Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves, con 36 votos a favor y 26 en contra, la moción presentada por Vox para instar al Gobierno autonómico a cesar al jefe de la Inspección Educativa de Huesca y a la directora del Servicio Provincial de Educación, respaldando así la petición expresada por la Junta de Personal Docente de la provincia.
Vox, a través de su diputado Fermín Civiac, explicó que la moción traslada exactamente la demanda realizada por la Junta de Personal Docente, que pidió el cese de ambos responsables. Indicó que incluso “a lo mejor ya no hace falta la moción” porque “la directora del servicio provincial ya dimite por sí misma, porque debe de ser la que más harta está de su jefe de la inspección”.
Civiac defendió que la petición no nace de su grupo, sino de la representación del profesorado, y planteó que el problema se debe a una actuación que la Junta de Personal describe como “gestión autoritaria”, “control burocrático excesivo” y una “interpretación personal de la normativa” por parte del inspector jefe, que “la impone al resto del equipo de inspectores, y estos a su vez a los centros educativos”.
Señaló que esta práctica “menoscaba la autonomía que la ley le reconoce a los centros, a los equipos directivos, a los departamentos didácticos, al claustro y, en definitiva, a los profesores”.
Añadió que el inspector está anteponiendo “los registros administrativos, el papeleo” a la enseñanza y la pedagogía, y que algunas interpretaciones son “personales” y en otras “caprichosas”.
Según sostuvo, esto se traduce en intervenciones que obligan a los departamentos “a cambiar sus programaciones didácticas”, a pesar de tratarse de documentos centrales para el trabajo docente, con el fin de adaptarlos a interpretaciones particulares.
Todo ello, afirmó, “en nada contribuye al buen funcionamiento de un centro educativo” y genera “un clima de inseguridad, de ansiedad, de tensión, de miedo entre los docentes”.
Se refirió también a la denuncia difundida por CSIF acerca de la situación en el IES Ramón y Cajal, del que dijo que “parece que es la zona cero de la actuación del jefe de la inspección”.
Añadió que la percepción general es que “no se está actuando en ese instituto guiada por criterios profesionales, sino tan solo por unos criterios de vendetta personal”.
Para Civiac, la educación pública “no puede funcionar si quienes deben de apoyarla y sostenerla se convierten en un obstáculo”. Recordó que “la inspección tiene que ser un servicio, no una carga”, y que debe garantizar el cumplimiento de la normativa “no sembrar miedo, incertidumbre, inseguridad, ansiedad”.
Explicó que tanto en Huesca como en otras provincias los docentes llevan “años pidiendo respeto, apoyo y estabilidad”, y que el debate de esta moción se produce porque “los profesores han dicho asta ya de autoritarismo, basta ya de arbitrariedad, basta ya de coacciones”.
Civiac afirmó que apoyar la moción es apoyar “a maestros y profesores”, y que si la política sirve para algo “es para solucionar problemas, no para crear problemas donde no los hay”.
Reclamó a la Cámara “responsabilidad” y “coherencia”, porque “la única actuación posible es el cese inmediato del jefe de la inspección educativa en Huesca y de la directora del servicio provincial”.
En su explicación de voto, tras aprobarse la moción, agradeció el respaldo de todas las fuerzas salvo el Partido Popular y su socio y afirmó: “Cuando estamos de acuerdo fuerzas políticas tan dispares y que no estamos de acuerdo nunca en nada, es que algo pasa”.
Reprochó al Partido Popular las insinuaciones sobre intereses personales y negó categóricamente tener relación con el inspector jefe: “Jamás he hablado con Don Iñaki, jamás más allá del saludo y jamás me ha inspeccionado”.
Añadió que quien debe explicar intereses personales “es el Gobierno del PP”, porque “algún interés personal tiene que haber para que la señora Hernández le proteja en contra de la Junta de Personal, de las Cortes y de sus profesores del PP, que también son perjudicados por su inspector”.
Concluyó animando de nuevo al Gobierno a acudir a los centros y “meterse en la sala de profesores y preguntarles de verdad”.
"UNA PINZA"
El Partido Popular rechazó la moción defendida por Vox al considerar que las Cortes de Aragón no deben arrogarse la capacidad de cesar a un funcionario, una responsabilidad que, según sostuvo su portavoz, corresponde en exclusiva al Departamento de Educación, que es quien debe analizar los hechos y actuar conforme a criterios técnicos.
