Tras menos de una hora de vista en el Juzgado de Instrucción número 4 y una larga espera de más de dos horas, la jueza Laura Marín ha decretado la libertad provisional con cargos para RVP, el administrador único de Desarrollo Inmobiliario Sierra de Guara que vendió casi una treintena de garajes y decenas de trasteros que, según falló la Audiencia Provincial el 11 de febrero ratificando la sentencia del Juzgado de Instrucción de septiembre pasado, no eran de su propiedad. El empresario ha pasado de la condición de denunciado a la de investigado, con la pertinente retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer en sede judicial cada quince días.
La vista en el número 4 ha escuchado la versión de RVP, que tan sólo ha respondido a las preguntas de la jueza, del fiscal Galindo y de su propio abogado, Javier Domínguez, negándose a contestar a las efectuadas por los tres letrados de la acusación, Arantxa Guarga, Jorge Piedrafita y Estela Marcuello, representantes de los 26 denunciantes.
Los tres juristas han coincidido en solicitar la prisión provisional bajo fianza de 800.000 euros para RVP fundamentados en el riesgo de fuga "al carecer de patrimonio y por la alarma social", además de la posibilidad de ocultación.
Dos horas largas después, y a la espera de conocer el documento de la juez, Arantxa Guarga, que representa a 23 de los afectados por la actividad en los garajes y trasteros de Joaquín Costa 26, ha explicado a EL DIARIO DE HUESCA su insatisfacción con la determinación de Laura Marín, dentro del respeto a su acción, aunque aprecia los avances ya con este paso judicial, y es que "ha pasado de detenido a investigado y ahora comienza un proceso para esclarecer las circunstancias".
Su acusación se dirigirá tanto a la averiguación patrimonial como a la petición de que la jueza ordene a la Policía la investigación sobre el rastro del dinero aportado por sus defendidos, un total de "650.000 euros" a los que se suman los de los otros perjudicados.
Entiende Arantxa Guarga que los cargos que ha incorporado a su auto Laura Marín son los de "estafa y, más en concreto, agravada, que es cuando el importe supera los cincuenta mil euros". Considera fundamental la abogada que la Policía Judicial arroje luz tras el atestado que ha concluido en la detención de RVP sobre las circunstancias que agravaron la acción de éste. Argumenta "abuso de confianza para cobrarles a los afectados el importe íntegro más el IVA" por parte del actor, "que firmaba sólo contratos privados con compromiso de escriturar en breve plazo de tiempo, y lo hacía sobre unos locales que no eran de propiedad suya. Esto es, firmaban los contratos con alguien que no era propietario".
El abogado Jorge Piedrafita, que a sus dos defendidos suma una querella que presentó contra RVP por obstrucción de la amenazas y coacciones, ha explicado a EL DIARIO DE HUESCA su disconformidad con el auto de la jueza porque entiende que existe "riesgo real de fuga" y además confía en que al cargo de estafa se unan los de apropiación indebida y administración desleal. En todo caso, va a estudiar las opciones y probablemente lo recurrirá con la solicitud de prisión provisional con fianza de 800.000 euros.