Este mes de abril, en Jaca, se celebra el Congreso Pirenaico Canal Roya 2026. Entre las entidades colaboradoras del congreso figuran varios clubes de montaña de Aragón, la Federación Riojana de Montañismo y la Federación Aragonesa de Espeleología. La Federación Aragonesa de Montañismo no figura siquiera entre las entidades colaboradoras. Hay omisiones y silencios que se explican solos. Otros necesitan explicación. El silencio de la Federación Aragonesa de Montañismo ante el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya es del segundo tipo.
La FAM es la organización que debería representar a quienes practican deportes de montaña en Aragón. Su razón de ser es la defensa de los intereses de ese colectivo y del medio natural en el que se mueve, tal como recogen sus Estatutos. A principios de 2023 el proyecto de unión de las estaciones de esquí por el valle de Canal Roya pretendió financiarse con fondos europeos que exigían no causar un daño significativo al medio ambiente. Ese proyecto afectaba directamente a ambos intereses federativos. Proponía urbanizar un valle pirenaico de alto valor ecológico para construir infraestructuras de esquí alpino en un momento en que la viabilidad de ese modelo de negocio es cuestionada por la realidad climática. Es exactamente el tipo de asunto sobre el que una federación de montaña debería tener una posición clara. Cuando en abril de 2023 la amenaza de ese proyecto se hizo más evidente, numerosas asociaciones de todo tipo se manifestaron en contra del mismo. La FAM fue al revés.
Su presidente señaló al respecto que la FAM “ha sido pionera en la defensa del medio ambiente, pero que es sensible a la necesidad de mantener vivas nuestras montañas”. Esa afirmación presupone una contradicción que no se alcanza a comprender y cuya conclusión resulta todavía más sorprendente: que la única manera de mantener vivas nuestras montañas sería renunciando a su defensa cuando se pretenda alterar de manera irreversible un valle como el de Canal Roya.
Igualmente se excusaba diciendo que “conocemos y confiamos plenamente en que el proyecto tendrá que someterse a todos los controles medioambientales que la legislación ambiental recoja para actuaciones de este tipo.” Hay que recordar que los altos valores ambientales de este valle motivaron el inicio del procedimiento para su declaración como Parque Natural del Anayet-Partacua en 2006, el cual fue apoyado activamente por la FAM de entonces. El Gobierno de Aragón, que desde 2007 viene incumpliendo la obligación inexcusable de resolver ese procedimiento, manifestaba esa primavera que el proyecto de unión de estaciones cumpliría con todos los trámites legales, entre ellos el de la evaluación ambiental por el INAGA. Ahora empezamos a conocer en profundidad cómo se ha venido presionando a los técnicos de ese organismo en la emisión de informes sobre proyectos de energías renovables, y hasta qué punto los informes del INAGA han venido pretendiendo ser la excusa para el todo vale cuando interesa a alguien.
La presión social acabaría tumbando poco después el proyecto de unión de estaciones por Canal Roya. Pero ese proyecto continúa en un cajón. Como continúa en otro cajón la postura de la FAM sobre el mismo. Para entender ese silencio hay que seguir el rastro del dinero. Sigamos una de las rutas.
Cada año, el Gobierno de Aragón suscribe un convenio de colaboración con la FAM para financiar la campaña Montaña Segura. El convenio de 2026 asciende a 360.000 euros. El Gobierno de Aragón aporta el 97% de esa cantidad. La FAM es el beneficiario único. Esta relación se viene produciendo, con importes crecientes, desde 1999.
El convenio se ha publicado en el Portal de Subvenciones y Ayudas del Gobierno de Aragón. La FAM, como beneficiaria de una subvención pública de 360.000 euros, está obligada por las leyes de transparencia a publicar esa información en su página web. No lo hace. El dinero fluye, pero la opacidad se mantiene.
No hay nada ilegal en recibir financiación pública para una campaña de seguridad. El problema es lo que esa dependencia puede producir en términos de independencia. Una organización que recibe el 97% de los fondos de un convenio de una sola fuente, el Gobierno de Aragón, no está en condiciones de incomodar a esa fuente sin asumir un riesgo existencial. No hace falta ninguna amenaza explícita. La dependencia financiera genera autocensura de forma espontánea y racional.
