La magistrado-juez del Tribunal de Instancia de Huesca Plaza número 5, Alicia Bustillo Lobo, ha convocado juicio oral contra F.J.A.M por unos hechos que el Ministerio Fiscal califica de delitos continuados de falsedad en documento oficial y mercantil, y otro de estafa agravada, por los que reclama cuatro años por cada uno de ellos, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y pena de doce meses de multa a razón de diez euros diarios. El imputado incidió en estos hechos en Gurrea de Gállego y su entorno como en su tiempo informó EL DIARIO DE HUESCA.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía propone que abone a las presuntas víctimas cantidades correspondientes a las devoluciones del IRPF (2.400), regularización de la seguridad Social (7.181,39), falsificación de firma (550) y cantidades reclamadas a la Seguridad social (15.861,56 euros).
La acusación particular de los afectados, representada por el bufete de abogados Calvo Fuertes-Sáez-Benito Ferrer, solicita imponer al acusado una pena de tres años de prisión por tres delitos de apropiación indebida y otros tantos de estafa agravada. Reclama en materia de responsabilidad civil otras cantidades para una de las perjudicadas: 5.061 por importe extraído simulando cargos de cuotas en la Seguridad Social, 2.820 por simulación de pagos a la Agencia Tributaria, 3.740 por simulación de extracciones en efectivo, 15.000 como valoración de pérdidas en derechos sociales al no haber cotizado por la acción del exagente una de las víctimas durante cinco años y 3.000 por daños morales. En total, 29.622 euros.
Para otra de las víctimas, 4.400 euros en concepto de devoluciones de IRPF desviadas por el acusado a su cuenta bancaria particular y de daños morales.
Un tercero habría de ser resarcido, reclama la acusación particular, con 45.039,55 euros, por lo extraído como simulación de cuotas en la Seguridad social (5.277,06), sanción por la inspección de la Seguridad Social (19.762,49), pérdidas de derechos sociales (15.000) y daños morales (5.000).
EL SANTANDER, RESPONSABLE CIVIL SOLIDARIO
También se juzgará el hecho de que el Banco Santander sea responsable civil solidario de la suma de las cantidades anteriores al haber actuado el exagente en su nombre.
La magistrada-juez acuerda la apertura de juicio oral contra F.J.A.M. y se requiere de forma solidaria al acusado y al Banco Santander SA para que preste fianza de 90.000 euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele, "con apercibimiento de que, de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
Acuerda declarada como órgano competente la Audiencia Provincial de Huesca.
ABUSO DE CONFIANZA
El acusado fue detenido por la Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil después de varias denuncias, en septiembre de 2022.
El investigado se amparaba en la confianza generada, tanto por ser vecino del pueblo como por su condición de Agente del Santander en Gurrea de Gállego desde 2007, para presuntamente extraer cantidades de efectivo periódicamente de las cuentas de sus clientes al falsificar sus firmas con la excusa de simular destinarlas al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social de los clientes, a los que previamente, les había ofrecido gestionarles sus obligaciones tributarias en atención a ser clientes de la entidad bancaria.
Al apropiarse el agente de esas cantidades y no ingresarlas en las administraciones publicas tributarias, dejaba en situación irregular fiscal a los clientes del Santander, sin que al parecer el Banco detectara estos movimientos fraudulentos en las auditorías internas que realizaba periódicamente en la sucursal bancaria de Gurrea.
Se han denunciado además otras extracciones de efectivo en operaciones crediticias por importes no solicitados en préstamos de la PAC de clientes agricultores, y otras sin justificación alguna, en las que también se falsificaba la firma de los autorizantes aprovechándose de que los clientes de edad avanzada no usaban la cartilla del banco con regularidad por lo que no podían comprobar las extracciones fraudulentas.
A la pérdida denunciada del dinero apropiado, se añade la situación fiscal irregular en la que quedaban algunos de los clientes del Banco Santander estafados, los cuales pensaban que estaban al corriente de sus obligaciones tributarias y laborales, y que les ha expuesto en algunos casos a fuertes sanciones de la Seguridad Social por la ausencia del abono de sus cotizaciones de varios años.