El Gobierno de Aragón ha recibido 44 solicitudes de ayudas de pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por los incendios forestales del verano de 2026, con un importe solicitado de 433.189,19 euros. La convocatoria, impulsada por el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, cuenta con un presupuesto de tres millones de euros para atender las peticiones que cumplan los requisitos establecidos, según informa el Ejecutivo autonómico.
Las solicitudes suman 433.189,19 euros en ayudas reclamadas, aunque el importe máximo inicialmente subvencionable se sitúa en 250.211,30 euros, el 8,3% de los tres millones presupuestados. Esta segunda cifra refleja la cuantía que, según el balance provisional, podría recibir subvención, y no el importe total solicitado. La cantidad definitiva podrá variar tras comprobar la documentación, los gastos y las pérdidas acreditadas, así como el cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.
La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha defendido la previsión presupuestaria del Ejecutivo para evitar que la insuficiencia de fondos limite las compensaciones. “El Gobierno de Aragón tenía que estar preparado para responder al peor escenario. Por esa razón pusimos sobre la mesa 3 millones de euros: para garantizar que ninguna empresa que cumpla los requisitos se quede sin apoyo por falta de crédito”, ha señalado.
Herrarte ha insistido en que la prioridad ahora es verificar las solicitudes y transformar la convocatoria en ayudas efectivas para los negocios perjudicados. “Ahora lo importante no es cuánto presupuesto queda sin consumir, sino revisar los expedientes con rigor y convertir esta convocatoria en ayuda efectiva para quienes han sufrido pérdidas como consecuencia de los incendios”, ha afirmado.
LA MAYORÍA DE LAS SOLICITUDES
La distribución territorial refleja la concentración de las peticiones en las zonas más afectadas por los fuegos. Peñas de Riglos-Jacetania acumula 24 solicitudes, con 196.331,37 euros reclamados y un máximo inicialmente subvencionable de 165.540,52 euros. Por su parte, Orés-Cinco Villas suma 18 expedientes, con 80.397,90 euros solicitados y 74.670,78 euros inicialmente subvencionables. Entre ambos territorios concentran 42 de las 44 peticiones registradas, el 95,45% del total.
Por actividades, la hostelería y el turismo encabezan las solicitudes, con 29 expedientes y 179.770,53 euros de importe inicialmente subvencionable. A continuación figuran el comercio, con cinco peticiones y 32.121,59 euros; la industria y manufactura, con cuatro y 25.606,68 euros, y otros servicios, con dos expedientes y 12.712,50 euros.
Las pérdidas de ingresos constituyen una parte destacada de las reclamaciones. Según el balance del Ejecutivo autonómico, 32 expedientes corresponden exclusivamente a lucro cesante, ocho combinan esta pérdida de ingresos con daños materiales y cuatro solicitan compensaciones únicamente por daños materiales.
La directora general ha recordado que las consecuencias económicas de los incendios pueden prolongarse más allá de la extinción. “Los incendios no terminan económicamente cuando se apagan las llamas. Hay negocios que han visto interrumpida su actividad, perdido facturación o sufrido daños. Nuestra obligación es dar una respuesta seria a quienes puedan acreditar esas pérdidas”, ha manifestado.
OCHO EXPEDIENTES
El incendio de Peñas de Riglos también llevó a varias empresas de la zona a recurrir a expedientes de regulación de empleo ante las dificultades para mantener su actividad con normalidad. En total, se han tramitado ocho expedientes vinculados al fuego, seis de los cuales concluyeron con la suspensión de la actividad por causas de fuerza mayor.
Herrarte ha relacionado estos mecanismos laborales y las ayudas económicas con la necesidad de preservar la continuidad de los negocios y el empleo. “Detrás de cada expediente hay un negocio y hay puestos de trabajo. Las ayudas y los mecanismos laborales tienen que servir precisamente para eso: para que una situación excepcional no termine convirtiéndose en el cierre definitivo de una actividad que era viable antes del incendio”, ha declarado.
Una vez finalizado el plazo de presentación, el Ejecutivo autonómico ha iniciado la revisión de los expedientes para comprobar la relación de los daños y las pérdidas con los incendios, así como la documentación aportada. Las solicitudes incompletas o insuficientemente justificadas deberán subsanarse antes de establecer la cuantía definitiva de las ayudas.