Ricardo Orús estima que hay que dar un metafórico puñetazo en la mesa mediante la apelación a la inspección de Tribunaloes del Consejo General del Poder Judicial después de que el caso Oikos acumule ya 53 meses de investigaciones e instrucción desde el 28 de mayo de 2019.
El prestigioso abogado oscense pronuncia su particular "¡basta ya!" y asegura que ha aconsejado a sus clientes, Pryobras y Jesús Sanagustín, "formular una queja ante la inspección de tribunales del Consejo General del Poder Judicial, porque no hay justificación a semejante retraso que infringe los derechos constitucionales a un juicio justo y, por ello, rápido y eficaz".
La respuesta de sus defendidos, sin embargo, no le permite emprender esa acción. "No se atreven por miedo a unas infundadas represalias". Ricardo Orús se siente "cansado y dolido" con esta especie de "filibusterismo" judicial, un obstruccionismo, una lentitud que no tiene sentido. "Eso ni con Franco pasaba", pero sobre todo le parece inconcebible que la propia magistrada, al anunciar el fin de la instrucción, apele al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que abunda en que las causas han de dilucidarse en un año prorrogable en espacios máximos de seis meses cuando la búsqueda de pruebas y el hilo del juicio lo demande y, sin embargo, se haya ido ya la duración del proceso a 53 meses, y tres desde el auto que daba por acabada la instrucción.
Orús explicita el daño anímico que esta situación dilatante está provocando en muchos de los acusados, no sólo sus representados, por lo que exige la mayor diligencia a la titular del Juzgado de Instrucción número 5.