La Delegación del Gobierno en Aragón ha requerido a la Comarca del Sobrarbe la revocación del apoderamiento por parte del presidente, representante legal, a un particular ajeno a la corporación para ejercer competencias reservadas a los responsables electos (presidente, consejeros y Consejo) y los funcionarios, que habría utilizado en procedimientos derivados de la amortización y despido de la gerente, que han sido considerados ilegales en sede judicial.
El representante legal de la trabajadora, el abogado Sergio Clavero Miguel, afirma que esta es la primera medida a adoptar ante la gravedad de los hechos: “La representación más gráfica de lo que significa este poder y sus competencias delegadas en un particular, es que si esto se pudiera hacer legalmente, el pleno de un ayuntamiento y su alcalde en lugar de reunirse, tomar acuerdos, y dar cuenta de las actuaciones del Ayuntamiento en sesiones públicas al Pleno y a los ciudadanos, se podrían estar en su casa toda la legislatura, dejando que un particular adoptara los acuerdos por ellos y los ejecutara. No harían falta acuerdos de Pleno, ni resoluciones de Alcaldía. Es un completo despropósito, y una vulneración frontal de la normativa de régimen local”.
Todavía resulta más grave para Clavero que estos hechos implican eludir el control y asesoramiento legal preceptivo que debe ser ejercido por funcionario de la entidad local. “Claro, esto sería comodísimo. Se evita absolutamente que el Secretario-Interventor pueda formular cualquier reparo legal o económico a las actuaciones del apoderado, de las que puede incluso no tener conocimiento, puesto que las notificaciones en lugar de pasar por el Registro de la Comarca como es preceptivo, le llegarían directamente al domicilio particular del apoderado. La Comarca de Sobrarbe podría evitarse situaciones como las que han llevado a su Presidente y Vicepresidenta a estar investigados en las Diligencias penales abiertas por el Juzgado de Boltaña, por promover y adoptar un acuerdo a sabiendas de su ilegalidad, puesto que la misma había sido advertida por el Secretario-Interventor”.
Tras conocer la primera actuación de la Delegación de Gobierno a la que precisamente se había dirigido tal y como informó EL DIARIO DE HUESCA el 26 de octubre, el letrado ha remitido a esta institución las pruebas de la utilización del apoderamiento objeto de la reclamación, indicándole que no sólo procede la revocación del mismo, sino también de todas las actuaciones en las que haya sido utilizado, y que resultarían igualmente ilegales.
Concretamente, le ha remitido la información sobre la intervención del apoderado de la Comarca de Sobrarbe en el expediente sancionador por acoso laboral a la trabajadora, en el cuál figuran actuaciones elaboradas, suscritas y presentadas por el apoderado al margen de todo órgano comarcal y de todo asesoramiento legal preceptivo de funcionario, teniendo por ejemplo como consecuencia la inclusión de contenidos que serían calumniosos contra la funcionaria del Ministerio de Trabajo y Economía Social que levantó el acta de infracción por acoso laboral, y contra la empleada pública acosada. Se vierten acusaciones como la falta de objetividad de la inspectora, y de una relación de amistad que es inexistente.
Otra vertiente de este apoderamiento y sus actuaciones es la económica, ya que "la Comarca de Sobrarbe habría incurrido en unos gastos por la contratación del apoderado, para realizar actuaciones reservadas a funcionarios y órganos comarcales que ya están percibiendo unos salarios y retribuciones públicas por estos cometidos. El presidente y la vicepresidenta, recuerda el abogado, tienen asignados respectivamente 40.000 y 24.000 euros al año por una dedicación parcial al ejercicio de sus atribuciones en la Comarca. “Se habrían abonado con cargo a dinero público, del presupuesto de la Comarca, los honorarios de una persona por realizar unas actuaciones que legalmente corresponden a órganos y funcionarios que ya tienen una asignación económica para estos trabajos”.
“Ahora sólo cabe que la Delegación del Gobierno solicite a la Comarca el detalle de todas las actuaciones en las que se ha utilizado este poder para revocarlas, incluyendo el control y responsabilidades económicas y contables que procedan, habiéndosele solicitado que informe también de las actuaciones al Ministerio Fiscal”.
Para el representante de la empleada, “es de suponer que el Gobierno de Aragón tomará próximamente cartas en el asunto, pues es conocedor de los hechos y tiene igualmente la competencia en el control de la legalidad de los acuerdos de la Administración Local”
La amortización del puesto de gerente de la Comarca y del Geoparque Mundial de la UNESCO de Sobrarbe-Pirineos, iniciada con advertencia de ilegalidad por parte del secretario de la Comarca y culminada con un despido calificado como improcedente por inexistencia de causas legales, por lo que fue condenada la Comarca, continúa produciendo movimientos legales y administrativos-
La amortización del puesto se produjo “mientras la trabajadora se encontraba de baja por accidente de trabajo reconocido por el INSS, tras un proceso de acoso laboral certificado por Acta de Inspección de Trabajo, incluyendo la vulneración de sus derechos a la intimidad y protección de datos personales objeto de expediente sancionador a la Comarca por parte de la Agencia Española de Protección de Datos”.
Tal y como señaló este diario el 26 de octubre en exclusiva -no por falta de notificación al resto de medios de Aragón, que decidieron no hacerse eco-, la representación legal de esta empleada pública había solicitado la intervención de la Administración General del Estado y de la Administración Autonómica, exigiéndoles el ejercicio de sus competencias en cuanto al control de la legalidad de los actos de la Administración Local, en este caso, los de la Comarca de Sobrarbe, cuya ilegalidad estaba ya acreditada por sentencia firme y varios procedimientos administrativos.