Las organizaciones sindicales de la enseñanza pública en Huesca CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE han convocado una jornada de huelga educativa para el próximo miércoles 14 de octubre, una decisión que llega después de dos años de denuncias, resoluciones de la Junta de Personal, concentraciones y movilizaciones en torno a la actuación de la Inspección Educativa. Los sindicatos reclaman la unificación de los criterios técnicos en las tres provincias aragonesas, una revisión externa de las sanciones impuestas a docentes durante los últimos cursos y el cese del Jefe de la Inspección Educativa provincial.
La convocatoria se produce, según han expuesto las seis organizaciones, después de que las iniciativas desarrolladas durante estos dos años no hayan obtenido una respuesta colectiva que permita resolver el conflicto. Los sindicatos consideran que la situación en la provincia se ha agravado y han trasladado a los medios que el paro constituye el siguiente paso de un proceso de movilización en el que, sostienen, se han empleado ya distintas vías de interlocución. "La falta de voluntad para abordar esta situación ha llevado a las organizaciones sindicales a considerar que la huelga es ya la única vía que queda para exigir cambios reales".
LAS CUATRO REIVINDICACIONES
El manifiesto presentado por las organizaciones sindicales sostiene que no se trata de un problema puntual ni de una discrepancia concreta entre docentes e Inspección, sino de un modelo de actuación que, a su juicio, está generando inseguridad, presión y miedo en los centros educativos. El documento vincula esta situación con una merma de la autonomía profesional del profesorado y con el deterioro de las relaciones entre la Administración y quienes trabajan diariamente en las aulas.
La primera exigencia es la eliminación de los denominados "criterios mínimos" en todas las etapas educativas de la provincia de Huesca. Los sindicatos rechazan que se soliciten al profesorado exigencias o documentos que, según sostienen, no forman parte de la normativa vigente y que suponen una carga burocrática añadida, además de limitar la autonomía pedagógica de los centros y de sus profesionales.
La segunda reivindicación reclama la unificación de los criterios de la Inspección Educativa en las tres provincias aragonesas. Las organizaciones consideran que el profesorado debe estar sujeto a una misma interpretación de la normativa, con idénticas reglas, exigencias y procedimientos con independencia de que el centro se encuentre en Huesca, Zaragoza o Teruel.
El tercer punto plantea la revisión de las sanciones y expedientes impuestos en la provincia de Huesca. El manifiesto considera desproporcionado el volumen de procedimientos abiertos en la provincia respecto a las otras dos demarcaciones y pide revisar la situación para garantizar que los procesos disciplinarios se desarrollen con todas las garantías y con criterios de proporcionalidad. El documento añade que, ante un error, "el primer paso tiene que ser el asesoramiento por parte de la inspección y no la sanción".
La cuarta petición es el cese del Inspector Jefe de la provincia de Huesca. Los sindicatos vinculan esta demanda con los dos años de conflicto, la pérdida de confianza de una parte importante del profesorado y el cuestionamiento del actual modelo de actuación. El manifiesto reclama un cambio al frente de la Inspección que permita recuperar el diálogo, el asesoramiento y la confianza en este servicio.
El documento sitúa las consecuencias del conflicto más allá de quienes han recibido expedientes o requerimientos y señala el impacto que tiene el clima generado en los propios centros. "La situación ha llegado a un punto límite. No podemos normalizar que docentes y equipos directivos trabajen bajo la amenaza permanente de expedientes, requerimientos y sanciones".
El manifiesto añade que el problema tampoco queda circunscrito al profesorado o a los equipos directivos y advierte de sus efectos sobre el conjunto de la comunidad educativa. "Cuando un centro educativo trabaja instalado en la tensión y el miedo, las consecuencias terminan repercutiendo sobre toda la comunidad educativa, inevitablemente también sobre el alumnado".
