El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha clarificado la postura de esta institución de renuncia al proyecto de unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya. Con el estado de la tramitación, “no se puede hacer”, ha dicho. Ha aludido a la responsabilidad que pesa sobre esta institución y ha planteado que el proyecto puede ser asumido por la Comunidad Autónoma, con más medios para llevar adelante la tramitación.
En este sentido ha remitido una carta al Gobierno de Aragón, para que lo trasladara al Gobierno de España, a la Unión Europea y al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. En ella le indica al presidente aragonés: “Ya que es a esta corporación y a mí personalmente a quienes se los atribuye la competencia y responsabilidad en esta cuestión, te transmito que nuestra posición es clara: esta Diputación no puede acometer este proyecto en tiempo y forma”. Además, insta a que los fondos “sean redistribuidos en la próxima Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y las comunidades autónomas a otros planes de turismo sostenible que se hubieran presentado en dicha convocatoria, de modo que no corra peligro el objetivo marcado”. Agrega que todo ello se hace “sin perjuicio de proseguir con las actuaciones administrativas necesarias para conseguir la unión de estaciones”.
Miguel Gracia, considera, en este sentido, que Aragón requiere de un proceso participativo para definir el modelo del sector de la nieve y las estaciones.
Gracia ha puesto sobre la mesa la situación en estos momentos, en la que destaca que “no hay declaración de impacto ambiental”, y que ha sabido recientemente que hay en este espacio una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), que desconocían.
Además, “que tengamos constancia, no hay inicio del Piga. Tampoco se cuenta con disponibilidad de suelos", dado que el Ayuntamiento de Jaca acordó en pleno paralizar todas las actuaciones relativas a este proyecto hasta no contar un debate sobre el sector de la nieve.
También considera Gracia que “no es creíble el cronograma, que en principio era de 12 meses, después de 8 y ahora se nos está diciendo -ha señalado. que en 6 meses se puede hacer todo esto, cuando los procedimientos normales son como mínimo de 9 meses, pero suelen ser de 12, de 18 meses o de 2 años. En Castanesa fueron cerca de tres años”, ha recordado.
La DPH tampoco tiene “constancia ni conocimiento de conocimiento de los informes jurídico y económico que sustentan el convenio”. Ni puede la Diputación gestionar el transporte por cable sin cambios legislativos. “Pero el Parlamento está en funciones y pasarán dos o tres meses como mínimo hasta que se pueda constituir”.
Finalmente, “no tenemos el convenio económico, compromiso que también se ha adquirido de palabra con la comunidad autónoma, donde preservemos lo que sería el quebranto económico de la propia institución provincial. Esta corporación no puede sustentar ni los 26 millones, ni los 38 que son ahora y, con obras de este tipo, no sabemos dónde acabará”.
En la carta a Lambán y a la Comisión Europea, Gracia expone que hay una nueva les (en vigor el 17 de mayo) de contratación aragonesa, que establece un sistema de contratación conjunta ente dos o más entes del sector público, en virtud del cual se confía a uno de ellos la gestión del procedimiento de contratación o alguna fase del mismo, en nombre del resto, cuando existan intereses y necesidades comunes, siendo la responsabilidad conjunta, salvo que se pacte lo contrario. Es necesario formalizar un acuerdo de contratación conjunta que recoja el reparto de competencias. “Si la comunidad autónoma tiene tan claro los cronogramas y las fechas del Piga y la declaración ambiental, durante esos meses podemos establecer un convenio conjunto donde sean ellos quienes asuman el liderazgo de la obra, lo cual nos acortaría muchos plazos y tramitaciones en una administración superior que tiene mas técnicos, que es la misma que legisla. Por nosotros ningún problema”.
"Renunciar a 26 millones nunca es fácil", por eso Gracia ha planteado que no debe perderse esa financiación. “Me he atrevido con una tranquilidad absoluta y la conciencia muy tranquila a decir que hay que redistribuir este dinero, como así lo plantearon también ya algunas comarcas. A mí no me corresponde, yo puedo pedirlo, pero a la vista de que habíamos lanzado ya diversas voces de alarma hace días en reuniones y sendos escritos y como parece que no se acababa de entender el mensaje, lo he querido clarificar. Duele renunciar a esta parte económica, pero dolería mucho más si se perdieran para Aragón estas inversiones.
Entiende que se estaría a tiempo, porque la unión por Canal Roya tiene “un componente ambiental y social tremendo, que es lo que lo cuestiona los tiempos”, lo que no ocurre con proyectos de las comarcas, con planes de tramitación más sencillas”.
Miguel Gracia ha señalado que asume su responsabilidad, "que es gestionar esta Dipitación Provincial". "Y tengo cosas claras, la primera, a sabiendas, no incumplir la ley. Tendría que hacerlo contra informes de los propios técnicos de la DPH; y aún cumpliendo la ley, no llevaré a la DPH a un quebranto económico sin unas garantías. Esta no es nuestra competencia, es una actividad económica que se nos ha pedido que prestemos, y nosotros encantados si todo el mundo hubíeramos hecho lo que yo considero el trabajo correspondiente, pero no es nuestra competencia", ha insistido.
Ante otros proyectos que puedan surgir, Gracia ha indicado que si vuelve a tener responsabilidad en la DPH o a quien la asuma, "si se habla de estas cuestiones el día de mañana -ha señalado- le diría que no fuera ni promotor ni instrumento".