"Actividad más caracterizadora de las administraciones públicas que agrupa todas las organizaciones, actividades y funciones que tienen por objeto prestaciones de bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos". Es la definición de servicio público del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Y es, exactamente, una manera de empezar el análisis por la conclusión, para que los ciudadanos, entre ellos los lectores, vayamos posicionando en sus justos términos reivindicaciones como los trenes de proximidad Huesca-Zaragoza, la renovación de la flota del AVE que acabe con esta agonía de las decrépitas unidades que salen y llegan a Huesca, y la política de indemnizaciones por retrasos que es un abuso inaceptable por parte del Estado por cuanto atenta contra el derecho de los consumidores y sirve de coartada para la ineficiencia administrativa.
Quizás haya que agradecer al provocador ministro Óscar Puente que haya desatascado la conciencia aragonesa, y particularmente oscense, sobre la reivindicación de los trenes de proximidad entre las dos principales capitales de la comunidad. Aunque ahora se está adornando con los epítetos histórica, atávica o tradicional la reclamación de lo que se llama Cercanías, lo cierto es que tal vindicación no se va más allá de cuatro años hacia atrás, salvo que queramos ser nuevos Sabinos Aranas en la invención de la historia. Los partidos políticos han llegado a tal cuestión tarde y casi diríamos que arrastrados, a pesar de que las primeras jornadas de Huesca Suena en la Caja Rural de Aragón ya reunieron a los alcaldes entonces Azcón y Felipe, además del experto Iñaki Barrón de Angoiti. Incluso, se han desperezado con cierta holgazanería tras la mesa redonda de alcaldables en el primer debate de las últimas municipales. Más allá de algunas iniciativas de chichinabo en sedes parlamentarias, de las que se pasa la hoja y no se acuerda nadie, no ha habido ni chicha, ni limoná.
Tiene el titular de Transportes la singularidad de que argumenta mucho y habitualmente argumenta mal, pero es que añade a tan desmesurado grado de autoestima (y de estima de los conmilitones más contumaces, no así de los que tienen capacidad crítica) un desparpajo para la provocación digno de mejores causas. Ampararse en un estudio de hace ocho años para despacharse, como quien se quita la caspa de los hombres, con un "no ha lugar" por inviabilidad a la comunicación ferroviaria de cercanía entre las dos capitales es tanto como desconocer el cambio en los hábitos gracias a una medida discutible (al menos filosóficamente) como la gratuidad de los regionales erigida por intentar hacer virtud en la pandemia y prolongada, a mi entender, innecesariamente. Pero todo es discutible, naturalmente. No así las imágenes de convoyes con jóvenes sentados en los pasillos y gentes amontonadas más veces de lo que sería deseable, lo que implica que demanda hay.
El caso es que esa intemperancia de Puente ha tenido la virtud de despertar a la sociedad civil oscense adormecida durante los años en que Huesca Suena se ha desgañitado en la defensa de esta infraestructura desde criterios técnicos elaborados con un rigor insuperable. De ahí que me permita aconsejar a Ayuntamiento y la comisión de trabajo que va a impulsar con otros agentes sociales escuchar de manera muy activa las aportaciones de la plataforma, porque lleva más de cuatro años de adelanto y muchísimo talento de miembros que ya son eméritos en sus profesiones pero activos en su capacidad de análisis y de recomendación de soluciones. Quizás sea Aragón Existe, por ser justos, la única formación que ha dimensionado el valor de las aportaciones de Huesca Suena y, consecuentemente, su consejo de que terminológicamente se hable de trenes de proximidad y no de cercanías, y que se arguya el concepto de servicio público como una aspiración incontestable ha de ser baluarte sobre el que hacer crecer la idea hasta su materialización.
Similares consideraciones han de obrar en torno a la obsolescencia obvia del AVE Huesca-Madrid-Sevilla. La recurrencia de los incidentes, suspensiones y parcheos es directamente proporcional a la vetustez de los trenes, deslumbrantes en 1992, quejumbrosos en 2025 por estar aquejados de patologías propias de la edad. Introducir su renovación, como hizo el ministro, en una operación global a dos años vista de renovación de la flota constituye un desprecio hacia Huesca y supongo que otras "huescas" que padecen, en su debilidad demográfica y por tanto electoral, similares penurias.
La tercera cuestión, con ser estas dos previas fundamentales, resulta mucho más grave. Que un ministro del Gobierno de España, con todo su empacho, salga de un pleno del Congreso asegurando que va a tratar de incumplir una ley aprobada por mayoría, en concreto la de Movilidad Sostenible, le inhabilita por la vía de la vulneración del Estado de Derecho que, aunque haya quien no lo crea y hasta lo desprecie, ha de ser la norma que rija la convivencia del país. El cambio del Compromiso Renfe de puntualidad el 1 de julio de 2024 fue un atentado contra los derechos de los consumidores y de paso un anuncio de impunidad frente a los retrasos que ya no son esporádicos sino estructurales porque es la concurrencia de unos trenes viejos y unas infraestructuras mal mantenidas lo que provoca la multitud de incidentes y demoras. Esgrimir que Iryo y Ouigo no están sometidos a esa obligación es una razón que se contesta con el hecho de que los españoles no pagamos las pérdidas hipotéticas de los italianos y los franceses, de Renfe sí. Es un pequeño detalle que desarma el concepto de la desigualdad competitiva, porque aquellas no disparan con pólvora del rey.
No podemos olvidar, por justicia, por vertebración y por ciudadanía (sí, como todos los españoles) las reivindicaciones de las distintas plataformas como Monegros no Pierdas tu Tren o la similar en Monzón de la mejora de la comunicación con regionales, dotadas siempre de excelentes argumentarios y estudios dotados de racionalidad y sentido común, que se han visto recibidas pero no contentadas en sus legítimas aspiraciones. Son los derechos de la hoy llamada ruralidad o de la España Vaciada, la denominación es irrelevante cuando son los hechos los esperados.
En un proceso de reflexión necesario, frente a las peregrinas ideas asentadas dentro de las ensoñaciones progresistas, hay que entender que, efectivamente, el dinero no cae del cielo y hay que ser responsables en el gasto, pero en el orden de prioridades ha de quedar establecida la movilidad no sólo como un derecho, sino como un servicio público que ha de favorecer el Estado. Y, para compatibilizarlo con la limitación de recursos, se imponen pensamiento, eficiencia y gestión. Lo demás son bobadas tuiteras y propaganda estéril. Predicar y negar trigo.