Alrededor de 70 personas se han concentrado este jueves en la plaza de Navarra de Huesca, convocadas por el colectivo Bienvenidxs Refugiadxs, en un acto en el que se ha denunciado el racismo institucional y se ha reivindicado la reciente regularización extraordinaria de personas migrantes en España.
La concentración ha servido para dar lectura a un manifiesto en el que se pone el foco en la actuación del Ayuntamiento de Huesca y del Gobierno de Aragón, a quienes se acusa de intentar frenar este proceso. El texto sostiene que ambas instituciones están utilizando sus herramientas administrativas y jurídicas para obstaculizar un avance que consideran clave en materia de derechos humanos.
En el caso del consistorio oscense, el colectivo ha criticado el acuerdo plenario que solicita la retirada de la regularización, al entender que supone “un acuerdo plenario de la vergüenza” y que “va directamente en contra de la vida de muchas de sus vecinas”. Asimismo, han denunciado que el Ayuntamiento no está facilitando trámites esenciales como el informe de vulnerabilidad desde los servicios sociales, lo que, según han señalado, está siendo asumido por organizaciones sociales.
En Huesca, según rezaba uno de los carteles exhibidos, los datos de afiliación de población extranjera a la Seguridad Social son de 19.923 personas, 7.247 mujeres y 12.676 hombres.
El manifiesto también dirige sus críticas al Gobierno de Aragón, al que acusa de recurrir la medida con recursos públicos para “intentar devolver a las personas al infierno de los sin papeles”. En este sentido, se cuestiona el uso de la vía judicial para frenar la regularización, interpretándolo como una acción que “trata de cargarse la esperanza, la justicia, el progreso y el respeto de los derechos humanos”.
El documento reivindica la modificación del Reglamento de Extranjería, que permitirá a personas sin papeles o solicitantes de asilo acceder a un permiso de residencia y trabajo temporal si cumplen determinados requisitos. Desde el colectivo se subraya que esta medida beneficiará a cientos de miles de personas, facilitando su acceso a derechos básicos, al empleo y a una mayor estabilidad jurídica.
En este sentido, se destaca que la regularización permitirá que muchas personas “puedan trabajar legalmente y ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones como lo que son: vecinas de nuestros pueblos y ciudades y contribuyentes”, además de favorecer a sectores económicos que requieren mano de obra y contribuir al equilibrio demográfico.
No obstante, el manifiesto también señala limitaciones en la medida, como la exclusión de determinados colectivos —entre ellos solicitantes de apatridia— o la brevedad de los plazos establecidos, al tiempo que reclama una política migratoria más amplia que garantice una acogida digna y el respeto al derecho a migrar.
Durante la lectura se ha recordado además la trayectoria del movimiento en Huesca, que desde hace una década se concentra semanalmente para defender que “ninguna persona es ilegal”, denunciando las políticas migratorias restrictivas y situaciones como la dificultad para acceder a vivienda o a citas administrativas.
El colectivo ha vinculado la actual movilización con años de trabajo social y recogida de apoyos, como las más de 2.000 firmas recabadas en Huesca en favor de la iniciativa legislativa popular de regularización, dentro de un movimiento estatal que ha superado las 700.000 adhesiones.
La concentración ha concluido con un llamamiento a situar los derechos humanos como eje de la acción política, frente a lo que consideran discursos y prácticas excluyentes. Entre las consignas coreadas han destacado “Contra el racismo institucional”, “Regularización sí” y “Ninguna persona es ilegal”.
En el tramo final de la concentración, el colectivo Bienvenidos Refugiados ha incorporado también un recuerdo explícito al pueblo palestino, con consignas en defensa de su libertad y denuncias por la situación en Gaza.
Asimismo, se ha denunciado la interceptación de la flotilla solidaria que se dirigía hacia Gaza, abordada por el ejército israelí en aguas internacionales. Los participantes han aludido a este episodio como una nueva vulneración del derecho internacional, señalando el bloqueo de las embarcaciones y la retención de sus tripulantes, en una acción que ha suscitado movilizaciones de protesta en distintos puntos y que ha sido interpretada como un ataque directo a iniciativas humanitarias.