El Tribunal de Instancia de Jaca ha archivado la investigación abierta para determinar si el Gobierno de Aragón difundió información reservada sobre el incendio de las Peñas de Riglos. La resolución concluye que los contenidos publicados por el Ejecutivo autonómico no comprometieron la investigación judicial ni vulneraron la privacidad o el derecho al honor del investigado.
La investigación se inició a raíz de la información difundida el pasado 3 de septiembre por el Gobierno de Aragón, que comunicó ese mismo día que había solicitado ante el Tribunal de Jaca el ingreso en prisión provisional del investigado por el incendio de Santa María de la Peña. La petición planteaba una prisión comunicada y sin fianza o, de forma subsidiaria, la posibilidad de eludirla mediante una fianza de 100.000 euros.
Tras analizar el contenido publicado en Aragón Hoy, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaca considera que no se puso en riesgo el desarrollo de las pesquisas. El órgano judicial tampoco aprecia que la información afectara a la privacidad del sospechoso o de sus familiares ni que los situara en una situación de peligro.
La resolución descarta asimismo que la publicación supusiera una intromisión en el derecho al honor del investigado. Tampoco considera que se hubiera generado un juicio paralelo, desorientado a la opinión pública o anticipado el contenido de una eventual sentencia.
El tribunal señala que la información difundida presentaba un carácter procesal, centrado en la situación personal del investigado, y no en la valoración de indicios o en el contenido de las diligencias practicadas durante la instrucción.
En este sentido, la resolución considera que el Gobierno de Aragón trasladó mediante su medio digital sus propias pretensiones procesales, sin atribuirse ni difundir las de otras partes y sin revelar el resultado o el contenido de diligencias de instrucción o resoluciones a las que hubiera tenido acceso por su condición de parte personada en la causa.
Por estos motivos, el Tribunal de Instancia de Jaca concluye que no existe fundamento para exigir responsabilidades penales al Ejecutivo autonómico ni para aplicar las sanciones económicas previstas legalmente. La información publicada, según la resolución, no vulneró el secreto ni la reserva de la investigación judicial.