Este sábado 28 de octubre se cumplen 53 meses desde la apertura del caso Oikos con aquel despliegue policial que puso a la Sociedad Deportiva Huesca en el foco de la actualidad nacional por una causa que se suponía que iba a juzgar unos supuestos tipos ilícitos de apuestas ilegales amparadas en el amaño del partido Huesca-Nástic de Tarragona.
Cuatro años y cinco meses después, la evolución de Oikos ha convertido la actuación policial y judicial en una cuestión que será estudiada en facultades y otros espacios académicos y profesionales. Desechada la primera argumentación de los investigadores e instructores, se varió hacia unas posibles primas a terceros del Reus-Valladolid, de las que no se consiguió extraer ni una sola prueba. Se cruzó también el pronunciamiento del Tribunal Supremo por unanimidad de una sala sobre el caso Osasuna, que desestima la ilicitud de las primas por ganar al estimar que no vulneran el espíritu de la competición, sino que lo alientan. Esta sentencia no crea jurisprudencia pero define una doctrina.
Superpuestas a este asunto, las facturas del campo que afectan a la constructora por si pudieran haber sido soportes de la obtención de dinero para las primas a los jugadores del Reus, a pesar de que la posible inflación aducida por el perito oficial (y rebatida por otro contratado por la defensa de Pryobras) se quedaría no menos de cinco veces por debajo de los 250.000-270.000 euros estimados por las pesquisas policiales.
El pasado 24 de julio, la jueza Alicia Bustillo remitía un auto a las tres acusaciones particulares (Liga de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol y Real Valladolid) y a las defensas de los investigados Raúl Bravo, Carlos Aranda, Íñigo López, Agustín Lasaosa, Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Caballero, Miguel Ángel Tena, Mascún Obra Civil y Jesús Sanagustín en el que anunciaba el fin de la instrucción "por no haber lugar a la prórroga".
Desde entonces, todas las partes esperan la decisión de la magistrada, que precisamente en ese auto recordaba para rebatir la petición de La Liga el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sostiene que "la investigación judicial se desarrollará en un plazo de doce meses desde la incoación de la causa". Admite, eso sí, pórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses y tras ser expuestas las causas que han impedido el fin de la investigacion "razonadamente" además de las diligencias concretas que es necesario practicar y su relevancia para el caso. Muchas prórrogas y mucha desesperanza en los implicados. 53 meses son muchos en la vida de una persona agitada por la zozobra de la incertidumbre del resultado de un proceso judicial. Una espera -metafóricamente- eterna. Tanto que la vuelta de Agustín Lasaosa ni siquiera ha podido esperar a la decisión del número 5 de los Juzgados.