"Justicia dilatada, justicia negada" constituye una de las máximas más generalizadas dentro del mundo jurídico, por la consideración de que una sentencia en un tiempo razonable que es el mínimo posible es un derecho humano. El caso Oikos se abrió a la luz de los españoles el 28 de mayo de 2019, esto es, en este día de los Santos Inocentes hace 55 meses. O cuatro años y siete meses. Una tardanza que contraviene incluso las reformas recientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recomienda que los procesos no se prorroguen más allá de un año, prorrogable en función de las diligencias o de la complejidad en periodos de seis meses. Se cuentan ya ocho prórrogas desde aquella audaz operación policial sobreabundante en despliegue.
Desde aquel 28 de mayo, las investigaciones y diligencias han variado hasta el punto de que el Caso Oikos de mayo de 2019 se parece al de diciembre de 2023 como un huevo a una castaña. Lo que comenzó siendo una operación por presuntas apuestas ilegales del Huesca-Nástic -con circunstancias colaterales de la ejecutoria de "los malos" Bravo y Aranda- derivó hacia un supuesto amaño con primas a terceros por ganar del Reus-Valladolid y culminó en la narrativa de una inflación en las facturas de las obras de El Alcoraz con peritajes contrarios y la constatación de que con 42.000 euros de exceso no se podía comprar un partido de 250.000-270.000 euros. En medio, la sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad de la sala sobre el "caso Osasuna" que deja sin doctrina cualquier pretensión de considerar un tipo ilícito las primas a terceros por vencer.
En todo este tránsito con conclusiones policiales chuscas, insinuaciones al expresidente del Huesca para que vendiera el club y otro tipo de insinuaciones "wasaperas" a la mujer del investigado Íñigo López de un policía ligón o enamoradizo, metáforas de trenzas y aceite de oliva -virgen extra- que simbolizarían el dinero y una lentitud exasperante en la instrucción, han pasado tres jueces. Comenzó De Pedro y ahora está en manos de Alicia Bustillo. Han sido sobreseídos una importante cantidad de imputados por idénticos delitos atribuidos a los que se han quedado dentro. Incluso Fiscalía (Victoria Arenere), en su última petición de archivo para dos ex del Reus, ha anunciado que mantendrá la misma posición para otros investigados. Esto es, que demandará la libertad sin cargos.
Los arrastrados en esta deriva de "morosidad temporal" han padecido ataques coronarios y operaciones, carencia de recursos para la subsistencia y otra clase de penalidades. Mientras, los abogados de las Defensas, han apostado por apear las protestas por la dilación de los magistrados, atónitos ante ese cierto filibusterismo judicial, y es que cualquier expresión de desacuerdo no ha hecho sino demorar el proceso. O padecer esa sensación, que también es presunta.
En medio, además, la situación de la Sociedad Deportiva Huesca, uno de los investigados, se ha enrarecido y las respuestas han chocado con la situación procesal del expresidente, Agustín Lasaosa, que se presume que volverá a ser contratado ya por voluntad de la propiedad del club.
La realidad más palmaria, a fecha de 28 de diciembre de 2023, Día de los Inocentes que no hace puñetera gracia a los encausados, es que han transcurrido 55 meses. Y eso es una barbaridad, porque como dicen los defensores de los derechos humanos, justicia dilatada es justicia negada.