Pero hay un segundo nivel que agrava la situación. La FAM mantiene vínculos institucionales con el ecosistema de empresas públicas del Gobierno de Aragón que operan en el sector de la montaña y el turismo activo. Esos vínculos crean lo que en derecho se llama un conflicto de interés: una situación en la que quién debería hablar en nombre de un colectivo tiene razones personales o institucionales para no hacerlo, o para hacerlo en un sentido distinto a los intereses propios de ese colectivo. El conflicto de interés no requiere mala fe. No hace falta que nadie tome una decisión consciente de callar a cambio de dinero. Basta con que la estructura de incentivos haga que callar sea lo más cómodo, lo más seguro y lo más rentable. Cuando esa estructura se instala, el silencio se vuelve sistémico.
Lo sé porque conozco el sistema desde dentro. Durante cuatro años presidí la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Nuestro silencio también lo quisieron comprar. Las federaciones deportivas son organizaciones con vocación de servicio público y recursos escasos. Cuando una administración ofrece financiación estable y generosa, la tentación de no morder la mano que alimenta es comprensible. Pero comprensible no significa aceptable, especialmente cuando lo que está en juego es la defensa del medio natural que da sentido a la propia existencia de la federación.
El convenio Montaña Segura tiene además una dimensión que merece atención por sí sola. Una parte significativa del dinero —píldoras audiovisuales para televisión, gestión de redes sociales con publicidad de pago, rotulación de autobuses, colaboraciones con influencers— financia lo que son prestaciones de servicios cuya contratación debería realizarse con arreglo a los principios y la normativa de contratación pública, respetando especialmente los principios de transparencia, publicidad, igualdad de trato y no discriminación. Canalizar esas prestaciones a través de un convenio con una federación deportiva elude ese cauce y concentra esas prestaciones en una asociación privada, año tras año, sin que la elusión de la competencia esté justificada. Nadie recurre ante los tribunales porque el cálculo es sencillo: un contencioso administrativo tarda años, cuesta dinero y no garantiza nada. Por eso el sistema se perpetúa.
Este no es un problema exclusivo de la montaña aragonesa. Es el mecanismo general por el que los partidos en el poder colonizan el tejido asociativo, deportivo, cultural y social: no es mediante la coacción, sino mediante la dependencia financiera. Se subvenciona a quienes no molestan y se deja sin financiación a quienes lo hacen. Con el tiempo, las organizaciones aprenden la lección sin necesidad de que nadie se la explique. El resultado es una sociedad civil que funciona como correa de transmisión del poder en lugar de como contrapeso.
Rafael López Guarga, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Aragón, publicaba hace unos días en varios medios aragoneses una reflexión lúcida sobre el modelo de gestión de las administraciones públicas. Su diagnóstico era correcto en los síntomas: clientelismo, endogamia, arbitrariedad. Pero el problema no es de modelo de gestión. Es de gobernanza. La Administración Pública no gestiona mal por incompetencia; lo hace condicionada por intereses que la alejan de sus principios, porque ha sido tomada como parte del botín electoral, y quienes la han tomado no tienen ningún incentivo para devolverla. La llamada a la sensatez, por bien fundada que esté, llegará a oídos sordos mientras no exista una presión social que haga más costoso mantener el statu quo que cambiarlo.
En el Congreso Pirenaico Canal Roya 2026 durante tres días, geógrafos, geólogos, biólogos, juristas, deportistas montañeros y periodistas expondrán razonamientos y reflexionarán sobre la protección de uno de los últimos valles pirenaicos sin urbanizar. Participaré en la mesa redonda sobre el compromiso del mundo deportivo con la protección de la alta montaña. Será una conversación incómoda y necesaria, con personas que anteponen la coherencia a la comodidad. La FAM no estará. Debe tener una agenda muy ocupada gestionando los 360.000 euros que van a recibir del Gobierno de Aragón.