El magistrado Joaquim Bosch considera que el proyecto de ley de amnistía presentado por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez puede considerarse "conforme a la Carta Magna", estima que responde a fines de interés general, recuerda que esta figura está presente en el ordenamiento jurídico de varios países europeos y sostiene que "su aprobación no supondría ni el fin de la democracia ni del Estado de Derecho ni de los principios constitucionales".
También considera "lógico" y "legítimo" que surja un debate intenso y amplio en una sociedad democrática plural, "siempre y cuando esas ideas se expresen de manera pacífica".
Y aunque su impresión es que "los socialistas, con mayoría absoluta, no habrían acordado esta medida", los acuerdos de investidura y el pacto de determinadas medidas caben dentro del juego parlamentario.
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) ha viajado este viernes, 17 de noviembre, a Huesca para presentar su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, invitado por la Universidad Ciudadana. El acto, que ha comenzado a las 19:00, en el Círculo Oscense, iba a celebrarse el pasado mes de abril, pero fue suspendido debido al fallecimiento de su madre.
La sala se ha quedado muy pequeña para acoger a los asistentes, que han buscado sillas en otras dependencias del Casino para acomodarse en el Salón Azul.
La cita era para hablar de su libro y así ha sido. Este Diario le entrevistó en su día al respecto y ésta es la conversación que mantuvimos, pensando en su inminente viaje a la capital oscense.
En este nuevo texto, en otra entrevista telefónica previa, le preguntamos al juez por la proposición de ley de la amnistía registrada por el Gobierno de Pedro Sánchez y nos explicó cuáles son los interrogantes que deben plantearse cuando se habla de la constitucionalidad de esa normativa. "Yo creo que la primera pregunta es si las amnistías son compatibles con el ordenamiento constitucional y la segunda, si cualquier ley de amnistía sería constitucional", plantea.
En cuanto a la primera cuestión, considera que la presentada por Sánchez "es probable que supere el filtro del Tribunal Constitucional", debido a "la adición literal de la propia Constitución, que en su artículo 62 indica que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley".
En términos jurídicos actuales, explica, "el derecho de gracia abarca tanto la amnistía como el indulto, por lo tanto, si existe una ley que regula la amnistía, sería suficiente para considerarla constitucional".
"Es verdad que la Constitución prohíbe los indultos generales, el perdón de una pena ya impuesta, mientras que la amnistía es algo diferente -detalla-. La amnistía perdona el hecho delictivo, incluso aunque no haya condena, y es competencia del Parlamento".
El jurista observa que la figura de la amnistía está presente en varias democracias europeas. "Tanto Francia como Portugal las han promulgado, y forman parte del ordenamiento de Alemania, Suecia, Reino Unido e Italia, entre otros países".
Para determinar si la ley propuesta por el Gobierno de Sánchez es constitucional, Joaquim Bosch declara que debe existir una motivación suficiente y, al mismo tiempo, no debe ser arbitraria y tiene que responder a fines de interés general. "Digamos que la proposición de ley, desde un punto de vista técnico, sí que ha hecho un esfuerzo para intentar cubrir estos requisitos y tendremos que estar a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional", estima el magistrado.
Bosch añade su opinión de que, "la ley ahora es mucho mejor que el documento político del pacto entre PSOE y Junts, que era una cosa más para consumo de la militancia o los simpatizantes de los partidos".
UNA LÍNEA "INCLUSIVA"
La normativa, según el juez, "motiva ampliamente la existencia de un conflicto previo que había generado quiebras en la convivencia, en el ámbito institucional, político y social, y la necesidad de recuperar la normalidad de la vida en Cataluña".
Este aspecto se explica detalladamente y se pretende esa concordia, en primer lugar, "a través de un esfuerzo de inclusión al extender el perdón a todos los implicados en el Procés: miembros de las fuerzas de seguridad, políticos, ciudadanos involucrados en protestas y funcionarios públicos".
En segundo lugar, se conseguiría también "mediante una interpretación restrictiva de lo que constituye el Procés, excluyendo, por ejemplo, casos de corrupción que se habían sugerido podrían incluirse en el ámbito de aplicación de la ley. Con lo establecido, no se podría acordar el archivo de las causas que afectan a Jordi Pujol y sus familiares, a Laura Borrás u otros casos similares."
