La Delegación del Gobierno en Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) han mantenido una reunión este martes con un importante número de alcaldes de la provincia interesados en abordar la implantación de videocámaras de seguridad en sus municipios. El objetivo del encuentro ha sido explicar el procedimiento y contestar las dudas que suscita este proceso para los regidores municipales.
Desde ambas instituciones han animado a llevar adelante estos proyectos, que han ayudado a resolver muchos problemas en la comunidad. “Hay una relación directa causa efecto en la instalación de las cámaras y la disminución de las tasas de criminalidad”, ha comentado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, al que ha acompañado el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, por su parte, ha anunciado que se está elaborando un plan de seguridad territorial con dos líneas de trabajo. Por un lado, “la asistencia técnica con un protocolo para todos los alcaldes de la provincia sobre cómo desarrollar e implantar sus sistemas de videovigilancia", y por otro, "dotar a los municipios de una ayuda económica para adquirir esos equipos de videovigilancia. Ese plan de seguridad territorial ya se incluye en los presupuestos de 2024”, con 50.000 euros de partida inicial, que “complementaremos -ha señalado- cuando estén determinadas las necesidades de los municipios de menos de 1.000 habitantes, y que verá la luz en las próximas semanas”.
La reunión se ha celebrado en el salón de actos de la DPH con un amplio grupo de interesados. Entre ellos, el alcalde de Lalueza, Julio Sampériz, ha mostrado interés en instalar nueve cámaras para controlar las entradas en los núcleos de su término municipal, que incluyen también San Lorenzo del Flumen y Marcén, además de tener protegidas las instalaciones municipales, como las piscinas, donde entraron hasta tres veces a robar este verano, además de tirar el mobiliario a la piscina.
Los robos se han producido principalmente en granjas, pero también se han registrado otro tipo de actos vandálicos, como sustraer el ciervo que adornaba el árbol de Navidad y tirar los contenedores al suelo, como también ocurrió en Sodeto y Poleñino.
Biescas también trabaja para poner cámaras en la zona deportiva y “en centro del pueblo, donde más actos vandálicos se producen, sobre todo en verano”, ha señalado la alcaldesa, Nuria Pargada. “Al no tener policía local, como en los pueblos de alrededor, si tienes un problema y tienes la suerte de que está cerca la patrulla Guardia Civil, llega en seguida, pero si no, tarda. Es un problema y creemos que las cámaras lo pueden solucionar”, ha dicho.
El delegado del Gobierno en Aragón ha apuntado que las videocámaras de seguridad tienen, por un lado, la potencialidad de ser un elemento disuasorio. Un cartel de zona videovigilada representa un elemento de disuasión para potenciales personas que vayan a cometer un hecho ilícito”, ha señalado. “Por otro lado, es un elemento fundamental de investigación. En Aragón son numerosos los problemas que se han resuelto visionando cámaras y sabiendo las entradas de personas y vehículos. Es una herramienta valiosa para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Beltrán ha detallada que las oleadas de robos en Aragón se producen fundamentalmente por bandas itinerantes que actúan y abandonan el territorio. “Es lo que más nos preocupa porque las investigaciones son más complejas. En este momento, estamos fundamentalmente muy centrados en Los Monegros y la zona de Valdejalón. Afortunadamente -ha continuado-, en Aragón tenemos unas de las tasas de esclarecimiento más altas. Comparado con la media española, estamos 14 puntos porcentuales por encima”.
Como ha detallado el delegado del Gobierno, actualmente hay 16 municipios con cámaras instaladas en Huesca y cinco a la espera de que se reúna la Comisión de Videovigilancia” para autorizar las peticiones. “Lo que pretendemos es incrementar ese número porque sabemos de otros alcaldes y alcaldesas que tienen interés y, a falta de solucionarles las dudas sobre la operatividad de las solicitudes, esperamos que ese número se vea aumentado próximamente”.
Para Claver, la jornada celebrada en su sede a iniciativa de la Delegación del Gobierno “es muy importante”. “Para nosotros, la seguridad en el territorio es esencial para dar vida a nuestro entorno rural, para que nuestros vecinos se sientan seguros y nuestra actividad profesional se pueda desarrollar en paz y con una pacífica convivencia. Por eso -ha señalado-, estamos convencidos de que las nuevas herramientas digitales, como los sistemas de videovigilancia, son muy útiles y son disuasorias de todos los efectos nocivos que vivimos de la criminalidad”.
