El historiador Nicolás Sesma considera que la reciente desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado del 23-F supone "un avance en materia de transparencia", aunque no aporta novedades sustanciales sobre la preparación del intento golpista.
El investigador, autor del libro Ni una ni grande ni libre, señala que la mayor parte de los papeles conocidos se refieren a esa misma jornada o a acontecimientos posteriores al 23 de febrero de 1981, por lo que "las principales incógnitas sobre la gestación del golpe siguen abiertas". También sostiene que "la sociedad actual está preparada para analizar con normalidad episodios complejos del pasado".
A su juicio, la documentación publicada permite aclarar algunos detalles sobre el desarrollo del golpe y sus consecuencias, aunque su alcance es limitado para explicar la preparación del 23-F.
Uno de los principales problemas para los analistas, apunta, es la "ausencia de un inventario completo de documentos sobre el 23-F". Sin ese listado, “resulta imposible saber qué información existe realmente o qué materiales pudieron desaparecer con el tiempo”.
Muchos de esos textos aparecen ahora en su formato original. En su opinión, el material sirve sobre todo para confirmar tendencias o matizar algunos aspectos, pero no para modificar el relato histórico del golpe. “No hay grandes novedades”, resume Nicolás Sesma.
DOCUMENTOS POSTERIORES AL 23-F
Según explica el experto, el principal problema de la desclasificación es que los papeles publicados se concentran casi exclusivamente en lo ocurrido a partir del 23 de febrero de 1981. “Más que sobre el 23-F, sería sobre su desarrollo y las consecuencias que luego pudo tener”, señala. "Los documentos difundidos apenas aportan información sobre la preparación del golpe, el complot previo o la organización de los distintos planes que se estaban gestando".
El investigador advierte asimismo que la ausencia de registros previos no significa necesariamente que no existan. Parte de esa información pudo quedar archivada bajo otras denominaciones, ya que numerosos informes se elaboraron antes de que el intento golpista se produjera y, por tanto, no necesariamente fueron clasificados bajo la referencia del 23-F. “Yo no puedo pedir un documento que no sé que existe”, explica Nicolás Sesma.
Esta circunstancia complica la reconstrucción de los meses previos al intento golpista. Recuerda que quienes estudian estos acontecimientos trabajan con el material conservado en los archivos, lo que obliga a reconstruir los hechos con la información disponible, a menudo de forma fragmentaria.
En su opinión, tratándose de una conspiración, es habitual que la documentación sea escasa. “Si tú te juntas para preparar algo ilegal, no levantas un acta con la fecha y los asistentes”, ironiza. Aun así, considera probable que existieran informes de los servicios de información sobre los movimientos golpistas, aunque ninguno de esos documentos ha aparecido en esta desclasificación.
LAGUNAS EN LOS ARCHIVOS
Según el investigador, los servicios de información probablemente conocían la existencia de conspiraciones en el ámbito militar antes de ese día. “Sería razonable pensar que elaboraran informes dirigidos al Gobierno o al Ministerio de Defensa”. Sin embargo, ninguno de esos documentos ha aparecido en la reciente desclasificación, lo que resulta llamativo. “Si no existían, lo que indicaría sería su incompetencia”, afirma Nicolás Sesma.
Sesma considera además difícil creer que no haya más documentación sobre aquellos acontecimientos. El experto recuerda que, durante las horas en que el Gobierno permaneció retenido en el Congreso, se constituyó un gabinete provisional integrado por subsecretarios y presidido por el entonces director general de Seguridad del Estado, Francisco Laína. Aquel ejecutivo de emergencia funcionó durante unas catorce horas, pero no se ha hecho pública ninguna documentación generada en ese periodo. “A mí me parecería extraño”, apunta.
TRANSPARENCIA Y LEY DE SECRETOS OFICIALES
El historiador oscense interpreta la desclasificación como un gesto político orientado a reforzar la transparencia institucional. A su juicio, la publicación de estos documentos coincide con el debate sobre la reforma de la ley de secretos oficiales y responde a la voluntad de mostrar una mayor apertura en el acceso a los archivos. No obstante, advierte de que este tipo de decisiones no debería depender de iniciativas puntuales de un gobierno. “La sociedad tiene derecho a poder acceder a la documentación con transparencia una vez pasado un tiempo prudencial”, sostiene.
En este contexto, Nicolás Sesma recuerda que la ley de secretos oficiales lleva años pendiente de reforma en los ámbitos académico y político, aunque su aprobación continúa bloqueada por la falta de mayoría parlamentaria. Una normativa de este tipo permitiría automatizar la desclasificación de documentos históricos tras un plazo determinado y evitar que el acceso a los archivos dependa de decisiones coyunturales del Ejecutivo.
EL PAPEL DE JUAN CARLOS I
En cuanto a la figura de Juan Carlos I, considera que la documentación desclasificada refuerza su actuación durante la crisis del 23-F. Los papeles conocidos muestran a un jefe del Estado contrario al golpe desde el primer momento, por lo que su comportamiento institucional aparece respaldado.
Subraya, no obstante, que la falta de información previa al 23 de febrero de 1981 impide aclarar algunos aspectos del contexto político de aquellos meses, pero matiza que el hecho de “que falte documentación no significa necesariamente una acusación contra Juan Carlos”.
Sesma explica que parte de las sospechas sobre el papel de Juan Carlos I se originan en la crisis política previa al golpe y, en particular, en la dimisión de Adolfo Suárez. El deterioro de la relación entre ambos y la pérdida de apoyos del presidente dentro de su propio partido alimentaron la idea de que algunos sectores del sistema político deseaban acelerar su salida del Gobierno. “Eso no quiere decir que forzarla significara dar un golpe de Estado”, estima.
El investigador recuerda además que “cualquier acontecimiento histórico mantiene siempre zonas de sombra”. Afirma que pretender que un episodio como el golpe de Estado del 23-F quede completamente esclarecido resulta contrario al propio método historiográfico, basado en la revisión permanente de fuentes y testimonios. “La idea de que ya se ha dicho todo sobre un hecho es contraria al propio principio de la historia”, señala Nicolás Sesma. En ese sentido, considera que las lagunas documentales del 23-F siguen sin resolverse pese a la reciente desclasificación.
Pese a las limitaciones de la documentación publicada, Nicolás Sesma considera que la apertura de estos archivos supone un avance. A su juicio, "la sociedad actual está preparada para analizar con normalidad episodios complejos del pasado y acceder a materiales que ya no afectan a la seguridad nacional". En ese sentido, interpreta la desclasificación de documentos históricos como un paso más hacia una mayor transparencia institucional, acorde con las exigencias de las democracias del siglo XXI.