La asociación Guarguera Viva celebra que el proyecto de vía asfaltada entre Bara y Las Bellostas tenga que someterse de nuevo a evaluación ambiental, al considerar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente presenta “muchos fallos e irregularidades” y que las modificaciones introducidas obligan a replantear íntegramente la actuación.
El colectivo sostiene que uno de los principales problemas del expediente es que la DIA fue aprobada fuera de plazo, circunstancia que, a su juicio, “ya la invalidaba”. A ello se suma que el proyecto ha sufrido cambios sustanciales desde su formulación inicial, como el incremento del presupuesto, que ha pasado de 4 a 8 millones de euros, o la incorporación de actuaciones no contempladas originalmente, entre ellas un nuevo puente sobre el río Isuala y varios pasos con vados hormigonados en cauces fluviales.
Desde la asociación advierten también de que el volumen de movimiento de tierras se ha triplicado respecto al proyecto inicial y que no se evaluó el impacto que supondría facilitar el acceso masivo de vehículos a un espacio natural protegido. En este sentido, alertan de que la experiencia en otros enclaves de la provincia demuestra que la apertura de accesos puede derivar en una mayor presión ambiental, con visitantes que “no respetan el entorno”, generando residuos y afecciones al medio sin retorno para el territorio.
Guarguera Viva considera que la repetición del examen ambiental es una "oportunidad para corregir deficiencias" y pide que se realice con rigor. El colectivo reclama “un examen riguroso” que marque diferencias con etapas anteriores y cuestiona la gestión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el momento en que se aprobó la actual declaración, a la que califica como una “chapuza de DIA en vigor”. Asimismo, exige que el nuevo estudio tenga en cuenta las alegaciones presentadas en su día por asociaciones y que, según denuncian, “nunca fueron consideradas ni contestadas”.
La entidad muestra además su preocupación por la posibilidad de que se tramite una evaluación ambiental simplificada limitada a una de las infraestructuras previstas, lo que considera inviable desde el punto de vista legal y técnico. A su juicio, “debe anularse la DIA actual” y, si se pretende continuar con el proyecto, sería necesario redactar uno nuevo que integre todas las modificaciones y someterlo a “una nueva evaluación ambiental completa desde cero”.
Más allá del procedimiento administrativo, la asociación rechaza la construcción de esta carretera por su impacto potencial en el entorno, al que define como “el mayor espacio protegido de Aragón”. Sus integrantes defienden un modelo de desarrollo basado en el turismo sostenible y denuncian la "falta de atención" institucional al valle de la Guarguera, donde, pese a estar en el área de influencia del parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara, aseguran que “no hay ningún centro de interpretación” y que ni siquiera son informados de las reuniones del patronato.
En este contexto, reclaman que los recursos públicos se destinen a mejorar infraestructuras ya existentes, como la carretera A-1604, eje de comunicación fundamental para los habitantes de la zona, que lleva años pendiente de actuaciones de mantenimiento. Por ello, consideran “de sentido común” invertir los 8 millones previstos en resolver las necesidades de los pueblos habitados y en acondicionar pistas rurales para garantizar el acceso de servicios y ganaderos, en lugar de impulsar una nueva vía.
La asociación ha trasladado estas reivindicaciones al consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, con la esperanza de que "se tenga en cuenta la experiencia de quienes viven en el territorio" y se adopten decisiones que permitan mejorar las condiciones de vida sin comprometer el equilibrio ambiental de la zona.