Veintitrés afectados por el Caso Garajes, que privó desde el mes de marzo de la seguridad jurídica a veintiséis oscenses perjudicados por la acción de Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara administrado por RPV, ya tienen las escrituras de propiedad de las plazas en la calle Joaquín Costa de Huesca tras alcanzar un acuerdo con Beltrán Álvarez Inmobiliaria
El asunto fue destapado por EL DIARIO DE HUESCA el 19 de marzo tras anunciar que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca había fallado desahuciar a la mercantil Desarrollo Inmobiliario Sierra Guara S.L., sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Huesca el 11 de febrero, por carecer "de ningún derecho respecto del local ubicado en la calle Joaquín Costa, número 26 de Huesca", lo que afectaba a los propietarios de 26 plazas de garaje y otros tantos trasteros cuyo montante global podría superar los ochocientos mil euros.
Un largo proceso ha conducido hasta la actual situación después de las denuncias de los 26 perjudicados, la larga demora del actor de este asunto en desembolsar una cantidad que nunca llegó para solventar el asunto con Beltrán Álvarez, propietario por pronunciamiento judicial del inmueble, la advertencia de este último de que entregaran las llaves el 1 de abril y el encausamiento de RPV en un auto de la jueza del número 4 que explicitaba el delito de estafa agravada, aunque fallaba en el auto tras la vista oral con el investigado la libertad provisional con cargos. Para entender la dimensión del asunto, la Policía Nacional calificó el caso como la mayor macroestafa en años.
Beltrán Álvarez, que desde los orígenes del proceso aseguró que su preocupación era llegar a un acuerdo razonable con los afectados sin perjuicio de sus intereses, comenzó a negociar con los representados por la letrada Arantxa Guarga hace semanas y días antes de San Lorenzo se dio luz verde a la compra de los 23 usuarios que ahora ya son propietarios. Algunos de ellos explican que ha sido un buen pacto y, aunque fluctúan las situaciones, para hacerse a la idea los que aportaron 20.000 euros a RPV han tenido que abonar otros diez mil, después de alcanzar un punto asimilable desde posturas en principio alejadas.
No se han sumado al acuerdo los dos representados por el abogado Jorge Piedrafita Puig, que entienden que han de salir del proceso judicial las cantidades de los tres garajes que abonaron a RPV (uno de ellos adquirió dos) y que, como asegura el jurista, quieren que sean los tribunales los que hagan justicia.
El último de los afectados está representado por la letrada Estela Marcuello.
Los 26 perjudicados siguen pendientes de la resolución sobre el Juzgado que instruirá el caso, que el magistrado determinó que fuera el 4 trasladable al 5 por distintos argumentos jurídicos, el principal que era el que estaba de guardia cuando se suscribió el primer contrato para la adquisición de garajes, en octubre de 2022.
Jorge Piedrafita Puig sigue en su aspiración como acusación en nombre de sus representados de que RPV ingrese en prisión con fianza con objeto de intentar resarcir a los perjudicados, además de que la Policía Judicial rastree el rumbo de los ochocientos mil euros aproximadamente que cobró a los 26 afectados.