La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ha acreditado en un informe que el oscense Lorenzo Serena, el funcionario que expresó las irregularidades del procedimiento de adjudicación del túnel de Belate a la UTE de Acciona y Servinabar (empresa en el foco mediático por sus implicaciones con Santos Cerdán), padeció represalias al ser enviado a una nave en el Polígono Landaben de Pamplona que le separaba de sus compañeros habituales.
El informe explicita que Serena fue trasladado a esta nave del Gobierno de Navarra, como explicó en la comparecencia en el Senado en la que explicitó con prudencia y exactitud las irregularidades que a su juicio invalidaban el procedimiento. Anticorrupción demandó explicaciones al ejecutivo foral, que las aportó en la figura de Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial y tío de la presidenta además de responsable del proceso de adjudicación, quien afirmó que el cambio de ubicación obedecía simplemente a una "reorganización administrativa" en el Centro de Conservación de Pamplona, donde se amparaba el gobierno en el mayor número de actuaciones que requerían personal jurídico, omo es el caso.
El director general de Obras Públicas e Infraestructuras admitió que se trataba de un error fruto de desconocer la identidad del denunciante, al que pidió disculpas, pero la jefa Anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa, replicó en un correo que "no cabe disculpa alguna frente a los actos de represalia", para agregar que "esa Dirección General conocía perfectamente la condición de denunciante del Secretario de la mesa de contratación" ya que anteriormente a una resolución de la propia Eginoa, había denunciado idénticos hechos el 2 de mayo ante el Parlamento de Navarra, posicionamiento que se visualizó en los medios informativos.
El correo electrónico abunda en que "las represalias, siendo una de las mayores vulneraciones de los derechos de las personas denunciantes, constituyen una infracción muy grave".
Además, la Oficina Antifraude sostiene que la adjudicación de la obra en el túnel de Belate, de más de 70 millones de euros, está viciada desde las primeras fases como constataron en la mesa de contratación funcionarios y especialmente Lorenzo Serena.
POSIBLES CAUSAS DE NULIDAD
Lorenzo Serena, que ha huido de los focos mediáticos desde el inicio al sostener que simplemente cumplió con su deber, expuso en el Senado, durante más de dos horas de interrogatorio de los distintos partidos (PP, PSOE, VOX y Geroa Bai, la marca navarra del PNV), todos los detalles de un procedimiento ante el que expresó sus dudas y sus certezas de irregularidad a lo largo de todo su desarrollo.
En la Cámara Alta, el 15 de julio, explicitó la trinidad de irregularidades en el proceso de adjudicación: la falta de motivación de las valoraciones que hacía considerar que se trataba de un "acto arbitrario", la diferencia de valoración en un órgano colegiado en la que el presidente conocía antes de votar el sentido de los otros siete miembros; y la solvencia técnica y profesional.
La propia composición del tribunal pecaba ya de una llamativa circunstancia y es que el presidente era un funcionario jubilado desde hace años que fue rehabilitado con prórroga de actividad por una disposición de la ley de presupuestos con el argumento de su experiencia en tales asuntos.
Otro vicio en el procedimiento fue la admisión de una empresa que no reunía los requisitos del anuncio de la obra al no poder acreditar haber realizado de obras de este tipo por cuantía superior a 60 millones de euros.
La forma de adopción de los acuerdos, con comunicación por vía electrónica y sin reunión presencial, a pesar de la insistencia de dos de los intervnientes en la Mesa de Contratación, uno de ellos Lorenzo Serena.
Otra anomalía que puso de manifiesto fue que el presidente del Tribunal conocía las puntuaciones de los miembros restantes y su voto fue decisivo para que la UTE quedara primera respecto a otros competidores.