El Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si el Real Decreto que regula este procedimiento es compatible con el Derecho comunitario. El Ejecutivo autonómico sostiene que continuar con la tramitación antes de ese pronunciamiento podría generar un conflicto jurídico con la normativa europea.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha dado a conocer este viernes las alegaciones presentadas por el Gobierno aragonés en respuesta a la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que concedió a las partes un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la posible contradicción del Real Decreto con el Derecho de la Unión Europea. En la comparecencia ha estado acompañada por el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas.
En su escrito, el Ejecutivo autonómico se ratifica en su petición de que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE y reitera la conveniencia de suspender cautelarmente la tramitación del proceso extraordinario de regularización mientras el tribunal europeo resuelve sobre la compatibilidad de la norma con el ordenamiento comunitario.
Según recogen las alegaciones remitidas al alto tribunal, cuando una norma puede resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que rigen este ordenamiento aconsejan adoptar medidas cautelares. El documento sostiene que, si se acuerda la suspensión, las solicitudes permanecerían pendientes de resolución y los intereses de los solicitantes únicamente se verían aplazados en el tiempo.
Por el contrario, el Gobierno de Aragón considera que mantener abierto el procedimiento podría comprometer el interés público, tanto por las consecuencias económicas y administrativas que tendría en ámbitos como los servicios sociales, la educación, la sanidad o la vivienda, como por el riesgo de que España se vea inmersa en un conflicto jurídico con las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea.
Durante su intervención, Mar Vaquero ha defendido que el Ejecutivo autonómico actúa en cumplimiento de su obligación institucional. "Tenemos la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad" y, cuando una norma "puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad", ha asegurado que corresponde al Gobierno actuar.
La vicepresidenta ha afirmado que "defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho". En este sentido, ha señalado que el procedimiento extraordinario de regularización plantea, a juicio del Ejecutivo autonómico, "un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias".
Vaquero también ha insistido en que "el cumplimiento de la ley nunca puede ser una cuestión secundaria". A su juicio, "la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España", lo que supone "poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles".
Asimismo, ha recordado que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de los socios europeos. Por ello, ha subrayado que pertenecer a la Unión Europea "nos otorga derechos, pero también nos exige responsabilidades y el cumplimiento de la normativa comunitaria".
Recurso ante el Tribunal Supremo
El procedimiento se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón contra el citado Real Decreto, una actuación que fue autorizada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 22 de abril. En ese acuerdo ya se solicitó expresamente la suspensión cautelar de la norma al apreciarse una posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.
Posteriormente, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebró una vista oral en la que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico defendieron tanto la suspensión cautelar como la conveniencia de acudir al mecanismo de la cuestión prejudicial previsto en el ordenamiento europeo.
La providencia dictada ahora por el Tribunal Supremo concede audiencia a todas las partes personadas en el procedimiento, incluida la Abogacía del Estado, para que se pronuncien sobre la posible vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Real Decreto impugnado. Este trámite constituye un paso previo para que el alto tribunal decida si plantea la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin que ello suponga todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.