La diputada popular defendió que la inspección educativa realiza su labor “conforme a normas y a criterios técnicos”, y que en ningún caso puede pedirse a un inspector que deje de cumplir estrictamente la ley.
El PP planteó que la situación no debe interpretarse como una cuestión de animadversiones personales, sino como un problema derivado de la sobrecarga burocrática, ámbito en el que el Departamento está trabajando mediante un plan específico.
Defendió que los inspectores tienen la función de acompañar a centros y equipos directivos en la mejora de la calidad educativa y que cualquier eventual decisión sobre ceses debe basarse en una visión estratégica de los objetivos del Departamento, no en tensiones puntuales ni en conflictos personales.
Durante la explicación de voto, la portavoz popular sostuvo que el Departamento de Educación ha actuado con rigor, que las encuestas realizadas a los equipos directivos fueron “anónimas” y que su análisis no constató discrepancias significativas entre provincias, algo que, subrayó, no gusta a Vox pero respalda la actuación de la inspección.
La diputada sugirió además que la coincidencia entre PSOE y Vox en esta votación obedece a una “pinza”, y reiteró que el Gobierno autonómico adoptará las decisiones oportunas cuando disponga de toda la información, sin dejarse llevar por presiones parlamentarias.
"REVISAR LAS ACTUACIONES"
El PSOE apoyó la moción presentada por Vox y defendió una enmienda de adición para completar su alcance, al considerar necesario no solo promover el cese del inspector jefe y de la directora provincial, sino también revisar todas las actuaciones realizadas durante su gestión.
El portavoz socialista, Álvaro Burrell, recordó que las Cortes llevan trece meses abordando este asunto sin que el Departamento de Educación haya adoptado medidas claras, lo que, a su juicio, ha dejado a docentes y equipos directivos en una situación de “abandono” y sin una respuesta administrativa que ponga fin a la presión que aseguran estar sufriendo.
Tras la votación, el PSOE agradeció la aceptación de su enmienda y defendió que esta iniciativa no responde a ninguna coincidencia política excepcional, sino al “sentido común” y a la necesidad de reparar el daño causado en la provincia de Huesca.
Señaló que los docentes y equipos directivos deben poder trabajar sin sentirse acosados y añadió que, si se considera que hay una “pinza” entre partidos en esta votación, también la habría entre sindicatos como CGT y CSIF que han expresado críticas hacia la inspección.
OTROS GRUPOS
El Partido Aragonés (PAR) votó en contra al considerar que las Cortes no deben pedir el cese de un funcionario, tarea que corresponde a la Consejería, y expresó dudas sobre las motivaciones de Vox, sugiriendo que podría existir un trasfondo personal o profesional en el conflicto al tratarse de un asunto ligado a Huesca y a un entorno que el propio Civiac conoce directamente.
Izquierda Unida (IU) anunció su voto favorable al considerar “inadmisible” la falta de actuación del Departamento de Educación pese a las denuncias de la comunidad docente, recordó que hace meses se aprobó una propuesta y que el Gobierno aseguró haber completado entrevistas sin presentar conclusiones, y afirmó que esta situación demuestra la forma en que la Consejería está gestionando el problema.
Podemos votó a favor y recordó que ha pedido en numerosas ocasiones la dimisión del inspector jefe, criticó la falta de transparencia del Departamento por no presentar el expediente anunciado y sostuvo que si no se ha mostrado información a las Cortes es porque “el inspector habrá hecho las cosas mal”, reprochando que se siga permitiendo un comportamiento denunciado por el profesorado desde hace años.
Aragón–Teruel Existe (ATE) apoyó la moción y subrayó que, pese a una iniciativa aprobada en marzo de 2025 y a una interpelación posterior, la situación sigue sin resolverse; recordó el origen del conflicto en el IES Ramón y Cajal, donde no existían irregularidades en los criterios de evaluación, y advirtió de que el profesorado continúa viviendo con ansiedad y presión, reclamando explicaciones tanto a la dirección provincial como a la Consejería.
Chunta Aragonesista (CHA) respaldó la moción y expresó su apoyo al profesorado sometido, según dijo, a presión creciente, sobrecarga burocrática y falta de respaldo institucional; afirmó que en Huesca se ha consolidado una deriva de arbitrariedad en la inspección, con decisiones discrecionales que afectan al bienestar docente y a la calidad educativa, y reclamó una transformación hacia un modelo de inspección más pedagógico y de acompañamiento.