La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca "estima oportuna su ordenación desde el Juzgado" de la averiguación del destino de las cantidades abonadas por las acusaciones en el Caso Garajes a RPV, el administrador único de Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara S.L., atendiendo de este modo los dos recursos de reforma interpuestos por los abogados Jorge Piedrafita y Arantxa Guarga contra el auto de fecha 31 de julio de 2025 que fueron rechazados por el Juzgado en providencia de 20 de agosto.
Se adhiere así a la consideración de los dos letrados de que resulta imprescindible para el esclarecimiento de los hechos y para una evolución procesal con garantías para quienes han perdido esos ochocientos mil euros, a través de la investigación de la ruta del dinero desembolsado a la aludida compañía con los recursos policiales necesarios. El asunto queda ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 5, aunque la postura de la Fiscalía tiene su importancia.
No entiende preciso la fiscal Victoria Arenere Mendoza el testimonio de los antecedentes procesales previos, "sin perjuicio de lo que más adelante se pueda acordar".
Las Diligencias Previas que se emitirán con fecha de 15 de octubre para resolver el recurso según la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyen varias piezas después de la lista de denunciantes y querellantes (un total de 28), con la Policía Nacional como interviniente y RPV como denunciado.
En primer lugar, la impugnación de reforma contra el auto y la adhesión al recurso de reforma y subsidiario de apelación, donde se estima que el auto "genera riesgo de impunidad y desprotección de las víctimas", que recuerda la especial gravedad que contempla el Supremo en una sentencia de 2022 para adoptar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos sin poder esgrimir interpretación formalista alguna. Se refiere a las más de 25 familias afectadas, la cuantía superior a 800.000 euros y el delito de estafa agravada que se solicita y que fue tipificado tras la vista oral de mayo.
LA DEFENSA PIDE LA DESESTIMACIÓN
El abogado de RPV, Javier Domínguez, ha pedido que se impugne el recurso de reforma y subsidiario de apelación, y se dicte resolución desestimatoria, al citar los artículos 299 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por los que "corresponde al Juzgado de Instrucción la valoración sobre la pertinencia y necesidad de las diligencias interesadas, evitando aquellas que resulten superfluas o redundantes".
En su argumentación, la defensa afirma que las diligencias interesadas no guardan relación con la delimitación en la falta de propiedad del inmueble. Entiende que implican "una clara investigación prospectiva del investigado, pues expresamente se indica que se interesan para averiguar la eventual comisión de otros posibles delitos (es decir, "para ver si se encuentra algo" o fishing expedition), que como sabemos es una práctica proscrita en nuestro ordenamiento".
Asegura el letrado que "los denunciantes tienen perfecto conocimiento de que el dinero se destinó a la transformación del local en garajes y trasteros, extremo que se corrobora por las informaciones aparecidas en prensa, en las que se indica que ya figuran como propietarios de los garajes. A pesar de esta circunstancia, conocida por todos desde el inicio, se genera la impresión de que el dinero se ha esfumado".
Acompaña esta apreciación como documentación la noticia publicada en EL DIARIO DE HUESCA el 19 de agosto sobre la adquisición del garaje por 23 personas, ya propietarias después de abonar una cantidad a Beltrán Álvarez que se añade en el precio final de garajes y trasteros a lo ya pagado a Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara.
Concluye Domínguez sobre el contenido del contrato de opción de compra cuyo conocimiento demandan los dos letrados recurrentes, que "en las presentes actuaciones está personada como denunciante la mercantil Beltrán Álvarez Inmobiliaria, SL, con quien se suscribió el referido contrato, de forma que puede ser aportado por dicha parte".
Similar argumentación emplea contra el recurso de las acusaciones representadas por el letrado Piedrafita, ante el que añade que "en cuanto a la diligencia consistente en acceder a las propiedades y cuentas anuales, además de lo ya señalado sobre el objeto de la instrucción, cabe añadir que se trata de información pública y accesible en los correspondientes registros públicos, de forma que puede ser aportado por dicha parte".
OTRA ABOGADA EN LA MISMA ORIENTACIÓN RECURRENTE
Otra parte de las diligencias consisten en la solicitud al Juzgado de una nueva abogada concurrente en representación de una acusación, Elena Carnicer, que se admita la adhesión de Reforma y Subsidiario de Apelación contra el auto de 31 de julio, y que acuerde "la práctica de las diligencias de prueba solicitadas en el escrito de2 de julio de 2025 o, en su defecto, tener por interpuesto el subsidiario de apelación y elevar las actuaciones a la Audiencia Provincial de Huesca para su resolución".
La Diligencia de Ordenación firmada por el Letrado de la Administración de Justicia ya da por presentados los documentos de los recursos de los distintos abogados incorporados a la causa, por lo que da cuenta al Magistrado-Juez, a los efectos de resolución. La fiscal, en este sentido, ya se ha pronunciado.