La huelga educativa convocada este miércoles, 14 de octubre, en Huesca y su provincia ha registrado un seguimiento del 30,27 %, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón una vez acumulados y consolidados los resultados de los turnos de mañana y tarde. El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha comunicado esta cifra global tras una jornada de protesta contra el funcionamiento de la Inspección Educativa oscense.
La convocatoria estuvo respaldada por CSIF, CGT, HUSTE-STEA, CCOO, UGT y ANPE, que reclamaron cambios en la actuación inspectora, garantías para el profesorado y el fin de unas prácticas que consideran excesivamente burocráticas y de carácter sancionador.
La jornada incluyó una concentración a las 12.00 horas en la plaza de Cervantes, que se llenó de docentes, estudiantes, familias y vecinos, y una manifestación por la tarde, con salida a las 18.00 horas desde la plaza de Santo Domingo. Cerca de 2.000 personas participaron en esta última movilización, en la que se escucharon consignas como "Polo se va, Pichi se queda", "Más pedagogía, menos burocracia" y "No a las sanciones injustas".
Entre las principales reivindicaciones sindicales figuraron el relevo de la Jefatura de Inspección de Huesca, la revisión externa e independiente de las sanciones, la unificación de criterios inspectores en las tres provincias aragonesas y la eliminación de los denominados "mínimos imprescindibles". Las organizaciones defendieron una Inspección centrada en el asesoramiento, la prevención y el acompañamiento pedagógico, así como la protección de la libertad sindical y de la autonomía profesional de los docentes.
SERVICIOS MÍNIMOS
En su comunicación, el Gobierno de Aragón también ha informado de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por Comisiones Obreras contra la orden autonómica que estableció los servicios mínimos para la huelga del 7 de mayo de 2026 en el primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años, en Aragón.
La Sala considera que la orden impugnada estaba debidamente justificada, detallaba las ratios de alumnado y establecía el personal imprescindible sin obstaculizar el derecho de huelga. Por ello, ratifica los servicios mínimos fijados e impone a las organizaciones recurrentes el pago de las costas procesales.