Paloma Delgado ha pedido a los partidos aragoneses con representación en las Cortes de Aragón que apoyen la modificación de cuatro medidas legales, dos de competencia estatal y otras tantas de potestad autonómica, para preservar la seguridad de los niños y niñas que son víctimas de la violencia de género.
La oscense, que intervino recientemente en la Comisión de comparecencias ciudadanas de las Cortes de Aragón, explicó que había decidido presentar esta iniciativa ante los representantes institucionales, al ser consciente, a raíz de su "dramática experiencia", de los "graves déficits" que existen a la hora de defender a los menores. "Creo que mi obligación es exponerlos, con el fin de que se enmienden y crear una sociedad más protectora para nuestros hijos".
Para contextualizar, explicó cuál había sido su caso. Quien era entonces su marido, el exconcejal del PP Luis Antonio Irzo, fue condenado en 2019 a 7 años de prisión por maltrato habitual a sus tres hijos menores, de 10, 14 y 16 años, y a ella. Sin embargo, no entró en la cárcel porque la pena fue conmutada, "a pesar de que no hubo arrepentimiento y nunca admitió los hechos", por 510 días de trabajo a la comunidad, "que no quiso hacer", y esto a su vez se cambió por 1.530 euros, "lo que viene a ser 382,5 euros" por cada una de las víctimas.
"Esto no es lo mas grave -siguió explicando Paloma Delgado-, lo peor fue el calvario que vivieron mis hijos, con terapias de revinculación y puntos de encuentro", cuya única función era forzar "una aproximación a su maltratador no arrepentido".
La Fiscalía solicitó la acumulación de las penas accesorias, es decir, que se aplicase la suspensión de visitas y la orden de alejamiento. "Esto hubiera sido la salvación de mis hijos y el poder empezar una vida en paz, pero se rechazó desde el juzgado y sólo se aplicó para la pena de tenencia de armas, que él no tenía".
Paloma Delgado recurrió a todas las instituciones a su alcance, y desde la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo le recomendaron que solicitara una modificación de medidas urgente, que también se rechazó. "Así que estamos a 48 horas de que esa condena con suspensión de visitas finalice", declaró.
"Han pasado más de seis años desde que interpuse la denuncia por violencia de género y maltrato a los tres menores, y seguimos viviendo con el peso del miedo, de la incertidumbre y sobre todo de la desprotección", agregó.
La oscense comentó que toda esta situación le ha llevado a reflexionar sobre cuatro "mejoras" que planteó en la sala, con la esperanza de que los grupos las tengan en cuenta y obren consecuentemente: dos necesitarían una reforma de la ley a nivel nacional, pero las otras dos serían potestad de las Cortes aragonesas.
LAS CUATRO MEDIDAS
La primera de ellas, que requeriría una elevación al Congreso, se refiere a la "aplicación de la acumulación de las penas al cometer un delito sobre varios miembros de la unidad familiar y no permitir la conmutación de pena de prisión o en su defecto trabajos en beneficio a la comunidad por multa económica en caso de maltrato o violencia de género".
Actualmente, el maltrato a un miembro de la unidad familiar tiene las mismas consecuencias que si lo comete sobre varios, cuando "la dimensión del terror implantado" no se puede considerar similar. "Con la aplicación de esta medida nos aseguramos una mayor protección de los menores convivientes afectados por el maltrato, sin tener que modificar la horquilla de las penas aplicadas y además supone un reconocimiento más justo de la magnitud del delito, porque no puede ser similar maltratar a una persona que a varias".
Sobre esta medida, dijo, se informó al gabinete jurídico del Defensor del Pueblo y a su adjunta primera y se comprometieron a estudiar la aplicación actual que tiene esta medida, porque esto ya viene recogido en el articulo 76 del Código Penal y en el 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La segunda consistiría en limitar la sustitución de las penas de prisión por multa económica. "Es necesario recordar el marcado carácter sociocultural y estructural de este tipo de violencia y, sobre todo, su elevadísima reincidencia". Paloma Delgado aludió a un estudio elaborado por Instituciones Penitenciarias, que la situaba en torno al 41 por ciento. "Es, por lo tanto, uno de los delitos que presenta una mayor tasa, sólo superado por el de robo".
Además, en unas jornadas organizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza, educadores de la macrocárcel de Zuera ponían también de manifiesto que la mayoría de estos agresores no reconocía la autoría e, incluso, se sentía víctima del sistema y de la ley.
"La finalidad de las terapias es que reconozcan el delito y el hecho cometido, y finalmente la rehabilitación, pero qué reinserción puede haber en un condenado, que ni siquiera reconoce los hechos y toda su consecuencia pasa por abonar una mínima multa. La ausencia de una medida correctora solo refuerza su previo posicionamiento como víctima del proceso", indicó.
Además, recordó que la Constitución marca el carácter reinsertivo y rehabilitador de las penas, por lo que sustituirlas por una multa económica, en estos casos, no debería estar permitido, "ya que eso no aporta rehabilitación alguna y proyecta una imagen de impunidad y minimización del delito", algo que no cabe "en una sociedad comprometida con los valores de igualdad y respeto".
