Los pacientes afectados por las presuntas irregularidades en la atención oncológica del Hospital Universitario San Jorge de Huesca han comenzado a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 3, que investiga la actuación de un oncólogo del centro, inhabilitado de forma cautelar. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, dentro de diligencias previas, tras la denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud.
Una de las personas afectadas ha comparecido este miércoles y ha quedado formalmente reconocida como perjudicada en la causa. Según ha explicado, la diligencia judicial ha sido breve y estrictamente formal, sin preguntas, y se ha limitado a la notificación de sus derechos y a su personación en el procedimiento.
Durante el trámite, el juzgado le ha entregado un documento base en el que se le informaba de la denuncia presentada y de su condición de perjudicado. En ese mismo acto ha aceptado que sea el Ministerio Fiscal quien ejerza en su nombre las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle, así como una eventual indemnización si así lo determinan las resoluciones judiciales.
El compareciente ha subrayado que el procedimiento se encuentra todavía en diligencias previas, una fase inicial en la que se están recabando informes y pruebas periciales. Será ahora cuando peritos, forenses y especialistas analicen cada caso de manera individualizada para determinar si existió daño y si puede establecerse una relación de causa-efecto entre las decisiones médicas y la evolución de los pacientes. Por el momento, no se han fijado plazos ni se ha decidido la apertura de juicio oral.
EVOLUCIÓN DEL TUMOR
Más allá del trámite judicial, el paciente ha ofrecido a este periódico un relato detallado de su experiencia clínica. Explica que, mientras se mantuvo el tratamiento que posteriormente le fue retirado, su tumor permanecía estable. Tras la supresión de uno de los fármacos que integraban su pauta terapéutica, el tumor aumentó de tamaño y apareció un nuevo micronódulo en el pulmón.
Según ha explicado, la retirada del fármaco se justificó por el riesgo de efectos secundarios, como el aumento de la tensión arterial y posibles afecciones renales. Sin embargo, ha insistido en que no se le ofreció ninguna alternativa terapéutica y, sobre todo, en que no fue advertido de las consecuencias que podía tener la supresión del tratamiento sobre la evolución del tumor.
La conversación, agrega, se planteó como si la decisión hubiera sido compartida, cuando, en realidad, no existía margen real para elegir. En su opinión, la información trasladada fue parcial, lo que limita la capacidad real de consentimiento informado en un contexto de especial vulnerabilidad. Una vez inhabilitado su médico, el tratamiento retirado le fue de nuevo prescrito por la oncóloga que le atiende ahora.
UN MES SIN TRATAMIENTO
La persona afectada recuerda que el año pasado permaneció un mes completo sin tratamiento coincidiendo con la Navidad, pero esa aparente sensación de vida normalizada ocultaba un riesgo que no le fue explicado y que terminó materializándose en la evolución posterior de su enfermedad.
Su relación asistencial con el oncólogo investigado ha durado unos cuatro meses y se plantea que, de haberse prolongado esa atención durante más tiempo, el impacto podría haber sido mayor.
No plantea su proceso como una lucha épica contra el cáncer y describe su experiencia desde la confianza depositada en el sistema sanitario. En ese contexto, afirma que lo más difícil de asumir fue la sensación de que el perjuicio no provino solo de la enfermedad, sino de las decisiones del propio médico. "No cuentas con que vas a tener al enemigo en casa", ha señalado.
Recalca que la relación médico-paciente se basa en la confianza, del mismo modo que una persona no duda, por ejemplo, ni de su dentista ni de su abogado. “Cuando vas al médico y te receta algo, te lo tomas y ya está”, considera.
Al mismo tiempo que expone los detalles de este suceso, considera que vivir desde el resentimiento o desde la ira es un camino que no le aporta nada. “Todo el tiempo que estás cabreado es tiempo que pierdes de ser feliz”, sostiene.
Por eso, no está dispuesto a dedicar ni un minuto de su vida a pensamientos de odio o rencor, porque “no merece la pena perder el tiempo en darle vueltas a alguien o algo que no te aporta nada”.
En su planteamiento vital, insiste en que su prioridad es aprovechar el tiempo en el que se encuentra bien, disfrutarlo y crear un entorno positivo a su alrededor. “Yo quiero estar feliz y vivir”, resume.
Así, su personación en la causa no responde a un ánimo de venganza ni a una expectativa económica. La indemnización es una cuestión incierta y secundaria para él, cuyo eventual cobro dependerá de múltiples factores y plazos.
Su objetivo, insiste, es depurar responsabilidades y esclarecer si las decisiones médicas adoptadas han perjudicado su salud. Se trata de determinar si existió un daño evitable y, en caso afirmativo, impedir que vuelva a repetirse, tanto en su caso como en el de otros afectados. “Lo más importante no es la indemnización, sino que no le vuelva a ocurrir a nadie”, remarca.
La causa investiga la actuación de un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca que ha sido inhabilitado de forma cautelar por el Juzgado de Instrucción número 3. Según las diligencias y la investigación de la Policía Judicial, sus actuaciones pudieron dar lugar a 25 presuntos casos de lesiones imprudentes y hasta tres posibles delitos de homicidio imprudente, una medida cautelar que se mantendrá vigente mientras continúe abierta la instrucción o hasta que varíen las circunstancias que la motivaron.