La convocatoria se presenta así como una reivindicación vinculada al funcionamiento de la educación pública y a las condiciones en las que los profesionales desarrollan su actividad. "El 14 de octubre no se trata únicamente de defender a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Se trata de defender una educación pública en la que los profesionales puedan ejercer su labor con autonomía, seguridad y dignidad, y unos centros educativos en los que el asesoramiento y la colaboración estén por encima del miedo".
EL CONFLICTO QUE LLEVA A LA HUELGA
Después de la lectura del manifiesto, los representantes de las seis organizaciones sindicales han trasladado a los medios de comunicación sus argumentos sobre el conflicto y han vuelto a detallar algunas de las situaciones que, a su juicio, han desembocado en la convocatoria de huelga. Han incidido en que las discrepancias con la Inspección Educativa vienen de atrás y que el problema no se circunscribe al conflicto surgido en el IES Ramón y Cajal, sino que alcanza también a otros niveles educativos, incluida la enseñanza primaria.
Los sindicatos han reiterado que las vías de diálogo se han agotado después de dos años de reclamaciones, contactos, movilizaciones y resoluciones de la Junta de Personal sin que, según sostienen, se hayan producido avances suficientes para reconducir la situación.
En este contexto, han vuelto a poner el foco en el volumen de expedientes y sanciones tramitados en Huesca. Según los datos expuestos, en los últimos años se han abierto alrededor de 48 expedientes y se han impuesto unas 40 sanciones en la provincia, cifras que los sindicatos comparan con las de Zaragoza y Teruel. En términos relativos y en proporción a las plantillas, sostienen que Huesca acumula un 700 % más de expedientes que Zaragoza.
La revisión de estos procedimientos constituye, por ello, una de las principales reclamaciones. Las organizaciones han insistido en que deben analizarse todos los expedientes disciplinarios tramitados durante los dos últimos años, no solo los casos que han adquirido mayor repercusión, y han señalado que son numerosos los docentes que han recibido apercibimientos.
Los portavoces sindicales también han vuelto a referirse a los denominados "aprendizajes mínimos indispensables", una exigencia que atribuyen a la Jefatura de Inspección de Huesca y que, según aseguran, no se aplica de la misma manera en Zaragoza y Teruel. A su juicio, esta diferencia está generando una carga burocrática añadida y situaciones de inseguridad jurídica para el profesorado.
En la misma línea, han denunciado que programaciones previamente aprobadas y ya desarrolladas han sido posteriormente rechazadas, incluso después de haberse realizado las evaluaciones correspondientes, lo que habría obligado a los docentes a rehacer documentación y tareas ya ejecutadas.
Las organizaciones han cuestionado asimismo la respuesta ofrecida desde la Dirección Provincial de Educación ante las diferencias existentes entre las tres provincias. Según han explicado, ante sus reclamaciones por el volumen de expedientes, desde la Administración se habría llegado a argumentar que en Huesca la Inspección "trabajaba mejor", una explicación que los sindicatos consideran insuficiente para abordar las diferencias que vienen denunciando.
Los representantes de CSIF, CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE han aludido también al respaldo recibido este lunes en la concentración en la Plaza de Navarra. En particular, han calificado el acto de "un éxito" y de "una respuesta contundente" el apoyo expresado haciael docene afectado, en un contexto que las organizaciones vinculan con un creciente hartazgo ante la actuación de la Inspección Educativa.
El expediente de Sergio Martínez, "Pichi", secretario general de Educación de CGT en Huesca, es el "más paradigmático" dentro de la situación que denuncian, y comentan que "no están siendo momentos fáciles" para el representante afectado. De confirmar la Dirección Provincial de Educación la propuesta de sanción, se le aplicarían diez meses de empleo y sueldo, y perdería el destino en el IES Ramón y Cajal.
No obstante, las organizaciones han insistido en que el conflicto trasciende cualquier expediente individual y afecta, según su planteamiento, a un número más amplio de docentes y equipos directivos que han recibido apercibimientos o se han visto sometidos a procedimientos disciplinarios.