Resumió que estas dos medidas pueden ser beneficiosas para las víctimas, porque aumentarían su protección y las penas se adaptarían a la dimensión del daño cometido, al tiempo que se evitaría que el agresor pudiera comprar su impunidad y evitar su rehabilitación.
TRABAJO CON MENORES
Apuntó después otras dos medidas, que podrían ser reguladas por las Cortes aragonesas. Una de ellas, se refiere a la limitación para trabajar con menores a los condenados por maltrato, algo que sólo se aplica, actualmente, a los delitos de carácter sexual. Por otro lado, demandó que no se restauren inmediatamente las visitas con los menores, tras una condena firme que incluya su suspensión, sin una valoración previa iniciada por el propio juzgado. Pidió a los parlamentarios que imaginaran si estarían tranquilos si "el profesor de sus hijos estuviera condenado por maltratar a los suyos propios" e ironizó para qué asignatura estaría más capacitado, "¿la de ética?", preguntó.
"En unas jornadas sobre los derechos de los niños, que organizó el Justicia de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, se hacía especial hincapié en la figura del profesorado. De hecho, los llegaban a definir como los influencers de los niños, porque se consideran un referente a nivel académico, a nivel conductual y al ideológico. Yo pregunto, qué sucedería si tu profesor fuese un maltratador no arrepentido y si, en lugar de estar en la cárcel, estuviese recorriendo los pasillos de tu instituto haciendo tutorías con tus padres. Qué tipo de referente sería si no mostrarse arrepentimiento, qué mensaje se transmitiría a los alumnos, qué mensaje se transmitiría a sus familias. Pues dos mensajes: no denunciéis, que da igual, y yo puedo hacer lo que quiera, porque no pasa nada".
"La principal diferencia del delito de violencia de género y del uso de la violencia contra menores respecto a otros es un marcado carácter cultural, por eso solo actuando desde la educación en la infancia podremos avanzar. Necesitamos una educación integral, que eduque en igualdad y, por supuesto, que asegure a los padres la dignidad académica y moral de sus profesores. El delito sexual no puede ser la única limitación que tenga un centro educativo para contratar a su profesorado, hay delitos igual de incapacitantes para una profesión tan importante como ésta. Es responsabilidad de todos no mirar hacia otro lado y reclamar la seguridad que nuestros niños merecen".
Delgado señaló que esta propuesta ya se trasladó al Justicia de Aragón, como figura relevante y de referencia a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos aragoneses, y especialmente de los menores, "y se mostró interesado". Según Delgado, cuenta con el apoyo de Fapar, asociaciones de padres y madres, de estudiantes e incluso de profesorado, y todavía queda a muchos colectivos por interpelar.
LAS VISITAS
La cuarta medida pretende evitar la restitución automática de las visitas paterno filiales con maltratadores condenados por sentencia firme. Estima que no es justo que la víctima tenga que emprender un periplo judicial para su propia protección y la de sus hijos.
Recordó que el desgaste es inmenso, tanto a nivel físico, como emocional y económico. "Sobre todo -recalcó-, esta medida va dirigida a entender que un niño es mucho más que un bien a merced de los derechos del progenitor y esto ya se recoge en la Ley de Protección del Menor del año 96, que dice explícitamente que en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Es decir, no deja lugar a duda de que el bienestar del menor prevalece sobre cualquier otro derecho del adulto, aunque éste fuese legítimo. Igualmente, esto también lo recoge la Ley de Protección Integral a la Infancia del año pasado, que garantiza la reparación de los derechos de las víctimas menores, la protección en todos los ámbitos de su vida y evitar una victimización secundaria. Pero todas estas buenas intenciones son papel mojado si una vez finalizada la condena, el maltratador recupera sus derechos de forma automática sobre el menor, como si de una propiedad se tratase".
"Porque la protección de los derechos de los niños es uno de los pilares de nuestra sociedad, porque nuestros niños no son una moneda de cambio", Paloma Delgado solicitó que las instituciones inicien un proceso para valorar la idoneidad de restituir o no unas visitas o una convivencia, que suponen una nueva carga para la víctima. "¿Alguien considera que un menor puede estar seguro con su maltratador no arrepentido, solo por el hecho de haber estado separado de él un tiempo sin comprobar si existe un cambio por su parte y si esa medida es realmente beneficiosa para el menor? No experimentemos con la vida de nuestros hijos".
LA REACCIÓN DE LOS GRUPOS
Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, indicó que las aportaciones de Delgado son también una demanda de la sociedad. Compartió que "un maltratador no puede ser un buen padre y tampoco un buen educador" y, desde esa óptica declaró que hay que empezar a valorar si el actual ordenamiento jurídico "puede dar respuesta a esta cuestión y de forma clara".
Sanz recordó que IU ya planteó en 2021 que cuando maltratador estuviera en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la lo la identidad sexual de otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial en la que se constatasen indicios fundados, su ejercicio de la autoridad familiar se suspendiese cautelarmente; y si la condena fuese firme, que la autoridad familiar fuera retirada.
