El Tribunal Supremo ha sentenciado que el actual concurso de Transporte Sanitario Urgente de Aragón se incrementó en más de 50 millones de euros para cubrir mejoras salariales pactadas con la anterior adjudicataria pero no han llegado a la plantilla con la actual, Ambulancias Tenorio e Hijos, según ha explicado el Sindicato de Cooperación Sindical (SCS).
Esta organización expresa la "indignacióin a la plantilla" tras el análisis de los Fundamentos Jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo, que "pone al descubierto una realidad inaceptable: la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos SLU está cobrando del dinero público de todos los aragoneses las subidas salariales de los trabajadores, pero no se las está abonando a la plantilla. Fondos públicos que van a la empresa, no a las nóminas".
Cabe recordar que el contrato que finalmente fue adjudicado a Ambulancias Tenorio fue presentado por el Gobierno de Aragón en 2022, siendo titular de Sanidad Sira Repollés, como el más elevado de la historia con un montante de de 126,5 millones de euros. La asignación anual pasa de 19 a 31,6 millones de euros al año. Además, las horas semanales de presencia física de las ambulancias se multiplicaban por cinco, pasando de unas 2.000 a más de 10.000, sin hacer distinción entre fines de semana y días laborables, anunciaba entonces el ejecutivo. Y el personal aumentaba casi en 200 personas, alcanzando los 700 trabajadores.
Otra visión radicalmente opuesta la de los sindicatos de trabajadores de este sector, que ya en septiembre de 2023 (con el Gobierno de Jorge Azcón) presentaron ante la Fiscalía una demanda por los incumplimientos de Ambulancias Tenorio. De hecho, el 16 de enero de 2022 habían iniciado las movilizaciones con una huelga indefinida ante la certeza de que afectaría a sus condiciones laborales, hasta el punto de que muy pronto, en julio de ese 2023 (cuando todavía no se había constituido el nuevo ejecutivo), SCS denunciaba que se había producido una bajada del 40 %. Además, criticaban la merma de servicios en distintos hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma (Barbastro, Benabarre, Lafortunada...)
El nuevo gobierno, de hecho, amplió la dotación al Transporte Sanitario Urgente respecto a los anteriormente aludidos para que Ambulancias Tenorio hiciera frente a los compromisos salariales y desbloqueara la congelación salarial que ya sumaba un lustro.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificaba documentalmente que el SALUD justificaba el 27 de abril de 2022 que "en el contrato de 2022 ya se tiene en cuenta el incremento salarial que se había negociado por la parte social en el SAMA". El propio TSJA alude a otro informe interno que manifiesta que "en el presupuesto de la facturación mensual de la empresa contratista el coste de personal de 2017, respecto del de 2022, se ha incrementado en un 59,79%.
Es cierto que ha existido un incremento de personal por incremento de servicios, buena parte de este incremento obedece al incremento del pacto de fin de huelga”. Cabe recordar que el anterior adjudicatario era Acciona, que desistió de concurrir por la imposibilidad en los parámetros de entonces, antes del gran aumento hasta los 126,5 millones
"El Gobierno de Aragón elevó el presupuesto de la contrata actual hasta los 126,5 millones de euros con un objetivo claro y explícito: absorber y financiar con fondos públicos el coste de los incrementos salariales pactados en febrero de 2022 para garantizar la paz social", recuerda el Sindicato de Cooperación Sindical.
Implica este cálculo que la partida anual destinada exclusivamente a pagar los salarios de la plantilla pasó de 15,9 millones de euros en el anterior concurso a 26,7 millones de euros anuales en la adjudicación actual, habida cuenta que es un contrato de cuatro años, lo que significa que Ambulancias Tenorio percibe del Servicio Aragonés de Salud un 59,79 % más para perrsonal. "Sin embargo, desde que la empresa tomó las riendas del servicio el 1 de junio de 2023, ese dinero se queda en sus arcas mientras las nóminas de los trabajadores siguen congeladas desde diciembre de 2018".
El Supremo pone letra a esta constatación: "El gasto de personal estimado en el expediente de 2017 fue de 15.964.792 euros anualmente. El gasto de personal con la estimación de los salarios previstos en convenio a partir de 2022 anualmente fue de 26.700.825,57 euros anualmente, lo que supone un incremento de 59,79%. (documental del ramo de prueba de la Diputación General de Aragón)".
REIVINDICACIÓN AL GOBIERNO DE ARAGÓN
El sindicato apunta al Gobierno de Aragón. "SCS denunciamos la complicidad por omisión del Gobierno de Aragón. La Administración autonómica es perfectamente consciente de que está pagando facturas mensuales infladas bajo la condición de que ese dinero financie la actualización de los salarios con respecto al encarecimiento del coste de la vida de los trabajadore. Al no ejercer sus competencias de control e inspección sobre los pliegos de condiciones, el Gobierno de Aragón está permitiendo de forma pasiva que la empresa se lucre a costa del esfuerzo de la plantilla y de los presupuestos de la Comunidad".
Reclama implicación al ejecutivo y hace partícipes al resto de grupos parlamentarios para que "defiendan que el dinero de los aragoneses no termine en el lugar que corresponde, que es el de dignificar unos salarios que se han visto superados en algunas categorías por el SMI" (Salario Mínimo Interprofesional).
"El dinero que debería estar llegando a los sueldos de los trabajadores alcanza el 84% del total del contrato. En un presupuesto de servicios como este, la asignación de salarios supone la mayor parte. No se puede permitir que el dinero que se asignó a los trabajadores, que es su sustento y determina en gran medida su vida e incluso su salud, termine engrosando las cuentas de beneficios de una empresa privada, añadido a los más de cuatro millones de euros que ya tiene asignados como beneficio industrial por contrato. La subida salarial está financiada y presupuestada; ahora toca defenderla. Por la integridad de los trabajadores y el sector, y por la fiscalización de millones de euros de dinero público", concluye SCS con el recuerdo de que este conflicto afecta a más de mil familias, al Transporte Sanitario y al destino del dinero de todos los aragoneses., .