Los vecinos de Salillas y Huerto se han concentrado este viernes, 2 de enero, en la Plaza Cervantes, ante la Subdelegación del Gobierno, para reiterar su rechazo a las obras de los sectores X y XI del Canal del Flumen, ya en ejecución en sus términos municipales y parcelas agrícolas.
La movilización ha sido la decimoséptima concentración que han protagonizado desde que comenzó el conflicto hace casi tres años. A lo largo de la mañana, vecinos, agricultores, propietarios y regantes de ambos municipios se han reunido en el centro de Huesca para visibilizar una protesta sostenida en el tiempo y que, según han denunciado, no ha encontrado respuesta efectiva por parte de las administraciones competentes.
El acto ha comenzado a las 11.00 horas y, una hora después, se ha procedido a la lectura pública de un manifiesto, que ha corrido a cargo de Miguel Bergua, presidente de la Comunidad de Regantes A-19-20. Durante su intervención, ha advertido de que el inicio de las obras ha marcado “un punto de no retorno”, al haberse pasado de los proyectos administrativos a la ocupación efectiva del territorio.
En el manifiesto, los concentrados han señalado que, tras más de tres años de oposición, la situación ha cambiado de forma sustancial. “Ya no hablamos de proyectos ni de promesas”, se ha leído, sino de “máquinas entrando en nuestras tierras, zanjas abiertas y campos atravesados”, con daños que han calificado de irreversibles para la actividad agraria y el paisaje.
El texto ha detallado el impacto directo del proyecto sobre Salillas y Huerto, con referencias a balsas de grandes dimensiones, tuberías que atraviesan regadíos productivos, tierras dañadas y fincas que pierden valor. Los vecinos han insistido en que sus pueblos no son beneficiarios del proyecto, aunque sí están asumiendo sus consecuencias económicas y territoriales.
“Mientras unos se ahorran dinero, otros lo perdemos todo”, se ha afirmado en el manifiesto, rechazando que la situación pueda justificarse en nombre de la solidaridad entre regantes o del progreso. Los afectados han definido las obras como la imposición de un beneficio privado a costa del territorio ajeno, una idea que ha centrado buena parte de la protesta.
Durante la lectura también se ha denunciado que el proyecto se está modificando durante su ejecución, sin explicaciones claras ni controles visibles. A juicio de los concentrados, esta forma de actuar responde a la voluntad de finalizar las obras dentro de plazo para asegurar la subvención, aun a costa de incrementar el impacto sobre los pueblos afectados.
El manifiesto ha subrayado que el conflicto ha dejado de ser únicamente técnico o administrativo para convertirse en un problema político y social. Los vecinos lo han calificado como un abuso de poder y como un ejemplo del desprecio al medio rural, al tomarse decisiones “desde despachos lejanos” que se ejecutan sobre el terreno sin consenso.
En este contexto, se ha recordado que siguen abiertos procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas cautelares. Los afectados han denunciado que el avance de las obras responde a una estrategia de hechos consumados, orientada a condicionar futuras resoluciones judiciales.
La responsabilidad de la situación, según el texto leído, ha recaído en las administraciones públicas, y de manera especial en el Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Ebro. A ambas se les ha reprochado no proteger ni la legalidad ni a los ciudadanos afectados, permitiendo que el proyecto avance pese a las protestas.
Jesús Viñuales, portavoz de los afectados, ha insistido en que las reivindicaciones no han variado desde el inicio del conflicto. “Llevamos casi tres años pidiendo diálogo y acuerdo, para no ser los grandes perjudicados de un proyecto que no nos beneficia”, ha declarado.
Viñuales ha recalcado que Salillas y Huerto son comunidades de regantes en igualdad de condiciones con las zonas beneficiarias y ha lamentado que ninguna administración se haya sentado a escuchar de verdad sus propuestas. “Nos sentimos gente de segunda”, ha afirmado, al entender que la Administración se ha alineado con otros intereses.
El portavoz ha vinculado el avance de las obras con una presión indirecta sobre la justicia, al dificultar cualquier marcha atrás una vez ejecutados los trabajos. Ha sostenido que, de haberse producido antes un pronunciamiento judicial, se habría abierto un diálogo real con los afectados.
La concentración se ha cerrado con el compromiso de mantener las movilizaciones y la vía judicial. Los vecinos han reiterado que no van a aceptar más silencios ni excusas y han proclamado que seguirán defendiendo su territorio. “No somos un territorio de sacrificio”, han insistido, subrayando que el diálogo solo es posible si se detienen las obras y se reconsidera el proyecto.