Agregó que le preocupa si se está prestando la formación necesaria para que exista un arrepentimiento, un reconocimiento del daño y si funcionan bien los puntos de encuentro familiar. "Por su explicación, también se deduce que es necesario una mejoría objetiva", añadió respecto a estos últimos y se comprometió a trabajar en las líneas indicadas.
Santiago Morón (VOX) coincidió en que la actual Ley de Violencia de Género "no protege a los menores" ni a las mujeres. Consideró que esta normativa "no es eficaz, porque "no ha conseguido frenar la agresividad de aquellas personas que han maltratado a sus hijos, que han maltratado a sus mujeres y tampoco, en algunos casos, la de algunas mujeres que han maltratado sus a sus maridos o que han maltrato también a sus hijos", aunque admitió después que "las mayores cifras que se detectan son de agresiones de hombres a mujeres".
Añadió que habría que redactar una ley "completamente nueva" que hablara de víctimas y que buscara el castigo "por el daño ejercido, no por el sexo de la persona que lo ha causado, es decir, que no discrimina a los hombres respecto a las mujeres por razón de sexo, pero que sea eficaz y que proteja de una forma real, que busque los mecanismos necesarios para proteger una forma real, tanto a los hombres, como a las mujeres que han sido víctimas de de maltrato, como por supuesto los menores".
Carmen Martínez (CHA) estimó que Paloma Delgado, además de haber sufrido violencia machista y vicaria, está padeciendo ahora una violencia institucional, porque no está recibiendo de las administraciones públicas el amparo que considera necesario, sobre todo "para que sus hijos sus hijas e hijos puedan seguir haciendo una vida lo más digna posible y que no no esté en peligro su vida",
Se mostró partidaria de que los maltratadores tengan límites a la hora de trabajar con menores, manifestó que queda también la tarea de "convencer a aquellos que reniegan que exista violencia estructural hacia las mujeres" e insistió en que hay que "poner el foco" en los maltratadores, no en las víctimas, que lo que necesitan es acompañamiento y protección.
Vanesa Carbonell (Podemos Aragón) calificó de "realmente necesarias" las peticiones formuladas por Delgado. "Consideramos que debemos cambiar y reformar el Decreto Legislativo 1/2011 del 22 de marzo del Gobierno regional, por el que se aprueba el título del Código de Derecho Foral de Aragón, el texto refundido de las leyes civiles aragonesas en materia de custodia. Es necesario, que el padre maltratador no pueda volver a ver a sus hijos".
"Lamentablemente, hay muy pocos casos de hombres que se reinsertan" y añadió que es necesario que las leyes se apliquen "con una perspectiva de género".
Recordó que Podemos Aragón ya propuso, a través de una proposición no de ley, que fue aprobada en el 2021, elaborar un protocolo de intervención con menores víctimas de violencia de género que fuera específico para ellos, que orientará y sirviera de herramienta de trabajo y consulta a profesionales, y que sirviera de instrumento y apoyo para sistematizar información, recursos y respuestas. "También planteamos promover cursos de formación específica dirigido a los a los profesionales que trabajan en atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, asistencia en atención jurídica, psicológica o laboral, la elaboración de materiales y manuales para la atención especializada a hijos e hijas de las mujeres víctimas, dirigido a todos los profesionales que intervienen en el ámbito de la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género".
José Antonio Lagüens (PP) pidió a Paloma Delgado que haga llegar a su grupo el estudio jurídico en el que se ha basado para plantear las mejoras, porque el grupo popular está dispuesto a debatirlas, ya que estima que "queda mucho campo de mejora en la protección a las víctimas y en este caso, a menores y a progenitores".
Subrayó que los datos son "impepinables" y que habría que preguntarse dónde falla el sistema, para poner ahí "el ojo legislativo". No obstante, indicó que son temas delicados y "no se pueden modificar las leyes a la ligera".
Sergio Ortiz (PSOE) dijo que su partido respeta las decisiones judiciales, pero que "se hace harto difícil" poder compartir una sentencia como la de este caso, "no tanto, que también, por el cómputo de las condenas al no hacerlas cumplir de forma acumulativa; no tanto, que también, por permutarlas por un curso sobre violencia de género y 150 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad; lo que me parece más grave es que no haya prevalecido el interés superior del menor y no se haya accedido a la petición de la Fiscalía para que este maltratador no pueda acercarse ni visitar a sus hijos hasta el año 2034, cuando los 3 menores hayan alcanzado la mayoría de edad".
"Nos encontramos en una situación donde los derechos del progenitor están por encima de los derechos de sus hijos, lo que es muy lamentable, cuando quedó probado que durante años sufrieron un maltrato continuado por parte de su padre", añadió.
Ortiz aseguró que su grupo tomaba "buena nota" de las cuatro propuestas de modificaciones legales, porque "es de vital importancia garantizar la protección de los menores", y deseó que su testimonio sirva para que se reflexione "sobre los errores del sistema y de cómo hay que abordar cambios legales para que situaciones como esta no se den en un futuro".