Un grupo de docentes del IES Ramón y Cajal de Huesca ha expresado su rechazo a las explicaciones ofrecidas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que negó coacciones y atribuyó su intervención a supuestas deficiencias en la evaluación de un departamento del instituto.
Estos profesores, ajenos al área señalada, sostienen que “no hay deficiencias en el proceso de evaluación/calificación del departamento nombrado” y defienden que “la programación y proceso de evaluación/calificación cumple normativa”. A su entender, el origen de la discrepancia se encuentra en una “diferencia de interpretaciones de la normativa” entre el servicio de Inspección y los departamentos didácticos.
Recuerdan que el centro ya fue objeto de revisión el curso pasado y que entonces “dieron el visto bueno” a las programaciones y herramientas aplicadas. En el presente ejercicio, explican, “se pidieron una serie de cambios que también se hicieron”, pero posteriormente se han vuelto a cuestionar.
Las críticas se dirigen al servicio de Inspección, "que no se aclara" y al que atribuyen criterios cambiantes. Según indican, “lo que es aceptable para un inspector no lo es para el siguiente que llega” y denuncian que “cada tres meses se solicitan cambios”, en ocasiones en momentos clave del calendario académico y “bajo amenaza de sanción administrativa si no se realizan”.
El colectivo subraya que el departamento afectado ha asumido todas las modificaciones planteadas hasta ahora, aunque advierte de un creciente desgaste. “Ha llegado el momento que da la impresión de que ni el propio cuerpo de Inspección sabe qué quiere”, señalan, insistiendo en que las exigencias planteadas “no son aplicables al día a día en el aula, no lo hace ni lo puede hacer ningún departamento”.
Este contexto ha derivado en una situación de “hartazgo y cansancio”, en la que el profesorado reclama ser escuchado. Recuerdan que su labor “va mucho más allá de la evaluación y calificación” y reivindican su papel como especialistas en cada materia.
También advierten de las consecuencias en el alumnado. Según explican, “entre tanto cambio y su aplicación en el aula, no da tiempo a ver los contenidos del nivel como el docente cree que sería necesario”. Pese a ello, trasladan tranquilidad a las familias y aseguran que el objetivo es que los estudiantes alcancen “los aprendizajes que tienen que hacer correspondiente a su edad y nivel en las mejores condiciones”, aunque denuncian trabajar “bajo presión” y con una reducción de 37.000 euros en el presupuesto, "que supone un 26 % menos" respecto al curso pasado, pesar de que el departamento de Educación niegue este último extremo.
En este escenario, consideran que la Dirección Provincial debería intervenir “poniendo orden en ese servicio de Inspección”, garantizando “unos criterios claros de actuación en el asesoramiento” y evitando que estos sean “variables según quién aparezca por el centro”. Recuerdan además que la junta de personal ha denunciado en varias ocasiones esta situación, “incluso pidiendo la dimisión de la directora provincial”, sin que haya habido respuesta.
Por último, alertan de un clima interno condicionado por la cautela. En este sentido, recuerdan que el último docente que presentó un escrito fue amonestado, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que “compañero que habla, compañero que señalan”.