CGT, CCOO, HUSTE, UGT y ANPE han llevado a cabo este martes la segunda jornada de concentraciones en colegios e institutos de Huesca y la provincia para mostrar su rechazo a la concertación de nuevas etapas educativas, en concreto Bachillerato, aulas de 0 a 3 años y Formación Profesional, en centros privados.
Bajo el lema “Dinero público para la educación pública”, los sindicatos han criticado la decisión del Gobierno de Aragón, que la pasada semana anunció una inversión de 7 millones de euros para la implantación del Bachillerato concertado el próximo curso, cifra que se duplicará hasta 14 millones en el siguiente.
En un manifiesto conjunto, las organizaciones sindicales expresan su “profundo malestar” por lo que consideran un agravio hacia la enseñanza pública. “Durante años, ante demandas para mejorar la calidad educativa -ratios más bajas, más profesorado, auxiliares de educación especial o mejoras en infraestructuras- la respuesta siempre ha sido la misma: no hay dinero. ¿Y ahora sí lo hay para financiar conciertos?”, denuncian.
Los sindicatos subrayan que no existe un problema real de falta de plazas públicas en Bachillerato, y que muchos institutos aragoneses disponen de vacantes suficientes para atender la demanda. “No se puede justificar el uso de fondos públicos para financiar centros concertados cuando la red pública tiene capacidad y sufre un déficit de inversión”, apuntan.
Según el manifiesto, la concertación de estas etapas educativas “supondrá desviar recursos” que deberían destinarse a mejorar las condiciones de la enseñanza pública, como la reducción de ratios, la mejora de infraestructuras o la contratación de más personal docente. Los sindicatos también advierten de un “grave perjuicio” para el profesorado, al prever recortes de vacantes, cierres de aulas y desplazamientos forzosos.
Las organizaciones convocantes exigen al Gobierno de Aragón la retirada inmediata de los nuevos conciertos y la apertura de “un proceso de diálogo real para abordar las necesidades del sistema educativo desde una perspectiva democrática, inclusiva y cohesionadora”. “Defender la enseñanza pública es una obligación ética y constitucional”, concluye el manifiesto.