, pero ha denunciado que, en la práctica, “se ha convertido en un derecho inaccesible para amplias capas de la población”. El texto ha puesto el foco en dificultades como destinar más de la mitad del salario al alquiler, la imposibilidad de emancipación de los jóvenes, la discriminación en el acceso y la incertidumbre ante la renovación de contratos.
Asimismo, el colectivo ha criticado las políticas del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, a los que acusa de “dejar que el mercado campe libremente sin control, favorecer a los promotores privados y dar más a quien más tiene con los impuestos de todas", mientras el Gobierno de España "se agota en anuncios y promesas que, después de 8 años de mandato, solo demuestran su impotencia”.
Frente a ello, han reclamado medidas como la limitación de precios del alquiler, la paralización de desahucios, el aumento del parque público de vivienda, la penalización de viviendas vacías o la expropiación en casos más graves de incumplimiento de la función social de la propiedad.
La concentración ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía a organizarse en asamblea abierta para seguir impulsando acciones colectivas. “La vivienda nos cuesta la vida. Por un parque público de alquiler”, han reivindicado, insistiendo en la necesidad de una respuesta social y política que garantice el acceso a un hogar digno “entre todas y para todas”.
DENUNCIAS CIUDADANAS
Durante la concentración, varios participantes denunciaron nuevas dificultades sobre la vivienda. Según ha explicado la primera interviniente, aunque la normativa no ha cambiado, en la práctica se estaría exigiendo "la autorización de la propiedad para inscribir en el padrón a personas que viven de alquiler". Ha añadido que esta situación deriva de un mayor control tras detectarse empadronamientos fraudulentos, lo que ha llevado a solicitar documentación adicional.
Ha advertido de que, "en este contexto tan poco favorecedor de la vida, la propiedad pueden decir y dice en muchos casos que no", lo que tiene.consecuencias de esta práctica, ya que el padrón es imprescindible para acceder a servicios básicos como la escolarización o la atención sanitaria. Ha reclamado finalmente una respuesta colectiva ante esta situación y ha surgido una posibilidad planteada por otra de las asistentes, que ha animado a quienes sean propietarios de viviendas a facilitar el empadronamiento.
“No supone nada, no hay ningún peligro -ha dicho-, lo único que estamos manifestando es que esas personas que están en Huesca, sus hijos van al cole, utilizan la sanidad pública. Al final el padrón es un derecho, pero también es una obligación de los municipios y les sirve también para contabilizar qué servicios públicos necesitan. No incurrimos en ninguna falsedad, así que animo a todo el mundo que sea propietario o propietaria a que no le dé miedo empadronar”.
La falta de acceso a la vivienda fue otro de los problemas más repetidos. Un participante ha relatado el caso de una mujer con dos hijos a punto del deshacio. "Hemos encontrado más de 20 avisos de se alquila, pero cuando vamos a rellenar la documentación, nos dicen que es para estudiantes. No se le alquila a nadie que no sea estudiante. También ha denunciado que se exige que el alquiler esté avalado por empresas, lo que deja fuera a muchas familias, y que quedan fuera personas inmigrantes. “La situación está muy compleja. He encontrado gente durmiendo en el parque”, ha asegurado.
El testimonio de un joven reflejó la situación de una familia afectada por el desalojo de los pisos de la plaza Santa Clara, que lleva seis meses viviendo en hoteles sin encontrar una alternativa habitacional. Según ha indicado, destinan más de 2.000 euros mensuales a alojamiento temporal para seis personas, y afrontan ahora el riesgo inminente de quedarse sin ninguna solución.
Desde la Plataforma de Vivienda ha hecho un llamamiento a propietarios con viviendas vacías para que las pongan en alquiler y se ofrezcan como alternativa para familias en situación de vulnerabilidad. “Hay cientos de personas buscando una habitación o un piso y no lo encuentran”, señalaron.
Finalmente, el colectivo ha animado a la ciudadanía a implicarse y participar en sus reuniones, que se celebran el último martes de cada mes, con el objetivo de seguir impulsando acciones en defensa del derecho a la vivienda.