El Gobierno de Aragón ha defendido la independencia de la Inspección Educativa, la seguridad jurídica y el diálogo con la comunidad educativa ante la huelga convocada para el miércoles 14 de octubre de 2026 en Huesca y su provincia. El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades respeta el ejercicio de este derecho fundamental y ha establecido los servicios mínimos para garantizar la atención del alumnado y el funcionamiento de los centros durante la jornada.
El Ejecutivo sostiene que la autonomía de la acción inspectora frente a presiones o injerencias constituye una garantía para la equidad del sistema educativo y la protección del profesorado. Por ello, asegura que velará por la independencia de los cuerpos de inspección y del conjunto de los empleados públicos, a quienes exige actuar con criterios de objetividad, autonomía y respeto a los derechos de la ciudadanía.
Respecto a la situación de la Inspección Educativa en Huesca, el Departamento niega que existan siete expedientes vinculados al IES Ramón y Cajal, como se ha señalado en el marco del conflicto. Según la información que ya trasladó en sede parlamentaria, únicamente consta un expediente sin resolver y dos apercibimientos, de los cuales solo uno concluyó con una sanción por falta leve.
La Administración cifra en el 0,41 % de la plantilla el porcentaje de docentes afectados por la tramitación de expedientes disciplinarios en la provincia. El dato, según la información oficial, figura en la memoria de la Dirección de la Inspección Educativa correspondiente al curso 2025-2026.
La consejera y la Dirección Provincial de Educación defienden que los procedimientos disciplinarios son independientes y subsidiarios, y que responden al incumplimiento de deberes administrativos o de las normas específicas que regulan al personal público. Asimismo, aseguran que se han anulado de oficio las sanciones en las que se detectaron defectos formales en la incorporación de alegaciones, como parte del compromiso con las garantías procedimentales.
El Departamento también rechaza que el expediente disciplinario al que aluden la oposición y los sindicatos constituya un ataque a la libertad sindical. Según su versión, el procedimiento se abrió por la presunta vulneración de una obligación fundamental del funcionario afectado: la protección de los derechos de un menor. La tramitación permanece suspendida hasta que la Inspección General de Servicios concluya la investigación solicitada por los sindicatos hace dos semanas.
En relación con las reivindicaciones sobre simplificación burocrática, unificación de criterios de supervisión entre Huesca, Zaragoza y Teruel y clarificación de las programaciones LOMLOE, el Ejecutivo considera que deben tratarse en el ámbito autonómico.
La Consejería afirma que mantiene abiertas las vías de interlocución en la Mesa Sectorial de Educación y que ha trabajado en una propuesta de compromisos concretos para aportar certidumbre documental y reforzar el acompañamiento pedagógico en las aulas aragonesas.
La respuesta se produce ante la huelga convocada por CSIF, CGT, HUSTE-STEA, CCOO, UGT y ANPE, que reclaman cambios en el funcionamiento de la Inspección Educativa oscense, criterios homogéneos y garantías para el profesorado. Los sindicatos han programado una concentración a las 12.00 horas en la plaza de Cervantes y una manifestación a las 18.00 horas, con salida desde la plaza de Santo Domingo de Huesca.