O diálogo o hablará la justicia. Es la dicotomía que aducen los afectados de la comunidad de regantes A-19-20 por la pretensión de los sectores X y XI de proseguir con su proyecto, tras el anuncio el 29 de julio por parte de la CHE de la autorización de las balsas en término de Salillas y de la denegación por parte de la Dirección General de Patrimonio de Aragón de la protección como BIC del "Conjunto Histórico de Burjamán", por lo que se "avalaría" la continuidad de las obras.
Asegura la A-19-20 que en realidad es una noticia antigua que se reitera "por su conveniencia, para dar sensación ante la opinión pública de que el proyecto avanza con paso firme; y principalmente ante los propios regantes beneficiarios que ven que no es como les contaron en un principio". Afirman los opositores a esta realización que la resolución de la CHE en la que se autoriza la construcción de las balsas se empezó a recibir por los particulares afectados el 20 de mayo. Y también con la desestimación de la Dirección General de Patrimonio para la declaración de BIC (o la figura de protección más conveniente) del "Conjunto Histórico de Burjamán" o cualquiera de sus elementos integrantes, que se recibió en marzo.
Los afectados por los sectores X y XI recuerdan que están interpuestos "dos recursos contencioso-administrativos" ante la Audiencia Nacional hace un año y admitidos a trámite, así como solicitadas medidas cautelares en el mismo momento. Además, hay otros dos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional más recientemente, todavía a la espera de su admisión a trámite. "Los perjudicados por el proyecto estamos convencidos de que la Justicia fallará a nuestro favor, debido a todas las irregularidades e incumplimientos legales denunciados, y que en el momento que el juez aplicase las medidas cautelares a la espera del juicio, este proyecto no prosperaría. Asimismo, estamos seguros que tanto la UTE adjudicataria de la obra como SEIASA como los dirigentes de los sectores beneficiarios tienen el mismo convencimiento y saben que corren el gran riesgo de no finalizar la obra".
Los regantes afectados de Salillas y Huerto, que se han manifestado en varias ocasiones contra lo que consideran un trágala, aseguran que apuestan "por el consenso, y en este sentido existe una novedad: Una representación de los afectados por el proyecto nos reunimos en el Ministerio de Agricultura el pasado 22 de julio con la Secretaria de Estado de Agricultura Begoña García Bernal a petición suya. Previamente, en nuestra concentración del pasado 30 de mayo ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, varios miembros del gabinete del Ministro se interesaron por nuestras reivindicaciones y nos solicitaron nuestra propuesta de alternativas al proyecto que seguirían beneficiando a los actuales beneficiarios sin perjuicios a terceros y que podrían incluso beneficiarnos. Junto a nuestra propuesta les hicimos llegar el documento que demuestra de que la elección de alternativa aprobada se justifica fraudulentamente, por estar manipulado el estudio de alternativas del proyecto".
La secretaria de Estado adelantó que "el Ministerio no podía tomar la decisión de hacer cambios en el proyecto por estar judicializado. Sin embargo, se comprometió personalmente a hablar con el presidente de Seiasa (Francisco Rodríguez Mulero), el presidente del Sector X (Javier Larrosa) y el presidente del sector XI (César Trillo) para intentar convencerlos para mantener una reunión con los afectados con ella de mediadora, en la que se pudiera llegar a una solución consensuada y conseguir el triunfo del diálogo en un problema enquistado". Agregó que la demora en los plazos de ejecución por este motivo no sería el mayor problema, pues a pesar de que "para la ejecución de proyectos de regadío financiados con fondos Next Generation no existen prórrogas, desde el Ministerio se haría lo posible para hacerse cargo de lo no financiado con la subvención europea".
El de julio informó de que habiendo realizado los trámites que nos prometió, recibió la respuesta de que "para nuestras pretensiones no hay reunión posible aunque sí para el desarrollo del proyecto tal cual ha sido aprobado". Los promotores, "principalmente el sector XI" que preside Trillo, no estarían dispuestos a consensuar una solución. "Por nuestra parte le hemos trasladado que nosotros seguiremos apostando por el diálogo y el consenso, y que si ella encuentra una nueva posibilidad en el futuro, nos lo haga saber", afirman desde la comunidad que se considera perjudicada.
La Comunidad A-19-20 mantiene su oposición al proyecto y su confianza en la justicia, y recuerda que comunicó en febrero a los promotores la necesidad de redactar un convenio que garantizara las mínimas afecciones a las infraestructuras de los propietarios y de la propia Comunidad, que "es exclusivamente afectada (contraviniendo los estatutos de Riegos del Alto Aragón) y cuyos tres sectores afectados (XXXIV, XXXV y XXXV-BIS del Canal del Cinca) se ejecutaron con el amparo de sus respectivas declaraciones de interés general, idénticas a las de los sectores beneficiarios".
Explica que, a mitad de julio la A-19-20 recibió el primer borrador del convenio, que no ha sido suscrito por su falta de garantías. Hace escasos días, "la A-19-20 comunicó a los promotores oficialmente que sin el convenio suscrito por ambas partes no podía continuarse con las obras en la demarcación de la propia Comunidad".
Añade que el 11 de junio (al inicio de las obras en Salillas) se interpuso una denuncia ante el Seprona por l"a acumulación de los desechos por desbroces de determinadas parcelas junto al cauce del Guatizalema formando motas, en donde se incluían los residuos resultantes del desmantelamiento de las infraestructuras de riego (aspersores, cañas, tuberías, desagües...)". Ha sido tramitada y puesta en conocimiento de la CHE.
Concluyen apostando por "la posibilidad de que el diálogo triunfe ante un problema que empezó mal y continúa peor pero que podría acabar bien. Por el momento, los beneficiarios no acceden a esta posibilidad, por lo que si no cambian las cosas deberemos esperar al pronunciamiento de la justicia. Por nuestra parte, seguimos defendiendo lo mismo: Nos oponemos frontalmente a la alternativa adoptada, más si cabe sabiendo que se adoptó falseando su justificación y que existen otras más beneficiosas para todos. Seguimos y seguiremos abiertos al consenso".