Los sindicatos convocantes de la huelga de Limpieza en Edificios y Locales de la provincia de Huesca, CCOO del Hábitat de Aragón y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Aragón, han valorado positivamente el seguimiento de la huelga indefinida que ha arrancado este lunes y que llama a 4.000 trabajadoras, especialmente en la capital en la que cuantifican en un 80 % el total de huelguistas respecto a la plantilla global. Los servicios mínimos condicionan los números vespertinos, aunque Mariano Álvarez, representante del primer sindicato, aduce que "aquellos que no están afectados por esta exigencia han secundado de manera muy importante el paro". Las centrales recaban datos sobre el resto de la provincia.
Esta mañana del martes, los repesentantes sindicales van a mantener sendas reuniones con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, para exponerles la situación de un colectivo "que lleva cinco años sin convenio. No es de recibo y entendemos que las instituciones deben tener inquietud por esta carencia impropia de nuestro Estado. Además, la huelga les afecta a ellos también, porque en sus centros el seguimiento está siendo bastante alto a excepción de aquellos lugares en los que se han decretado servicios mínimos muy altos. Con el paso de los días, la limpieza en las administraciones, que son una parte relevante del sector, se va a ver afectada en forma de suciedad". Es consciente Mariano Álvarez que este servicio está externalizado, "pero no debe impedir para que se sientan implicados con unos trabajadores que sufren los peores efectos de un mercado laboral en precario".
Por otro lado, los servicios jurídicos de CCOO y UGT estudian la impugnación de los servicios mínimos. Se han distribuido de manera diferenciada en tres grandes espacios. Por un lado, en las residencias y en los centros de atención a personas con discapacidad, en torno a un tercio de la plantilla en los primeros y hasta un 70 % en los de discapacidad, "que nos parece un porcentaje excesivo". Por otro, en los centros educativos no universitarios "con aproximadamente un 50 % en general, con casos del 30 % y otros del 70 %", que las centrales piensan apelar. Y, finalmente, los organismos judiciales, "donde no son excesivamente abusivos, no afectan excesivamente porque de 14 personas de plantilla se ha exigido que trabajen como servicio mínimo dos medias jornadas".