Según ha señalado, “tenemos casos de éxito. Donde se han instalado sistemas de videovigilancia la criminalidad ha disminuido”, y se ha referido al apoyo de la DPH a los municipios a través del plan de seguridad territorial. “Nuestra finalidad como Diputación Provincial es dar voz a los alcaldes, es sentir sus preocupaciones y ayudar en la medida de los posible a que una de sus máximas preocupaciones, como es la seguridad en el territorio, la podamos combatir entre todos”.
Claver ha añadido que “un equipo de videovigilancia no es sustitutivo a la gran labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí que es complementario y ayuda en mucho a que puedan desarrollar una gran labor”.
IMÁGENES EXCLUSIVAS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
En la reunión mantenida con los alcaldes, Fernando Beltrán ha explicado los efectos beneficiosos de la videovigilancia, “de los que ya se benefician muchos municipios de la comunidad autónoma y que queremos -ha señalado- extender y animaros a la implantación”.
Ha aclarado que los equipos son “videocámaras instaladas en lugares públicos para que las imágenes que graben sean utilizadas únicamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, que las reclaman cuando hay un hecho ilícito en el municipio. En este sentido, ha remarcado que el acceso a las imágenes no es libre, “preserva fundamentalmente el reglamento general de protección de datos y no violar el derecho de intimidad de las personas. Se dan las máximas garantías de que nadie va a intentar hurgar en la vida personal de nadie y que nadie las va a poder emplear para incordiar a otro”, ha indicado.
“Hablamos de cámaras que genéricamente pueden instalarse en vías públicas de municipios, en las entradas y salidas, zona de acceso a piscinas, a un almacén de municipal, un vertedero o a un polígono donde puede haber instalaciones de cobre…”, ha detallado.
Otro aspecto que ha trasladado Beltrán es que “es bueno entrar en contacto con compañía instaladora, que ya están haciendo este tipo de proyectos en diferentes municipios, y saben dónde y cómo se instalan”. Ha añadido que los sistemas de videograbación que almacenan las imágenes tienen que estar en una dependencia a la que nadie tenga acceso, un armario de comunicaciones”, cuya llave se guarda en la Guardia Civil o la Subdelegación del Gobierno.
Ha dado también importancia a la proporcionalidad. “En un municipio de 70 habitantes censados no se pueden poner 70 cámaras, debe ser un proyecto razonable. Se puede empezar con 3 o 4 cámaras en zonas relevantes. A partir de ahí, como ha pasado, se pueden ir pidiendo ampliaciones con otras necesidades que vayan surgiendo".
Las peticiones se analizan en la Comisión de Garantía de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA”, y que integran la fiscal superior, un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, un abogado del Estado y el secretario general de la Delegación del Gobierno. A la reunión se invita al alcalde o alcaldesa que ha hecho la propuesta, o en quien delegue, para poder aclarar las dudas.
Esta comisión se reúne una vez al mes -salvo en diciembre y a veces en agosto- y actualmente tiene en su registro cinco peticiones en espera de ser autorizadas de la provincia de Huesca y otras en distintas fases del proceso. “No vamos demasiado mal en el momento procesal de las que tenemos pendientes”, ha señalado. La espera es actualmente de dos o tres meses, “a no ser que fruto reunión lleguen un número importante de solicitudes, que ojalá”, ha señalado Beltrán.
Los alcaldes han planteado dudas sobre dónde poder ubicar las cámaras o cuánto tiempo se guardan las imágenes. En este sentido, el alcalde de Sopeira, Manuel Iglesias, ha puesto de manifiesto que en su municipio, con muchas segundas residencias, es posible que tarde en descubrirse un robo varios meses, por lo que ha sugerido ampliar el periodo antes del borrado, algo que ha considera interesante Beltrán También se han planteado dudas sobre el tipo de cámaras que son necesarias y sobre su calidad, porque, como ha ocurrido en una localidad, la falta de nitidez ha hecho inservibles para la Guardia Civil las imágenes grabadas.
Otro primer edil ha planteado dudas sobre cámaras que instalan vecinos enfocando a la calle, a lo que el delegado del Gobierno ha apuntado que puede ser denunciado a la Guardia Civil -que no pude actuar de oficio en estos caos- y que conlleva multas importantes.