La obligación de la oposición es ejercer de tal. Punto primero. Toda la fiscalización que hagan del poder y toda crítica es legítima, brille por su iniciativa, peque de incoherencia. Pero, al igual que el gobierno, está sometida al escrutinio público.
Quienes llevamos en este mundo unos cuantos lustros, somos conscientes de que el efecto acción-reacción iba a personarse después de la presentación del Plan de Actuaciones Preferentes en Carreteras. Igual que en cualesquiera de los que ha presentado el actual presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, en tres años de mandato en los que, sin duda, ha dejado una impronta planificadora. Algo que, me lo permitan o no, me retrotrae a Carlos García Martínez, otro que en cuatro años imprimió un sello que las hemerotecas convierten en indeleble: la creación de La Magia de Huesca, el Palacio Provincial, la semilla del turismo rural... En cuatro años, fue extraordinariamente proactivo. Era un señor muy creativo, aunque su nombre provoque sarpullidos desde terreno amigo.
Llevar más de cuarenta años de observador permite abrir el campo de la mirada porque la memoria ayuda. La Diputación es una institución que merece la pena porque su principal virtud es la gestión que siempre lleva velocidad de crucero. Al carácter visionario de Carlos García le sucedió la época de Marcelino Iglesias cuya proyección fue más cultural, con la irrupción de Pirineos Sur y otros acontecimientos que fue realmente una buena idea aunque, cuando hay recursos públicos, no exenta de excesos. Luego llegó Antonio Cosculluela, que cumple el requisito fundamental y no siempre suficientemente ponderado de la bonhomía y el cumplimiento del deber, que también tuvo sus hitos. Y desde entonces Miguel Gracia, al que hay que atribuir el impulso de La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes o a la truficultura. En todos los casos, dejar funcionar la maquinaria es la decisión tácita más adecuada. Sé que es una visión algo simplificada, pero cada uno recuerda las acciones más virtuosas en la percepción objetiva y subjetiva.
Pero en este último mandato, más allá de hitos como el "mundial" de turismo de aventura o la Gala Michelín o Dipufest (particularmente sostengo que, igual que antes, en nuestras instituciones se gasta demasiado en cultura efímea y demasiado poco en imperecedera), la gran línea definitoria de la gestión es que el equipo de Claver ha ordenado y sistematizado el funcionamiento del apoyo a los municipios de manera planificada, lo que añade racionalidad y detrae espacio a la arbitrariedad. Planes estructurales y coyunturales (como el respaldo a los consistorios para que pudieran afrontar el incremento de los costes energéticos). Se podrán discutir -y se hace por la oposición- los criterios. Y se podrá hacer precisamente por eso: porque los hay. Y en estos tiempos emocionales en que la gente se echa a la calle por instintos, es un valor.
Me ha parecido llamativa la queja del PSOE de la Diputación por este plan de carácter extraordinario para las carreteras. No es siquiera discutible que el PSOE se ha subido al carro o ha instigado las protestas de los llamados martes negros a los que iban a suceder los sábados negros por la negritud de algunos tramos de la red autonómica. Y ahora, cuando se ofrece una solución para algunas de las vías de la vergüenza -las que justifican la definición de las peores carreteras de España-, buscan el pretexto del apoyo a una institución, el Gobierno de Aragón, que tiene las competencias en la materia.
Aunque esta argumentación se veía venir -es la única que se puede esgrimir ante una iniciativa muy, pero que muy plausible-, resulta fácil bucear en la memoria para rebatir, en aras de ofrecer al lector elementos de juicio, las acusaciones. El PSOE ha estado al frente del Palacio Provincial desde 1983 nada menos que 36 años de los 43 totales (de los últimos 27, 24). En el Pignatelli, 26 años socialistas desde Santiago Marraco (luego Marco, Iglesias y Lambán), por 6 del PAR (Hipólito-Eiroa hasta el gomarcazo) y 11 del PP.
Conviene contextualizar ante el estado de unas carreteras cuyo deterioro no es de anteayer. Pero es que, a lo largo de todos estos años, la Diputación Provincial ha establecido acuerdos con instituciones y empresas en campos competenciales que no eran propios con el objetivo de ayudar a los pueblos, que es su única razón de ser (entendidos como pueblos todos los municipios de este territorio). La enumeración daría para muchos artículos, pero baste recordar que en los ochenta y hasta la transferencia la Diputación absorbía servicios médicos y psiquiátricos y que, durante lustros, suscribía convenios con Telefónica y Endesa, compañías privadas, para llevar el teléfono y la luz hasta los pueblos. O más recientemente el plan de extensión de fibra para mejorar la conectividad tecnológica, también con empresa particular. Se llama pragmatismo y es bienvenido.
Basten recordar, como añadido, los hitos de La Guarguera. Y todo por el orgullo de una expresión hoy perdida en el rincón de los tiempos y que siempre repetía Carlos García: la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. No es preciso mencionar las temporadas de orondas cantidades -y justificadas bajo mi punto de vista- al Club Baloncesto Peñas Huesca la Magia.
Para justificar la crítica del Plan de Actuaciones Preferentes en Carreteras, habría que identificar el punto del manual de uso de la Diputación en el que sí se pueden suscribir convenios con compañías telefónicas o eléctricas pero no con el Gobierno de Aragón. Especialmente cuando durante meses los críticos han estado vociferando contra el pésimo estado -que lo es- de unas vías y pretendiendo centrar el debate tras ocho años de gobiernos y 24 de corporación provincial propia.
La realidad es que esas carreteras (la que alude la portavoz socialista en la materia al estimar que quedará incompleta tendría que haber sido iniciada en 2013), en un tiempo más que razonable, permitirán un tránsito moderno para los vecinos y entre los pueblos. Bienvenida sea la cooperación y el destino de ese dinero de la Diputación porque es una causa mayor, como aquellas del abastecimiento eléctrico o telefónico. Las instituciones requieren argumentos más sólidos que los eslóganes de los manifestódromos. Lo dice el aforismo: soplar y sorber no puede ser.