Los pinares que hoy cubren amplias zonas del Alto Aragón no nacieron solo de una política forestal, sino de un proceso que transformó vidas enteras. Entre 1941 y 1971, la provincia de Huesca vivió una intervención masiva que cambió su paisaje y, al mismo tiempo, vació parte de su territorio.
Ese doble impacto -sobre la tierra y sobre quienes la habitaban- es el que recoge Carlos Tarazona Grasa en su obra Pinos y Penas: repoblación forestal y despoblación en Huesca. El título resume con precisión esa realidad: los “pinos” representan la magnitud de una actuación que alcanzó las 120.000 hectáreas repobladas; las “penas”, en cambio, remiten a lo que quedó detrás: casas cerradas, familias desplazadas y jornadas de trabajo marcadas por la necesidad.
Tarazona ha impartido este jueves una conferencia en el IES Ramón y Cajal, organizada por el Club de Montaña Anayet y la Universidad Ciudadana de Huesca, en la que ha recorrido un proceso que afectó de diversa forma a centenares de vecinos en distintas comarcas altoaragonesas. Le ha presentado David Badía.
Carlos Tarazona Grasa es un investigador de campo especializado en el medio rural, natural de Oliván (Alto Gállego), que ha dedicado más de una década a rastrear archivos y recorrer el territorio para reconstruir procesos históricos vinculados a la montaña oscense. Su trabajo combina documentación procedente de fondos estatales y provinciales con testimonios directos, lo que le ha permitido abordar con detalle fenómenos como la emigración, la transformación del paisaje o la memoria de los pueblos abandonados.
En ese periodo, el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) desplegó una actuación intensiva, especialmente en el territorio prepirenaico, que abarcó 513 montes. De ellos, 108 fueron adquiridos directamente —11 mediante expropiación— y 405 quedaron bajo consorcio, integrando una extensa superficie en manos de la administración. El resultado fue la desaparición de 94 pueblos y pardinas, cuyos habitantes tuvieron que abandonar definitivamente sus hogares.
En muchos casos, el proceso comenzaba cuando el pueblo quedaba incluido en un perímetro de repoblación obligatoria. A partir de ese momento, los vecinos sabían que no había alternativa real: debían vender. Se iniciaba entonces una negociación en la que ellos mismos proponían un precio sin apenas referencias, basada más en la intuición que en criterios de mercado.
LA VENTA
La adquisición de los montes por parte del Patrimonio Forestal del Estado se articuló a través de varias fórmulas, en el marco de una política que buscaba frenar la erosión en las cabeceras de los ríos y evitar la colmatación de embalses como La Peña, Barasona o Arguis. La más habitual fue la compraventa pactada, iniciada tras la inclusión del territorio en perímetros de repoblación, lo que en la práctica dejaba a los propietarios sin margen real de decisión y les obligaba a negociar el precio de sus bienes.
A esta vía se sumaron los consorcios forestales, acuerdos mediante los cuales ayuntamientos, entidades o particulares cedían la gestión de sus montes al Estado sin perder formalmente la propiedad. Finalmente, se recurrió también a la expropiación, utilizada en algunos casos de manera forzosa y en otros como fórmula administrativa para facilitar el cobro íntegro a los propietarios cuando la situación registral de las tierras impedía abonar la totalidad del importe en una compraventa convencional.
Pero la situación se complicaba al formalizar la venta. Numerosos propietarios no tenían todas sus tierras inscritas en el Registro, lo que implicaba que solo cobraban una parte inmediata del importe acordado. El resto quedaba retenido durante años. Ese desfase alteraba decisiones ya tomadas: planes de traslado, compra de vivienda o inicio de una nueva actividad.
La expropiación fue otra de las vías utilizadas. De las 11 registradas, dos se ejecutaron de forma forzosa -en Solanilla y una pardina en la cara norte de Monrepós-, mientras que otras se tramitaron bajo esa fórmula para permitir el cobro íntegro sin esperas. Sin embargo, en el recuerdo de muchos descendientes ha quedado la sensación de imposición directa, ligada a un contexto en el que la capacidad de decisión era limitada.
Tras la firma ante notario -en la que el propietario y su esposa debían renunciar formalmente a sus derechos- quedaba fijada una fecha de salida. A partir de entonces, solo restaba recoger lo imprescindible y marcharse. Tarazona ha evocado lo duro que debia de ser ese momento.
