El sindicato Venia ha respalda la "estupefacción y el rechazo" y la reclamación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para recuperar las cuatro plazas judiciales recortadas a Aragón respecto a las expectativas de once que habrían de ser asignadas a nuestra comunidad autónoma.
A través de su delegado en Aragón, Jorge Piedrafita, Venia respalda la declaración institucional aprobada por unanimidad por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tras la emitida anteriormente por la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón, y exige al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que rectifique la reducción de las nuevas plazas judiciales previstas para la comunidad autónoma.
El Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, crea finalmente siete plazas judiciales en Aragón, frente a las once anunciadas inicialmente. Según ha denunciado el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Venia, que se reivindica como la única organización sindical legitimada en España, considera que la supresión de cuatro de las once plazas comprometidas supone un perjuicio real y directo para el funcionamiento del servicio público de Justicia y para la ciudadanía aragonesa, especialmente en un momento de profunda reorganización de los órganos judiciales como consecuencia de la implantación de los nuevos tribunales de instancia, que está generando numerosos retrasos, problemas y dificultades en la defensa de los derechos de las personas en una medida que se implantó unilateralmente sin planificación, personal y diálogo con los profesionales.
Expone como muestra las causas criminales como la investigación de la macroestafa de los garajes de Joaquín Costa donde los pequeños ahorradores perdieron más de 800000 euros y la propiedad de los trasteros y garajes, y desde noviembre de 2025 el órgano instructor de Huesca capital únicamente ha practicado la declaración del investigado, mientras están pendientes todas las diligencias de prueba solicitada por las acusaciones.
“Una única plaza para Huesca capital no resuelve las necesidades existentes. La Audiencia Provincial y las jurisdicciones Civil y de Instrucción continúan sin el refuerzo que necesitan. Huesca no puede seguir siendo relegada en la distribución de recursos judiciales”, señala Piedrafita.
Agrega que las siete plazas finalmente aprobadas se distribuyen entre Zaragoza, Huesca, Monzón y Alcañiz. En la provincia de Huesca se crea una plaza en la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huesca y otra en la Sección Civil y de Instrucción de Monzón.
Sin embargo, "se eliminan e ignoran los imprescindibles refuerzos para la Audiencia Provincial de Huesca ni para las secciones Civil y de Instrucción de Huesca capital, teniendo en cuenta que el incremento de tasa de pendencia (volumen de asuntos sin resolver) es del 20% y la respuesta es una reducción del 37% de los jueces que son los únicos operadores jurídicos que pueden reducirla".
“Respaldamos plenamente la reacción unánime de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. No existe una explicación conocida que justifique que Aragón sea la única comunidad que pierde plazas respecto de las inicialmente anunciadas. El Ministerio debe hacer públicos los criterios utilizados y recuperar las cuatro plazas eliminadas”, afirma Jorge Piedrafita.
EXIGENCIAS A BOLAÑOS
El Sindicato de Abogados Venia en Aragón solicita al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "la recuperación de las once plazas judiciales inicialmente anunciadas para Aragón".
Reclama además "la publicación de los criterios técnicos y de carga de trabajo que han motivado la reducción a siete plazas, una explicación específica sobre las plazas eliminadas y sobre su distribución territorial, un plan urgente de refuerzo para los órganos judiciales para todo Aragón especialmente en la provincia de Huesca y la coordinación con los responsables del sindicato, como operadores que conocen a pie de trinchera las necesidades reales judiciales y no las imaginarias desde los enmoquetados despachos".
Demanda igualmente la "dotación de personal, medios tecnológicos y medidas transitorias suficientes para afrontar la implantación de los tribunales de instancia".
“Las plazas judiciales no son una concesión política ni una cuestión meramente administrativa. De ellas dependen los tiempos de respuesta de los tribunales, la protección de los derechos y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Cada plaza que se elimina se traduce en más retrasos, más sobrecarga y mayores dificultades para acceder a una justicia eficaz”, especialmente para las personas más vulnerables y que se encuentran detenidas o investigadas, concluye Jorge Piedrafita.
Finalmente, expone que Venia apoyará de forma coordinada las actuaciones que emprenda el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para obtener explicaciones y solicitará formalmente al Ministerio que reconsidere la distribución establecida en el Real Decreto 559/2026.