"Si no se hubiera aplicado esta línea restrictiva, se habría excluido a miembros de las fuerzas de seguridad, lo que podría haber llevado a que la norma fuera percibida como arbitraria al servir únicamente para proteger ciertos intereses. En mi opinión, al cumplir con estos requisitos, es probable que la norma sea convalidada por el Tribunal Constitucional", vaticina.
Joaquim Bosch considera "acertado" optar "por una línea inclusiva, ya que esto representa una forma de cerrar el capítulo de lo sucedido para todos y de iniciar una nueva etapa en Cataluña".
Además, estima que la ley refuerza considerablemente la idea del acatamiento al ordenamiento jurídico de España y subraya la importancia de que cualquier acción se ajuste al marco del ordenamiento vigente, "sin perjuicio de la posibilidad de reformas, siempre dentro de una actitud de conformidad y no de desobediencia al marco normativo".
EL REFERÉNDUM
El magistrado precisa, por otro lado, que el referéndum no se contempla en la proposición de ley. "Las referencias a esta cuestión aparecen únicamente en el pacto político, que funciona como un acuerdo de intenciones donde se evidencian las discrepancias".
Según el jurista, "Junts sostiene que no renuncia a la posibilidad de celebrar un referéndum, siempre y cuando sea pactado y realizado de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución".
Por otra parte, "los socialistas no expresan conformidad con esta idea", sino que afirman su compromiso de mejorar el marco de autogobierno actual. "Incluso si se aceptara la propuesta de Junts, se realizaría siempre dentro del marco constitucional, a través de la presidencia del Gobierno y no mediante medidas similares a las que condujeron al referéndum del 1 de octubre de 2017. Esto implica un cambio de concepción y un paso hacia la normalización política dentro del ordenamiento jurídico vigente", sostiene el magistrado
"Debemos partir de la premisa de que una ley de amnistía siempre es algo muy excepcional -prosigue- como lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional. Está claro que las democracias europeas que han optado por amnistías lo han hecho en situaciones puntuales y en contadas ocasiones, y esto también ha sido así en España. A partir de ahí, es lógico y me parece legítimo que surja un debate intenso y amplio en una sociedad democrática plural, siempre y cuando esas ideas se expresen de manera pacífica".
LAS URNAS
Bosch destaca que, en última instancia, quienes deben tomar la decisión son los representantes de la ciudadanía. "Es importante recordar que en 2019 se acordaron indultos a favor de Junqueras y otros dirigentes independentistas, lo que generó un debate amplio y, en ocasiones, acalorado, en el que algunas voces aseguraban que ello significaba el fin del Estado de Derecho y de la democracia, e incluso de España".
Posteriormente, se llevaron a cabo unas elecciones, y "es en ese momento donde se podrían haber sancionado a los partidos que respaldaron esas medidas de gracia o premiado a quienes se opusieron a ellas, y el parlamento se ha configurado según los resultados obtenidos".
En este contexto, argumenta también que el Partido Socialista ha llevado a cabo votaciones democráticas internas, donde los militantes podrían haber respaldado o rechazado la idea.
El juez admite, no obstante, que su impresión es que "los socialistas, con mayoría absoluta, no habrían acordado esta medida", pero cree "evidente" que el conflicto catalán es una cuestión crucial que influye en las políticas territoriales, y en un contexto de negociación de los pactos de investidura, "no resulta sorprendente que se pacte una política, que pueda adoptar una línea dura contra el independentismo, o una línea conciliadora a través de medidas de gracia".
"A mí me parece que está dentro del juego parlamentario que haya acuerdos de investidura en los que se puedan pactar determinadas medidas -opina-. Sin duda, esto puede ser muy criticable, al igual que puede haber cambios de posturas sobre el tema que la ciudadanía podrá valorar. Lo cierto es que el Parlamento se ha constituido, y ahora es el momento de articular mayorías parlamentarias".
"En política, uno tiene que valorar cuáles son sus compromisos, su idea de la gobernabilidad del país y adoptar decisiones, y la última palabra siempre la tiene la ciudadanía a la hora de participar en las elecciones", añade.
Por último, el magistrado Bosch considera muy complicado que intervengan las instituciones europeas en este asunto. "Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas ocasiones que la amnistía es plenamente compatible con los sistemas democráticos. A partir de ahí, por supuesto, se pueden ejercer acciones, pero es difícil que puedan prosperar a la vista del marco común europeo".