LAS PENAS DE LOS JORNALEROS
Mientras tanto, los montes comenzaban a llenarse de cuadrillas. Muchos de los trabajadores llegaban desde otras regiones, especialmente de Andalucía, empujados por la falta de empleo. Aceptaban jornales duros, en condiciones precarias, con herramientas propias y sin garantías. Cavaban hoyos en terrenos pedregosos donde no siempre el esfuerzo se traducía en salario.
Dormían donde podían: al raso o en viviendas abandonadas, aprovechando los restos que habían dejado quienes se habían marchado. La ropa, poco adecuada para el clima y el terreno, se deterioraba en pocos días. Aun así, continuaban. El objetivo era claro: ganar lo suficiente para enviar dinero a sus familias.
Todo este despliegue respondió a un objetivo técnico: frenar la erosión en las cabeceras de los ríos y evitar la colmatación de embalses como La Peña, Barasona o Arguis. Este planteamiento situó a Huesca como la segunda provincia de España más afectada por la repoblación forestal, dentro de una política desarrollada en pleno régimen dictatorial, que condicionó tanto las decisiones como sus consecuencias.
El paisaje resultante aún define buena parte del territorio. Los pinares ocupan hoy laderas donde antes hubo campos, caminos y viviendas. Bajo esos árboles quedan las huellas de quienes se marcharon y de quienes llegaron a trabajar. Una historia en la que, como resume el título del libro, los pinos y las penas avanzaron juntos.
UN PROCESO LARGO
El proceso de repoblación no comenzaba en el monte, sino mucho antes, en una cadena de trabajo que exigía organización desde la base. La obtención de la semilla era un paso clave: las piñas se recogían y se sometían a calor en instalaciones específicas, donde se colocaban en bandejas metálicas para que se abrieran y liberaran los piñones. Ese calor se generaba, en muchos casos, con las propias piñas ya vacías, reutilizadas como combustible. A partir de ahí, se iniciaba un tratamiento manual que incluía romper parcialmente la cáscara del piñón para facilitar la germinación, acelerando un proceso que, de forma natural, resultaba mucho más lento .
Todo este sistema obligó a crear una red auxiliar vinculada a la repoblación. Se habilitaron sequeros y espacios de preparación de semilla, además de viveros donde los plantones comenzaban a desarrollarse antes de ser trasladados al monte. Incluso se produjo intercambio de semillas entre provincias, con el objetivo de asegurar el abastecimiento y adaptar las especies a las condiciones del terreno.
La elección de los pinos no fue casual, sino técnica. El Patrimonio Forestal del Estado optó por estas especies por su rápido crecimiento, resistencia y capacidad de adaptación a suelos pobres y erosionados, especialmente en laderas degradadas donde otras especies difícilmente prosperaban. Además, su sistema radicular ayudaba a fijar el terreno y frenar la erosión en las cabeceras de los ríos, uno de los objetivos prioritarios de la intervención. Así, el pino se convirtió en la solución más eficaz —y rápida— para estabilizar el suelo y cubrir grandes superficies en un periodo relativamente corto.
Las condiciones en las que se desarrolló aquella política forestal quedaron en gran medida empañadas por la sombra del régimen dictatorial de la época. Aquel proceso afectó a comunidades que, hasta entonces, sostenían su vida en una economía de subsistencia basada en la agricultura y la ganadería, donde el dinero apenas circulaba y el arraigo al territorio era absoluto. En ese contexto, muchos propietarios afrontaron las ventas sin conocer plenamente sus implicaciones económicas ni el alcance real de lo que estaban firmando, lo que acentuó el desequilibrio en unas decisiones ya condicionadas de partida. Cada pueblo vivió así su propia historia, marcada por circunstancias, acuerdos y desenlaces distintos que hoy permanecen en la memoria dispersa de la montaña oscense.
A todo ello se sumaron otros factores que aceleraron el abandono: la falta de infraestructuras y servicios básicos en numerosos núcleos rurales y la irrupción de la industria, que ofrecía nuevas oportunidades lejos del territorio de origen. La despoblación fue, por tanto, el resultado de una suma de causas que desbordaron a quienes la vivieron. En ese contexto, como ha señalado Carlos Tarazona, los grandes sacrificados de aquel proceso fueron quienes tuvieron que marcharse de sus casas y quienes llegaron después para levantar, con esfuerzo y precariedad, los pinares que hoy ocupan su lugar.